Un grupo de sobre 300 personas, que incluyen a cantante del grupo Cultura Profética, pide derogación de órdenes ejecutivas del Departamento de Salud y compensación monetaria por los daños sufridos.

Unas 340 personas, incluyendo menores de edad, presentaron una demanda el jueves contra el Gobernador y el Secretario de Salud con la intención de declarar inconstitucionales las órdenes del Departamento de Salud que obligan a estudiantes, maestros y personal escolar a presentar prueba de vacunación contra el COVID-19 para volver a las clases presenciales este próximo semestre.

El grupo pide también compensación monetaria para cada demandante por lo que entiende son los daños sufridos con estas órdenes. Las reclamaciones de violación a derechos civiles se basan en dos argumentos principales: que todas las órdenes ejecutivas emitidas desde el año pasado para manejar la pandemia (y las derivadas, como las órdenes 2021-508 y 2021-509) son un uso ilegal de poder por parte del Primer Ejecutivo y que se está obligando a las personas a consentir ser vacunados cuando las tres vacunas contra el coronavirus están administrándose bajo autorizaciones de emergencia del gobierno federal que, por definición, no pueden estar sujetas a obligatoriedad porque no son medicamentos con aprobación final.

Las órdenes del Departamento de Salud aplican al sistema público así como al privado. Las universidades han seguido la pauta y esta semana el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció una orden ejecutiva bajo la declaración de emergencia que hace la vacunación compulsoria para la mayoría de los empleados del gobierno y exhoró a los patronos privados a hacer lo mismo. De la misma manera, el presidente Joseph Biden anunció el jueves la vacunación compulsoria para los empleados del gobierno federal.

“Que la gente tenga paciencia. De estos asuntos tenemos que pensar que seguimos en una democracia y que los tribunales van a actuar sobre estos temas y van a proteger los derechos y las libertades que nos garantiza la Constitución”, indicó ayer el licenciado Adrián O. Díaz Díaz cuando anticipó ayer a NotiCel la presentación del recurso legal. Díaz Díaz habló en nombre de la Coalición Pro Consentimiento Informado, pero ese grupo no se menciona en la demanda.

Los demandantes son unas 340 personas, incluyendo a decenas de menores de edad que son hijos de los demandantes, entre los que figura el cantante de la banda Cultura Profética, Willy Rodríguez, quien en el pasado ha asumido posturas públicas en contra del uso de vacunas.

“[E]xigimos que se nos permita seguir disfrutando de nuestros derechos como ciudadanos, a participar libremente de los servicios y espacios intrínsecamente relacionados a nuestra vida civil, en especial, nuestros trabajos y las escuelas de nuestros niños, tomando las medidas de salud menos onerosas, sin ser coaccionados por el Estado, sin opción ni consentimiento, obligando a inyectarnos una vacuna que al momento está en estado experimental (E.U.A.), y que evidentemente está dando muchos resultados adversos y mortales que al día de hoy todavía los sistemas federales de datos disponibles (VAERS) no han de reflejar fielmente toda la cruda realidad, de los que voluntariamente decidieron ser inyectados y hoy día sufren las consecuencias de un consentimiento viciado e incompleto, o ya fallecieron sin dejar a sus familias un remedio para ajusticiarlos”, plantean los demandantes.

La reclamación legal no menciona la decisión federal del 18 de julio pasado en la que un juez avaló la exigencia de la universidad estatal de Indiana de que los estudiantes, facultad y personal estuvieran vacunados para poder asistir a las clases en el campus (que solo se estarán prestando presenciales). En cuanto al precedente que el Tribunal Supremo estableció en 1905 (Jacobson v. Massachusetts) permitiendo que un gobierno multara a los que no estuvieran vacunados contra la viruela, los demandantes en el caso de Puerto Rico sostienen que es doctrina obsoleta e inaplicable a los hechos de 2021, primordialmente porque fue una decisión emitida antes de que el gobierno federal estableciera un sistema de controles de medicamentos y porque las vacunas contra el coronavirus solo tienen autorización de emergencia, no final, bajo ese esquema regulatorio.

La decisión federal de Indiana abordó esa alegación sobre que las vacunas solo tienen Autorización de Uso de Emergencia (EUA), así como otras que presenta la demanda de Puerto Rico. En su decisión, el juez repasó el proceso que siguió la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) para permitir la administración de las vacunas bajo el proceso de EUA y concluyó que fue un proceso “más robusto que el usual… esto no fue un EUA cualquiera, fue un EUA en esteroides”, añadiendo que es razonable concluir que los beneficios de administrar las vacunas, aún bajo EUA, “empequeñecen los riesgos potenciales raros” que tengan.

La demanda plantea que el Estado está condicionando el derecho constitucional a la educación que tienen sus hijos a que se administren una vacuna cuyo uso es todavía experimental, al uso compulsorio de mascarillas y al “discrimen y campaña de odio hacia los no vacunados”. Una de las demandantes es sicológa clínica “y entiende que las órdenes para usar mascarilla en la escuela, va[n] en detrimento de la salud física y emocional de sus hijos, y las mismas crean una segregación injustificada en la población, además de ansiedad, miedo y desesperación”.

“[E]l Departamento de Salud no tiene la mínima idea de qué es la inmunidad de rebaño” afirman al apuntar a que los datos de vacunación confirman que ya hay inmunidad de rebaño porque hablan de 76.8% de la población con una dosis y 66.7% con dos. Un reclamo similar se presentó, y descartó, en la demanda de Indiana.

Argumentan también que el Gobierno de Puerto Rico ha recurrido a las medidas más onerosas para los derechos individuales, en vez de las menos onerosas, en su respuesta a la pandemia.

Se ha dejado a Puerto Rico en un estado perene de emergencia, despojando a la Rama Legislativa y a sus ciudadanos de poder atender de manera democrática los asuntos en los que incide, y dejando todo en manos de un funcionario de agencia, no-electo por la ciudadanía”, dice la demanda al añadir que “las medidas actuales son abusivas, represivas y desconsideradas con el remanente de población no-vacunada, muchos de ellos incapacitados, no aptos para asumir los riesgos severos adversos de las vacunas, de consciencia de vida sana y natural, de convicciones, principios y valores éticos, o religiosos, o que pertenecen a una población de casi cero riesgo de infección y transmisión como lo son nuestro niños.

Su perspectiva sobre las muertes que se han asociado al coronavirus es que “tanto vacunados como los que no lo están, son igualmente susceptibles a la enfermedad”. “No repercute en diferenciación alguna el estatus de vacunación sobre la supervivencia del individuo, sino su estado de salud pre-existente, fortaleza del sistema inmunológico y otros refuerzos como la alimentación, nutrición-vitamínica, peso adecuado y vida saludable. Lo que ha puesto de manifiesto el COVID-19 no es la peligrosidad del virus, sino lo enferma que está la población que fallece a causa de ello”.

El grupo presentó reparos con las dos vías de excepción que incluye la orden de Salud, la científica y la religiosa. La científica porque, por las vacunas estar todavía bajo monitoreo, un médico realmente todavía no puede hacer una determinación clínica sobre cuáles son las condiciones que son contraindicadas para la vacunación. La religiosa porque entienden que requerir la declaración jurada del ministro de una iglesia infringe sobre su libertad de culto individual, por lo que quieren que se les permita recurrir a la excepción religiosa “sin la necesidad de tener que estar o demostrar pertenecer a una religión que tenga un dogma particular, y que mucho menos tengan que depender de las creencias de un ministro de una iglesia o congregación”.

En cuanto a los daños, piden al tribunal $75,000 en honorarios de abogados y un total de $70,000 por cada demandante por concepto de violación a sus derechos civiles y daño.

El grupo ruega al tribunal “que se le escuche con premura” y el juez Alfonso S. Martínez Piovanetti fijó vista mediante videoconferencia para el martes próximo, 3 de agosto, a la 1:30 pm.

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