La oficina de la Jueza Presidenta recibió hace un mes las recomendaciones del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios, pero todavía no las divulga.

La indignación pública que despertaron hace unos tres meses los feminicidios de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz dio paso a que la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo designara un Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios para realizar una “radiografía” de cómo el Poder Judicial atendía los casos de violencia doméstica y realizaran recomendaciones.

El 18 de junio, dentro del término establecido, el grupo encabezado por la licenciada Aleida Varona Méndez, rindió su informe preliminar, pero la jueza Oronoz Rodríguez todavía no ha contestado solicitudes múltiples de NotiCel para que divulgue el informe y sus recomendaciones, como se comprometió a hacer.

Al acusar recibo del informe el 21 de junio, la Oficina de Prensa del Poder Judicial emitió una declaración prometiendo que “a mediados de la semana entrante se le informará al país sobre los hallazgos de esta evaluación preliminar, las acciones que tomará el Poder Judicial y se publicará el informe”. “Al crear el Grupo de Trabajo, la Jueza Presidenta se comprometió con rendirle cuentas al País sobre los resultados de este informe y así será”, añadió.

Pero hasta ayer, con el plazo más que vencido, Oronoz Rodríguez todavía no había divulgado el informe ni ninguna otra declaración al respecto. De hecho, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) ni siquiera ha querido aclarar cuál fue la fecha de reingreso a sus funciones de la jefa del Poder Judicial después de que a principios de mes viajara a España a recibir una condecoración.

La designación del grupo fue parte del frenesí de declaraciones y actos oficiales que Oronoz Rodríguez desde el 1 de mayo, después de las muertes de Ruiz Costas y Rodríguez Ortiz.

“Estoy devastada, absolutamente devastada con el último caso de feminicidio que se ha reportado en Puerto Rico. Pero sé que mi devastación no devuelve a Andrea a su familia”, dijo la Jueza Presidenta en una declaración del 1 de mayo en la que también anunció que designó a un comité para evaluar “con carácter de urgencia toda la información, documentos y grabaciones de las distintas vistas que se celebraron” cuando Ruiz Costas acudió en vano a los tribunales para obtener medidas de protección contra su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien la asesinó un mes después de esas vistas. A pesar de que empeñó su palabra, la Jueza Presidenta tampoco ha rendido cuentas sobre el trabajo de ese comité que miraría específicamente el caso de Ruiz Costas.

Luego de estas expresiones, el 4 de mayo, Oronoz Rodríguez emitió la orden administrativa 2021-75 designando al grupo de trabajo. Además de Varona Méndez, una exjueza que también participó en la creación de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), el grupo lo componen los jueces Janette Perea López, William Machado Aldarondo, Raiza Cajigas Campbell y Juan Vera Rivera.

“Ante la seriedad de los señalamientos sobre casos donde víctimas de feminicidios habían solicitado la intervención Judicial previo a los actos de violencia que terminaron con sus vidas, se impone la necesidad de evaluar los procesos administrativos y operacionales relacionados a los casos de violencia de género para tomar las medidas administrativas que se requieran”, fue la base de una encomienda que incluye:

-Examinar la información de los distintos casos de violencia de género que culminaron en feminicidios para comparar prácticas administrativas y operacionales en el manejo de estos.

-Efectuar una radiografía de todo el andamiaje y de los procesos que enfrentan las víctimas cuando presentan un caso o una petición relacionada a la violencia de género en el contexto del trámite judicial.

-Consultar a otros componentes del sistema de justicia para obtener sus impresiones, experiencias, comentarios y observaciones sobre el manejo de los casos de violencia de género y feminicidios.

-Identificar las prácticas que funcionan y tienen resultados positivos y aquellas que no funcionan y requieren atención inmediata.

-Identificar las necesidades de capacitación en temas puntuales de tangencia administrativa, operacional, jurídica, entre otros, para todo el personal.

El informe rendido debe tener “recomendaciones para atender y corregir los problemas identificados”.

NotiCel se comunicó con Verona Méndez, quien confirmó que el informe se entregó a tiempo pero difirió su divulgación a la oficina de la Jueza Presidenta.