Petición es secuela de una demanda y de que el municipio se negó a dar acceso al vertedero.

El Departamento de Justicia federal pidió una orden judicial para cerrar el vertedero de Toa Alta en 60 días y someter la propiedad a un plan de monitoreo mensual y mitigación de las amenazas ambientales y salubristas que representa para la comunidad.

El juez federal Daniel R. Domínguez estableció un plazo de 14 días para que el ayuntamiento indique por qué no debe conceder los 13 elementos de la solicitud interdictal del gobierno federal y pautó una vista para el 12 de agosto a la que deben comparecer todas las personas de cada lado de la controversia que tengan poder para autorizar un acuerdo.

La solicitud es secuela de una demanda que el gobierno sometió en febrero y está impulsada porque el municipio se negó a dar acceso al vertedero para tomar muestras de lixiviados después de la radicación del pleito. Además, el municipio ya incumplió con una orden de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) de 2017 que le prohibía seguir aceptando desperdicios en la propiedad.

NotiCel adelantó también que a fines de este mes la propia comunidad del barrio Contorno, los vecinos del vertedero, someterán su propia demanda para ser parte del proceso de cierre y mitigación de los riesgos ambientales en esa propiedad que el municipio mantiene desde 1966.

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El alcalde Clemente Agosto Lugardo no ha contestado solicitudes de este diario digital para contestar preguntas sobre esto, pero el ayuntamiento le ha argumentado al tribunal que cerrar el vertedero “no está en el interés público” y que “no hay necesidad para intervención judicial porque no hay un peligro sustancial o amenaza inminente para la salud o el ambiente”.

El gobierno acompañó su petición de interdicto con testimonio de varios peritos que, entre otras cosas, señalan que los trabajadores y vecinos enfrentan “un riesgo significativamente alto” de gastroenteritis, infecciones en la piel, problemas respiratorios e infecciones de ojos y oídos y que “el riesgo de muerte por exposición a patógenos para niños adultos mayores y pacientes inmunocomprometidos puede aumentar hasta 100 veces más que la población general”. Añaden que los niños que juegan en las cercanías del vertedero enfrentan riesgo mayor de infecciones respiratorias y un 28% de probabilidad de contraer rotavirus, que causa diarrea. El testimonio pericial sometido cubre ingeniería, lixiviados, hidrología, microbiología, epidemiología y geotecnología.

La solicitud explica al tribunal que el interdicto lo que haría sería dividir la demanda en dos: el interdicto atendería la necesidad urgente de cerrar el vertedero mientras que el proceso ordinario de una demanda atendería las multas que se impondrían al municipio.

Un análisis confidencial de la EPA, que luego fue divulgado, contabiliza en $28 millones los costos de cierre del vertedero y remedios ambientales.

“En Puerto Rico, igual que el resto de los Estados Unidos, cuando usted ensucia, usted tiene que limpiar. La comunidad que vive y trabaja cerca del vertedero de Toa Alta, la gente de Puerto Rico y los ciudadanos de los Estados Unidos en general tienen derecho a aire y agua limpia y a la puesta en vigor de la ley ambiental federal”, indica la solicitud al juez Domínguez.