El poseedor de un pagaré hipotecario que tiene como colateral el Hospital San Antonio recurrió al tribunal federal, segunda vez que ese foro atiende hipoteca del hospital.

El pagaré hipotecario que hizo la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) comprometiendo al Hospital San Antonio de esa ciudad llegó al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en una demanda en la que se pide la venta en subasta de la propiedad para pagar la deuda.

MEDI y las transacciones en las que se involucró han producido un ramillete de reclamaciones legales, incluyendo un caso criminal federal de fraude en el manejo de una inversión de $9 millones. El municipio de Mayagüez creó la entidad en 2014 para todo tipo de negocio. El alcalde, José Guillermo Rodríguez, es también presidente de la Junta de Directores de MEDI, poblada completamente por oficiales municipales. El funcionario autorizó el traspaso de decenas de propiedades públicas municipales a MEDI por valor de $300 millones para que se usaran de colateral en distintos tipos de negocios. La lista incluyó hasta la alcaldía y el Palacio de los Deportes.

Es la segunda vez que el tribunal federal evalúa reclamos de acreedores sobre el hospital, que opera como institución pública desde 1865, y es la segunda vez que este mismo pagaré va a los tribunales. El pagaré es al menos el segundo negocio de MEDI que comprometía al hospital.

Inicialmente, la firma PMJ Capital PR Corp. recurrió al Tribunal de Primera Instancia en noviembre de 2019 planteando que el pagaré de $1.2 millones estaba vencido y que, por virtud de los mismos términos a los que MEDI se obligó, procedía una sentencia sumaria a favor del tenedor del pagaré ordenando la ejecución de la hipoteca. Es decir, vender el hospital para pagar la deuda.

En julio de 2020, el municipio compareció en el caso para decir que se enteraron por la misma demanda que MEDI había hecho ee negocio jurídico y que no existe una autorización del municipio para realizar negocios con el hospital, por lo que MEDI no tenía autoridad para hipotecar el hospital. En agosto de 2020, el tribunal sentenció que la reclamación no se podía considerar por la vía rápida, como planteaba PMJ porque MEDI había aceptado que se resolviera así, y que el caso se convertiría en uno ordinario que, a este momento, todavía está pendiente de solución final.

Pero el martes pasado la firma R.J. Alan Company, Inc., de Nueva York, presentó una demanda en el tribunal federal planteando que es el nuevo tenedor del pagaré hipotecario que antes tenía PMJ y reclamando lo mismo, que el pagaré está vencido y que el juez Jay A. García Gregory debe ordenar la ejecución de la propiedad para satisfacer una deuda que aseguran suma ya casi $1.4 millones y aumenta $400 diarios por intereses.

El nuevo tenedor del pagaré está representado por el mismo bufete de PMJ, el del exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances. Dos de las personas involucradas en la transacción por el lado de MEDI, el director ejecutivo de la entidad, Alejandro Riera Fernández, y el notario Arnaldo J. Irizarry Irizarry, quien también era consultor legal del municipio, están en la lista de acusados criminales por cometer fraude con $9 millones asignados al Hospital de Trauma de Mayagüez que el alcalde decidió traspasar a MEDI para invertirlos en el mercado de valores. Según el pliego, los acusados no usaron el dinero para invertir sino para repartírselo entre ellos.

El alcalde Rodríguez ha negado conocimiento o involucración con estas transacciones y la ciudad mantiene una demanda civil contra los mismos acusados federales para recobrar el dinero. La ciudad también ha comparecido a otros casos de transacciones de MEDI a decir que no habían autorizado a MEDI a realizarlas por lo que deben considerarse nulas, a pesar de que hay corporaciones e individuos privados que, en efecto, dieron dinero a MEDI como parte de las transacciones.

NotiCel publicó en marzo de este año que ya MEDI había sido demandada en el tribunal federal por una transacción fallida en la que, con el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral de por medio, la corporación municipal ofreció el hospital como garantía para un financiamiento mediante el cual adquirirían generadores eléctricos para el mismo hospital. Ese caso se resolvió sin que se ejecutara la propiedad, pero sin que el municipio alegara desconocimiento tampoco.

Riera Fernández, a través de MEDI, realizó los dos negocios jurídicos con el hospital al mismo tiempo: por un lado lo hipotecó para los generadores y por el otro lo hipotecó para el pagaré de PMJ.

La semana pasada se confirmó la renuncia del vicealcalde Heriberto Acevedo, quien probablemente sea la figura más importante de la estructura administrativa del municipio y a quien los abogados del municipio habían dejado en entredicho al señalar en corte que era errónea una resolución que firmó como secretario de la Junta de MEDI.

Para ver la demanda federal, pulse aquí.

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