El Departamento planteó su posición oficial por escrito después de que el viernes pasado se negaran a entregar durante una vista que fue cerrada al público.

La posición formal del Departamento de Justicia (DJ) es que el tribunal puede entregar al asesino confeso de Andrea Ruiz Costas las grabaciones de los procesos a los que acudió buscando protección de su agresor pero, si lo hacen, debe ser bajo una orden de protección que limite su uso solo a los propósitos de la defensa legal del acusado, Miguel Ocasio Santiago.

El DJ sometió una comparecencia especial por escrito hoy después de que el viernes pasado sus representantes dijeran a la jueza María Rojas Delgado que se oponían a la entrega. Las bases de la postura de Justicia son que Ocasio Santiago tiene derecho constitucional a una representación legal adecuada y que, como parte del mismo estaría el acceso a la grabación de la vista del 25 y 31 de marzo durante la que Ruiz Costas acudió a la Sala Especializada de Violencia Doméstica para obtener una orden de protección contra Ocasio Santiago.

Después de la moción de Justicia, la jueza Rojas Delgado accedió a la solicitud de la defensa. “Se advierte a la parte peticionada y a su representación legal que la grabación de la vista solicitada y en virtud de esta orden concedida no podrá ser compartida, copiada o reproducida sin autorización del Tribunal. La reproducción de este audio será única y exclusivamente a los fines de poder asistir en la defensa del peticionado en el asunto criminal pendiente y relacionado al caso de autos, a menos que un Tribunal de mayor jerarquía disponga lo contrario. Se apercibe, que el incumplimiento con las ordenes del Tribunal podría constituir desacato al Tribunal”, determinó la jueza.

Justicia se reserva la capacidad de cuestionar la aplicabilidad, admisión o usos de la grabación como parte del proceso penal contra el hombre y la postura de hoy solo se limita a la vista de orden de protección y no a la vista del 26 de marzo en la que Ruiz Costas intentó que su agresor fuera arrestado y procesado criminalmente por violencia doméstica, un caso que es distinto al de la orden de protección. En total, Ruiz Costas acudió al tribunal el 25, 26 y 31 de marzo mediante dos procesos de distinta naturaleza, uno civil con la jueza Sonya Nieves y uno penal con la jueza Ingrid Alvarado, y en ambos buscó, sin éxito, que se le protegiera de quien eventualmente la asesinó y quemó su cuerpo.

Distinto a lo que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, habían planteado sobre la deseabilidad de que las grabaciones de las vistas fueran entregadas por derecho del público, la prensa y la familia a tener acceso a ese proceso, el documento que presentó Justicia hoy se somete a la determinación que hizo el Tribunal Supremo de que las grabaciones permanecerían confidenciales.

“En el contexto civil de este caso, la posición del (DJ) ha sido que las grabaciones se divulgaran públicamente, según expresado en múltiples ocasiones. No obstante, en Ex parte OPCPR, el Tribunal Supremo determinó que ess grabaciones no son susceptibles de divulgación a la prensa”, dijo el Ministerio Público en una nota al calce de la moción. Por eso su argumento de que, si se entregan al imputado como parte de su derecho a preparar su defensa, se haga con limitaciones para que las grabaciones no sean expuestas al público.

Tanto el Ministerio Público como la defensa podrían decidir presentar las grabaciones como evidencia, sea en vista preliminar o en juicio, porque entiendan que les beneficia su caso. En ese momento, se supone que las mismas se presenten en corte abierta como parte del derecho a juicio público al que tienen derecho tanto el acusado como el propio público que presencia los procesos. De hecho, Justicia ya tiene las grabaciones, pero el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, les aplicó una orden de mordaza.

La solicitud del licenciado Rubén A. Parrilla Rodríguez, de la Sociedad de Asistencia Legal, comenzó a discutirse el viernes pasado en la sala especializada con un proceso del que se expulsó de sala a los periodistas y sus representantes y en el que la jueza Rojas Delgado se negó a llevar a récord los argumentos de estos a favor de que el público y la prensa pudieran presenciar la discusión. La vista sigue el miércoles en la tarde. Contrario a la información que se conoció el viernes, la vista no fue señalada el día antes, sino el lunes, 14 de junio. La familia de Ruiz Costas no fue notificada de la misma y hay otra solicitud pendiente ante el juez de vista preliminar.

Parrilla Rodríguez indicó que, en sus 19 años de experiencia, no había visto que una solicitud de grabaciones de vistas de casos de violencia doméstica se manejaran como la de este caso.

Hoy la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club anunciaron la Alianza Pro Transparencia, un esfuerzo cívico para aglutinar recursos y elevar al Tribunal Supremo federal el reclamo de que se hagan públicas las grabaciones y revocar la determinación del Supremo local, sin fundamento en ley, de que los procesos de violencia doméstica son confidenciales.

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