La mujer acudió en dos ocasiones al tribunal para conseguir una orden de protección contra el hombre que luego la asesinó y quemó su cuerpo.

La familia de Andrea Ruiz Costas, la mujer que fue asesinada por su expareja después de intentar dos veces conseguir remedios judiciales en contra de este, presentó querellas contra las dos juezas que manejaron los casos en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

Las querellas contra las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero se dieron a conocer hoy durante una manifestación frente al Tribunal Supremo en la que la familia reclamó a ese foro que libere las grabaciones de los dos procesos judiciales que procuró iniciar Ruiz Costas en contra de su agresor, y que el Alto Foro se ha rehusado a entregar en seis ocasiones.

El cuerpo quemado de Ruiz Costas apareció en un paraje de Cayey el jueves 29 de abril y el 1 de mayo NotiCel reveló que la mujer había intentado obtener una orden de protección contra su agresor poco más de un mes antes, pero no le fue concedida. Luego se conoció que también había intentado que su expareja fuera procesada criminalmente por violencia doméstica, también sin éxito. El Poder Judicial recibió una solicitud para que entregara las grabaciones audiovisuales de las vistas en ambos procesos el 3 de mayo, pero la jueza presidenta, Maite Oronoz, no la contestó ni ordenó la entrega. Al día siguiente, el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, suscribió una orden de mordaza que prohibía la divulgación de las grabaciones, pero NotiCel obtuvo copia de la grabación de audio de la vista de causa para arresto en el caso criminal y la publicó.

Desde ese entonces, el Tribunal Supremo ha tenido seis oportunidades para divulgar las grabaciones, por solicitudes que promovieron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC), pero en todas se ha negado, por votación 5-3 con los jueces Oronoz, Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez en un bloque minoritario a favor de divulgarlas.

Las negativas han ocurrido a pesar de que no hay ningún estatuto o regla que clasifique confidenciales los procesos de solicitud de orden de protección o de vista de causa para arresto (Regla 6) y de que la madre de Ruiz Costas, Olga Esther Costas Rodríguez, sometió una declaración jurada pidiendo acceso a las grabaciones.

Con la voz entrecortada, Costas Rodríguez clamó ayer por cambio real en la manera en que el sistema de justicia trata a las víctimas de violencia doméstica. “Quiero que las juezas, los policías, los fiscales que traten a las mujeres victimas de violencia domestica, sean más empáticas, que sean más misericordiosos porque uno no está allí porque quiere, sino porque necesita, y que no traten a una como si uno no tuviera valor”, dijo la madre de Ruiz Costas.

La madre de la víctima sometió sus querellas éticas contra las juezas Nieves Cordero, quien atendió la solicitud de orden de protección, y Alvarado Rodríguez, quien atendió la vista de causa para arresto contra el agresor Miguel Ocasio Santiago, el 7 de junio pasado por derecho propio. La familia optó por no divulgar el contenido en deferencia al proceso discplinario pero confirmaron que los fundamentos son los mismos que se han discutido sobre la forma en que el Poder Judicial trató las reclamaciones de Ruiz Costas.

La hermana de la víctima, Alexandra Ruiz Costas, reveló que el viernes pasado fue el primer contacto que tuvo con el Poder Judicial relacionado al feminicidio de su hermana, específicamente una psicológa que es parte del grupo de trabajo que designó la jueza Oronoz para evaluar casos recientes de asesinato de nujeres por violencia doméstica para hacer recomendaciones de cambios. Este grupo tiene hasta el 18 de junio, este viernes, para entregar su informe, lo cual denota que la comunicación con los familiares de las víctimas no la están haciendo al principio de su gestión, sino al final.

Los primos de la víctima, Javier y Rebeca Noriega Costas, quienes son hijos del fallecido legislador independentista David Noriega, fueron los portavoces principales de la familia durante la manifestación que culminó con una reunión de aproximadamente una hora entre la familia inmediata de la víctima y la jueza Oronoz.

“Estoy seguro que las futuras víctimas de violencia de género favorecerían la publicación de los audios de Andrea nada más por el mensaje que eso enviaría a los jueces que en un futuro escucharán sus relatos”, dijo Javier Noriega Costas al leer una declaración.

“Es lamentable el mensaje que la propia mayoría envió con su postura porque siendo el Honorable Tribunal Supremo juez y parte en la controversia aparenta impropiedad y conflicto de interés. Esos vicios que los abogados nos debemos mantener alejados de. Lo anterior no lo menciono livianamente. Digo que son juez y parte porque los hechos procesales del caso así lo demuestran. El caso de los audios y videos de Andrea no se discutió en los tribunales inferiores. Fue el Honorable Tribunal Supremo quién motu proprio asumió jurisdicción y cerró la puerta a la discusión. Se llevaron el bate y la bola. También digo que son juez y parte porque quién único se opuso a la publicación de la información en el caso de Andrea fue la Rama Judicial. No fue su familia, no fue la prensa, no fue el Departamento de Justicia, ni fue la Policía”, argumentó el abogado.

“(Las juezas)no tienen el carácter juridico para llevar estos (procesos) y deben estar fuera, deben estar fuera”, planteó Rebeca Noriega Costas. “Ellos tuvieron la oportunidad de proteger a Andrea y no lo hicieron, ¿ahora a quién proitegen?, a quien protegen es a ellos mismos, se autoprotegen”, añadió al descartar el argumento de que las grabaciones no se puden divulgar para evitar que Ruiz Costas sea revictimizada. “Está errada”, apuntó sobre la Procuradora de las Mujerez, Lersy Boria, quien, además de los jueces del Supremo en el bloque mayoritario, son los que han usado el argumento de la revictimización.

A la pregunta de qué cambios piensan deben ocurrir en el trato del sistema de justicia con las víctimas de violencia doméstica, la prima Rebeca enfocó en que los procesos deben tener muchas más agilidad y anotó que la vista preliminar contra Ocasio Santiago ha sido pospuesta ya en dos ocasiones. Ivonne, una tía, señaló que la Policía debe buscar los récords criminales de los agresores desde el primer momento que la víctima pide ayuda, ya que en el caso de Ruiz Costas, el agresor, dijo, tenía antecedentes de intento de asesinato contra una exesposa y de agresión pero eso no se presentó en la vista de causa para arresto, según el audio que divulgó NotiCel. Mientras, el primo Javier opinó que no sería violatorio a los derechos del imputado si los jueces le preguntan directamente a la querellante si se sienten amenazadas ante la presencia del imputado y pidió que las declaraciones de las víctimas en esos procesos se entreguen a los familiares porque “esos testimonios pueden ser los últimos que deje la víctima en vida”.

A la salida de la reunión con Oronoz, Alexandra Ruiz Costas calificó la sesión de “muy fructífera” porque “es mucho mejor tener un cara a cara con los lideres del país y que nos digan realmente que el asunto se está trabajando, en vez de estar como en la oscuridad sin conocer y tener la percepción de que no se le está dando la importancia que esto tiene”. Por elección, la familia no divulgó el detalle de lo que discutieron con Oronoz, pero apuntaron que ya había leído las querellas éticas.

“Andrea es hoy símbolo de toda mujer valiente que, a pesar de su vulnerabilidad, se levanta buscando justicia del Estado. Andrea podemos ser todas, honrémosla haciéndole justicia”, declaró la hermana de la víctima.

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