La jueza Alexandra Rivera Sáez encontró no causa para juicio contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, después de expresar suda sobre si realmente actuó fuera de sus facultades cuando ordenó retirar una serie de referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que había dejado listos su antecesora, incluyendo un referido de procesamiento criminal contra la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Los fiscales Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz de inmediato indicaron que someterían el caso a vista preliminar en alzada, que quedó fijada para el 12 de julio. Ese mismo día se celebrará juicio por un acusación de obstrucción a la justicia bajo el Código Penal que, por ser menos grave, no tiene que pasar por vista preliminar y se evalúa directamente en juicio.

La determinación de no causa fue en dos cargos graves por la Ley de Ética que suponen que Burgos Vargas usó los deberes de su cargo para obtener, para sí o para una persona “privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”, así como que reveló o usó información o documento confidencial “adquirido por razón de su empleo para obtener, directa o indirectamente, un beneficio para él o para una persona privada o negocio”. El beneficio habría sido revelarle a Vázquez Garced y al exsecretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Batlle, el contenido de los referidos en su contra cuando, según la OPFEI, se trata de un documento confidencial.

La exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, firmó y dejó listos los referidos el 3 de julio de 2020, antes de someter su carta de renuncia, pero después de que ya La Fortaleza se la había pedido. Burgos Vargas fue designada ese viernes por la noche, pero no juramentó hasta el lunes. Como parte del trámite regular, una agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) salió el lunes en la mañana a radicarlos a la OPFEI y, estando allí, recibe una orden generada por Burgos Vargas de que regrese sin radicar. Burgos Vargas entonces se lleva los informes a su casa esa noche y, según el testimonio de la hoy jueza y entonces asesora legal de La Fortaleza, Grisel Santiago Calderón, ese lunes en la tarde Burgos Vargas le dio detalles sobre los referidos, y sobre las recomendaciones de procesamiento contra Vázquez Garced y Pabón Batlle que ella pasó adelante a personal de la Mansión Ejecutiva.

Jason González, uno de los abogados de Burgos Vargas, dijo en su exposición final a la jueza que no se había probado cuál fue el supuesto beneficio, que los fiscales habían obtenido los mensajes de texto de su clienta a Santiago Calderón en violación a la autoridad de la orden de allanamiento, y que los delitos de Ética se refieren solo a beneficios para personas privadas.

“Esto no se trata de un desliz, de trata de una serie de eventos que se han probado aquí dirigidos a cometer un acto ilegal”, había dicho por su parte el fiscal Colón Ortiz al someter el caso y al defender que el registro del celular de Burgos Vargas se ajustó a la autoridad de la orden de allanamiento así como que los funcionarios públicos siguen siendo personas “privadas” también, para efectos de las disposiciones de Ética incluidas en la denuncia.

La defensa de Burgos Vargas había anunciado para hoy la presentación de su único testigo, la exsecretaria de Justicia interina Inés Carrau Martínez, pero no presentaron testigos, solo documentos. Ni Burgos Vargas ni su representación legal hicieron expresiones sobre la determinación o para explicar la no presentación de Carrau Martínez.

La fiscal Pabón Ortiz, sin embargo, dijo sobre Carrau Martínez que fue entrevistada como parte de la investigación “y entendíamos que no le iba a beneficiar” a la defensa, por lo que les sorprendió la posibilidad de que compareciera como testigo a favor de Burgos Vargas.

“Wandymar Burgos Vargas no tenía ninguna facultad ni para entender en el informe ni para pedir que lo regresaran ni para nada. Esa parte de la investigación preliminar (contra los funcionarios objetos de los referidos) ya había terminado… surge de una declaración jurada que ella presta en (la Oficina de) Ética y así lo admite, que ella se llevó los informes para la casa. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de eso?”, añadió Pabón Ortiz.