La expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, enfrentará juicio por tres cargos relacionados a delitos con recaudaciones políticas para Ricardo Rosselló Nevares.

La jueza Alexandra Rivera Sáez encontró causa para juicio en los tres delitos que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) le presentó a la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Sandra Torres López, después de un segundo día de vista preliminar que incluyó la reaparición de un expresidente de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) y de alegaciones de otros actos de corrupción que la acusada habría encubierto.

Agustín García Acevedo, expresidente de la PRTC cuando el exgobernador Pedro Rosselló González la vendió a fines de los años 90, volvió a estar en el ojo público, pero esta vez en calidad de testigo de los fiscales especiales independientes en contra de su exempleada y excondiscípula de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Los paralelos históricos nunca se discutieron, pero eran ineludibles para los conocedores de la administración pública.

García Acevedo ayudó a adelantar el proceso criminal en el que Torres López, a quien distinguió desde el estrado por su “elegancia”, está acusada de usar su cargo para lograr que empleados suyos y empresas de telecomunicaciones bajo la jurisdicción del NET dieran donativos políticos al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Pero más de 20 años antes, cuando presidía la extinta corporación pública, García Acevedo enfrentó múltiples imputaciones públicas de hacer lo mismo en beneficio del padre de Rosselló Nevares a través la organización Tele-Pro, que unía a los empleados novoprogresistas de la agencia.

García Acevedo no fue procesado criminalmente por esas alegaciones y ayer, al salir de sala, aseguró que “en ningún momento” hizo en la PRTC lo que se acusa a Torres López de hacer en el NET. “Este tipo de actividad (de recaudación de fondos) no hay nada malo en ello siempre y cuando las cosas se hagan bien… no es delito guiar por una carretera, pero si usted guía en contra el tránsito, sí que es un problema. Tampoco es un delito hacer recaudos políticos, porque la ley lo reglamenta, el que cumpla con la ley está bien, si no se cumple hay un problema”, comentó.

Como testigo, García Acevedo pudo establecer que Torres López era la “organizadora” de la actividad de recaudación que se celebró el 7 de junio de 2018 a la que donaron empleados, contratistas y empresas bajo la jurisdicción de la exfuncionaria en el NET. García Acevedo estaba allí porque la entonces contratista del NET, y su compañera en el grupo de Finanzas de la campaña de reelección de Rosselló Nevares, Katherine Erazo García, lo “convocó” para que se encargara de la actividad como representante del equipo de Finanzas del comité del exgobernador.

El evento ocurrió en la casa de un “cliente” de Erazo García, el productor de seguros con contratos públicos Edwin I. Rivera, a quien Erazo García también reclutó y tuvo como donantes a algunos suplidores del gobierno, como Genesis Security, que la mujer también consiguió. El caso comenzó ante la OPFEI con un referido para que se procesara criminalmente a Erazo García, Torres López y al exayudante ejecutivo de esta, Exel López Vélez. Pero los fiscales dieron inmunidad a López Vélez y a Erazo García, esta última en un proceso de última hora que ocurrió apenas días antes de que se presentaran los cargos. Tanto Erazo García como López Vélez testificaron el miércoles.

La abogada de defensa, Carmen Quiñones Núñez llevó a que García Acevedo dijera que un documento de cuadre de recaudos hecho la noche del evento tenía la firma de López Vélez como “organizador” de la actividad, pero el exfuncionario, ahora desarrollador y constructor, dijo que Torres López era la encargada para efectos del comité de Finanzas. López Vélez ya había testificado que su participación antes, durante y después del evento fue bajo amenaza de su exjefa de que perdería su empleo si no lo hacía.

Lo que no se hizo durante el testimonio de García Acevedo fue aclarar el descuadre que refleja la actividad, ya que la noche del evento se contaron $16,500, en una conversación posterior López Vélez le dijo que había aumentado a casi $30,000, pero hubo testimonio de que se había llegado a $43,500. La auditora auxiliar de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), Angélica María Morales Díaz, dijo en el estrado que el informe de la actividad ante la oficina fue enmendado y que se detectaron deficiencias en el manejo del efectivo que, al no ser corregidas, fueron objeto de multa.

NotiCel cotejó la información disponible en la OCE para el evento y los donativos suman $24,000, siendo los donantes oficiales (a $1,500 cada uno), Alejandro G. Asmar Rizek, Alexandra Fernández Navarro, Ángel M. Cintrón García, Carmen M. Carro Santiago, Cirilo F. Cruz Tejada, Elliot Cardona Miranda, Emmanuel Cruz González, Exel López Vélez, José A. Ramos, Miriam B. Toledo David, Neptaly Borrero Vélez, Sixto Giusti Bravo, Víctor Calderón Cestero, Waldo Acevedo Cerezo, Wanda Torres López y María T. Fullana Hernández.

Esta última era directora ejecutiva del NET en ese momento y fue testigo de los fiscales el jueves también. Con su intervención, llena de encontronazos con la abogada de defensa, Fullana Hernández estableció que en varias ocasiones le advirtió a López Vélez, quien había sido su empleado en otra dependencia durante la Administración Fortuño, que era una “locura” participar de la organización de evento de la recaudación estando en la agencia, en horario de la agencia y con recursos de la agencia.

Cuando López Vélez le dijo que Torres López le asignó una taquilla de $1,500, Fullana Hernández le ripostó “si él y Sandra se creían que yo cagaba plata” y que viniera Torres López personalmente a decirle lo de la taquilla. En tres ocasiones Torres López le habló de la taquilla y de que fuera a la actividad con ella, pero Fullana Hernández solo pagó el boleto con un cheque con fecha de la actividad y decidió no ir a la misma.

Quiñones Núñez hizo que Fullana Hernández entrara en una contradicción porque la testigo inicialmente rechazó con ademanes y gestos que se hubiera involucrado en actividades de recaudación como la del 7 de junio, pero inmediatamente después admitió que había hecho por lo menos una actividad política con empleados del NET en una pizzería cerca de la agencia.

Los fiscales sí aprovecharon para que la testigo virtiera para récord un evento, que no tiene que ver con las acusaciones, pero en el que Torres López habría encubierto un acto de corrupción en la agencia. Según Fullana Hernández, su renuncia al NET ocurrió por una acumulación de disgustos pero específicamente porque, después del huracán María y como parte de sus funciones, revisó unas facturas para la supuesta reparación de un techo en la dependencia y descubrió que el trabajo no se había hecho y que, además, las tres empresas que figuraban en el expediente de la licitación tenían la misma dirección y el mismo correo electrónico. La testigo dijo que sometió un informe a Torres López y que los hechos involucraban a un empleado de confianza de la agencia a quien, en vez de despedirlo, se le permitió renunciar. Añadió que esa persona había estado representada por la propia abogada de defensa, Quiñones Núñez y que, cuando vio la actitud que asumió su jefa ante los hechos, decidió irse.

Según Fullana Hernández, la información la tiene el Departamento de Justicia.

La lectura de acusación y el juicio de Torres López quedaron pautados para el 8 de julio, pero se anticipó que el juicio podría ser pospuesto. Los cargos son dos bajo la Ley de Ética y otro bajo el Código Penal relacionados al aprovechamiento de su cargo para sí y para un tercero, específicamente Rosselló Nevares.

A la salida, Torres López dijo que se probaría su “inocencia total” y que “la justicia divina prevalecerá”. Por su parte, el fiscal Ramón Mendoza Rosario, junto a Leticia Pabón Ortiz y Juan E. Catalá, afirmó que “ese abuso de poder (de la acusada al presionar a empleados y contratistas) es lo que se traduce a un acto de corrupción claro, el cual viene poniendo de rodillas al país por décadas y eso hay que acabarlo”. No comentó si los donantes recibieron algún beneficio en el NET ni si el testimonio de Erazo García en juicio sería más amplio de lo que fue en vista preliminar, el cual estuvo salpicado de imprecisiones y de “no recuerdo”.

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