Primer día de vista preliminar contra exjefa del Negociado de Telecomunicaciones revela descuadres en la recaudación de fondos para el exgobernador Ricardo Rosselló.

El primer día de vista preliminar contra la expresidenta del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Sandra Torres López, trajo dudas sobre por qué la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) concedió inmunidad a la contratista Katherine “Kathy” Erazo García; reveló que las finanzas políticas del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares tuvo más recaudos que lo que se informó formalmente y planteó señalamientos condenatorios sobre la participación de Torres López en dicha recaudación.

Los fiscales especiales independientes presentaron a dos testigos, Erazo García y el exayudante de Torres López, Exel López Vélez. La continuación de la vista hoy debe traer a la exempleada del NET, María T. Fullana Hernández, y al expresidente de la extinta Puerto Rico Telephone Company (PRTC), Agustín García, quien se mantuvo activo como voluntario del Comité de Finanzas de la campaña de Rosselló Nevares. El caso podría quedar sometido hoy a la determinación de la jueza Alezandra G. Rivera Sáez sin presentación de prueba por la defensa.

Para sostener sus tres cargos contra Torres López, dos bajo la Ley de Ética y uno bajo el Código Penal por aprovechamiento ilegal de sus funciones públicas, los fiscales especiales independientes (FEI), Ramón Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan E. Catalá se concentraron en reconstruir cómo se realizó una actividad de recaudación de fondos el 7 de junio de 2018.

Erazo García, suegra del exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte, expuso su trayectoria de vinculación con el gobierno y con el Partido Nuevo Progresista (PNP) para llegar a una reunión del partido en el restaurante Antonio's del Condado durante la que le planteó a Torres López que si iba a hacer una actividad de recaudación ya que otras personas y agencias lo estaban haciendo. Torres López, quien también tiene trayectoria como recaudadora del partido, accedió y discutieron fecha, meta de recaudación y lugar.

La meta eran al menos $25,000 (un grupo de hasta 20 pagando $1,500 por persona). Torres López pidió que fuera antes de agosto y Erazo García sugirió que podría ser en la residencia de Edwin I. Rivera, quien había prestado la residencia otras veces para ese tipo de actividades, era su “cliente” y cuya compañía, Edwin I. Rivera Brokers, Corp. tiene contratos con el Departamento de Hacienda en el área de seguros públicos. Erazo García tenía contratos públicos bajo BCS Consulting Services.

De Antonio’s, el testimonio de Erazo García se movió a las oficinas del NET en Santurce donde en tres instancias del mes de mayo dijo que discutió el “fundraiser” con López Vélez. Pero en ninguna de las ocasiones colocó a Torres López participando activamente en las discusiones. De hecho, de las tres, solo involucró a la exjefa de la agencia en una, y fue que, tras terminar una reunión, Torres López se acercó al grupo y, sin preguntar, “alguien” le informa que “la actividad va bien”, a lo que la exjefa del NET no responde.

Los fiscales luego la llevaron a la actividad del 7 de junio para preguntas en la que la testigo tuvo dificultad para precisar quiénes estaban y qué roles cada cual cumplía más allá de establecer que el suyo era recibir al entonces gobernador y manejar su tiempo para que compartiera con todos los invitados. Subrayó que Torres López era la encargada de la actividad para efectos del Comité de Finanzas.

En su turno, la abogada de defensa, Carmen Quiñones Núñez, logró resaltar que, fuera de lo que dijo alrededor de la actividad del 7 de junio, la testigo parece no conocer más detalles de los trabajos de recaudación de fondos del exgobernador. Ni siquiera puso en récord cuáles eran los otros jefes de agencia que estaban haciendo recaudaciones de fondos, aunque afirmó que “sí” había otros jefes haciéndolas. Además, Erazo García dijo que no supo de instrucción a jefes de agencia para recaudar, pero en la resolución de la OPFEI autorizando la investigación contra Torres López aparece su ayudante indicando que Erazo García les había dicho a ambos que “el exgobernador Rosselló Nevares había ordenado a cada una de las agencias del ejecutivo recaudar fondos para su campaña de reelección”.

Quiñones Núñez presionó a Erazo García sobre su acuerdo de inmunidad, tramitado por los abogados César López Cintrón y el exjuez y exsuperintendente de la Policía, Heriberto Sepúlveda, en tres días justo cuando la OPFEI se prestaba a presentarle cargos a ambas, Torres López y ella. En el interrogatorio, Erazo García afirmó que no había cometido ningún delito, que “nadie” le había informado que hubiera cometido un delito, que no le habían avisado que le iban a radicar cargos y que no entregó a los fiscales documentos que corroboren su testimonio porque no los tiene.

Incluso, la abogada llevó a la testigo a decir “desconozco por qué firmo un acuerdo de inmunidad”.

En el turno en el estrado de López Vélez, se hizo evidente que, de todo lo que dijo Erazo García, lo único que no hubiera entrado al récord si ella no fuera testigo era lo relativo a la conversación que tuvieron solo ella y la acusada en Antonio’s. Esto, porque el exayudante y relacionista público de profesión, colocó a su exjefa no solamente discutiendo la planificación de la actividad en su oficina pública y en horas laborables, sino amenazándolo con despedirlo si no se encargaba de llevar taquillas a entidades y personas bajo la jurisdicción del NET y de cobrar el dinero.

De hecho, López Vélez estuvo en la mesa organizativa del “fundraiser” hasta un cuadre preliminar de $30,000 en recaudos.

“Me dijo ‘este es tu encargo, de ahora en adelante, hay que levantarle dinero a Ricardo Rosselló”, aseguró López Vélez, quien comenzó en el servicio público en la Cámara de Representantes durante la presidencia de Jenniffer González Colón, pasando por la Comisión de Servicio Público y la oficina del senador Henry Neumann. El “encargo” comenzó con una lista que le proporcionó Torres López con una lista de personas y empresas bajo el ámbito del NET que tenían un número de taquillas asignadas cada una. La lista llegó a tener también tachaduras de empresas que no se debían llamar porque no eran “católicos”, o afines al PNP, como Sprint y PREPA Networks.

Entre las que quedaron vigentes en la encomienda, están el bufete Nevares, Sánchez, Álvarez & Cancel, Carmen Carro, Mirian Toledo David, Perfect Cleaning (contratistas del NET), Aireko, Genesis Security, Eduardo “Tito” Laureano, Worldnet, Neptuno Networks, Data Access, Open Mobile, Liberty, AT&T, Claro, Optimo, María T. Fullana Hernández (directora ejecutiva del NET), Alexandra Fernández (comisionada del NET), Francisco Silva (vicepresidente de Claro), y Alejandro Asmar Rizek.

El método fue que López Vélez imprimió unas 20 invitaciones en Office Max, usando su dinero, las colocó en un sobre y las distribuyó. Esto lo hizo en horas laborables pero aseguró que hizo ponche de salida para que ese tiempo no se cobrara del erario porque no le parecía correcto. Erazo García se encargaría de las taquillas de Genesis y de Laureano, mientras que Laureano, a su vez, se encargaría de Perfect Cleaning. Otro asistente, el exrepresentante, director de campaña y actual cabildero, Ángel Cintrón García, citó a López Vélez al Departamento de Vivienda para darle $1,500 por una de las dos taquillas que le encargaron. El dinero vino del cambio de un cheque por concepto de “efectivo” para el que López Vélez guardó el recibo.

El exayudante dijo que pasó “vergüenzas” porque en AT&T le pidieron que "virara" de inmediato a recoger el sobre porque no podían participar de actividades proselitista y en Claro le dijeron lo mismo, aunque no le hicieron "virar".

Sin embargo, el propio testimonio de López Vélez es que representantes de ambas compañías estuvieron en la actividad. Específicamente, estuvo el presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellanos, a quien la expresidenta del NET llamó por teléfono en su presencia y le reclamó “ponerle” las taquillas.

El día de la actividad, Rosselló Nevares estuvo entre 35 a 40 minutos y le dijeron que era una actividad de la industria de telecomunicaciones en apoyo a su reelección, según los testimonios.

El cuadre final de la actividad no terminó esa noche porque López Vélez dijo que después estuvo en su oficina del NET con Erazo García, y con García interviniendo por mensaje de texto, todavía trabajando el cuadre, el cual dejó en $30,000. Luego supo que el cuadre final fueron $43,500, pero el informe oficial de la actividad ante la Oficina del Contralor Electoral es que los recaudos fueron $24,000 lo cual deja una diferencia, después de restar gastos, de unos $19,000 que no está aclarado dónde están o cómo se manejaron en el comité de campaña.

Como parte del contrainterrogatorio, la licenciada Quiñones Núñez intentó plantear que López Vélez sometió las querellas contra su cliente después de enterarse de que se le investigaba al interior de la agencia por el manejo de las cuentas de redes sociales. Hizo también que el testigo entrara en contradicciones porque dijo que “era la primera vez que me exponía a eso (manejo de taquillas para recaudar fondos)”, pero luego admitió que lo había hecho en menor cuantía y que conocía la dinámica porque había sido precandidato cameral del PNP. “Por eso perdí, seguramente”, dijo López Vélez para afirmar que “apenas” se involucró con recaudaciones en ese momento.

También lo impugnó con información que ha trascendido en un informe de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que NotiCel publicó donde dos funcionarios de esa agencia dicen que no pudieron corroborar las alegaciones de López Vélez y cerraron la pesquisa contra Torres López porque el denunciante “proveyó bajo juramento información falsa e incorrecta”.

El exayudante dijo que la OEG nunca le indicó eso y el fiscal Mendoza Rosario dijo al tribunal que había entregado a la defensa todo lo relativo a Ética y que cuando el Departamento de Justicia le tomó declaración a López Vélez no le hizo la advertencia de que era sospechoso de delito, queriendo dar a entender que el archivo de la pesquisa en Ética no incidió sobre otros procesos.

Pero la realidad es que cuando Justicia refirió el caso a la OPFEI, pidió que asignara fiscal para los tres, Torres López, López Vélez y Erazo García. La jueza Rivera Sáez hizo una anotación de que el acuerdo de inmunidad del testigo con la OPFEI incluye inmunidad administrativa, lo cual cubriría cualquier procesamiento en la OEG.

Similar a Erazo García, la abogada de defensa llevó a López Vélez a declarar que no había cometido ningún delito en sus trabajos con la actividad de recaudación, pero el testigo le apuntaló que “fue un acto ilegal cuando se convocó a las compañías que, insisto, son reguladas (por el NET)”.

Al final del día, se escuchó a Quiñones Núñez decir durante una conferencia con la jueza que probablemente no presentaría testigos porque “yo lo que quería probar, ya lo probé”.

A la salida, Erazo García dijo que no hablaría, mientras que el fiscal Mendoza Rosario contestó que con “la prueba presentada establecimos cuál es el rol de la señora Sandra Torres en esta actividad, y eso es lo más importante”.

Vea:

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