Los fiscales especiales independientes presentaron el testimonio de una fiscal y una jueza, mientras que la defensa anticipa presentar a la exsecretaria de Justicia interina, Inés Carrau.

A la exjefa de Integridad Pública del Departamento de Justicia, una fiscal con 21 años de experiencia, le pareció tan raro que una secretaria de esa dependencia, su jefa, le pidiera retractar unos referidos que ya iban camino a ser radicados en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), que la suspicacia se le activó y le dijo a su jefa que le hiciera la solicitud por escrito.

Así sucedió y ahora ese correo electrónico, y los intercambios que ocurrieron la mañana de ese 6 de julio de 2020, son parte de la prueba que los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz sometieron al tribunal ayer para la vista preliminar en contra de Wandymar Burgos Vargas, la fiscal a quien la exgobernadora Wanda Vázquez Garced designó como secretaria de Justicia después de despedir fulminantemente a Dennise Longo Quiñones.

Entre que a Longo Quiñones se le pidiera la renuncia al mediodía del 3 de julio de 2020 y que entregara su carta en algún momento en la noche de ese mismo día, la exjefa de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, ahora fiscal de Distrito de Fajardo, Phoebe Isales Forsythe, fue una de las integrantes de su equipo de confianza con las que terminó seis referidos a la OPFEI que quedaron listos para enviar ese viernes. Los referidos que Longo Quiñones firmó, incluyendo uno que recomendaba la designación de un fiscal contra Vázquez Garced, quedaron bajo llave en la oficina de Isales Forsythe durante el fin de semana. El lunes, como parte del proceso regular, Isales Forsythe, llamó a la agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Yadira Román Delgado, para que los presentara a la OPFEI y luego notificara a los implicados mediante carta.

Nota relacionada: Justicia suspende a Wandymar Burgos de empleo, pero no de sueldo

Según su testimonio ante la jueza Alexandra Rivera Sáez, Isales Forsythe decidió decirle de los referidos a la recién estrenada secretaria, Burgos Vargas, para que tuviera conocimiento por si la prensa le preguntaba, ya que la OPFEI podría emitir un comunicado. Pero cuando Burgos Vargas le pidió por teléfono que se los pasara sin presentarlos a la OPFEI porque quería leerlos y no quería gastar papel imprimiéndolos, a la fiscal se le activó una alarma.

“No sabía la razón por la que los estaba pidiendo, estaba curioso, se salía del ‘standard operating procedure’… yo no sabía cuáles eran las intenciones de ella”, dijo la fiscal al reiterar que, en sus 21 años, no había conocido que un Secretario de Justicia ordenara la devolución de referidos que ya habían salido para presentación en la OPFEI.

La apreciación de Isales Forsythe no solamente la compartieron los exjueces que son miembros del Panel del FEI, sino que la elevaron a investigación y por eso Burgos Vargas enfrenta ahora dos cargos graves por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por divulgar el contenido de esos referidos, que tienen carácter de confidenciales en la ley, a Vázquez Garced y al exsecretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, ambos objetos de los referidos. Además, enfrenta otra acusación menos grave por obstrucción a la autoridad pública debido al acto de demorar la entrega de los informes.

Además de Isales Forsythe, los fiscales Pabón Ortiz y Colón Ortiz presentaron el testimonio de la jueza de apelaciones Grisel Santiago Calderón, quien había sido subsecretaria de Justicia bajo la secretaria de Vázquez Garced y, cuando esta se convirtió en gobernadora, la siguió a La Fortaleza como asesora legal.

Santiago Calderón era la administradora de un grupo de WhatsApp que se había creado en 2017 para discutir asuntos relativos a la Ley PROMESA entre ella, como subsecretaria, Burgos Vargas como jefa de la División de Litigios Federales y de Quiebra de la Secretaría Auxiliar de lo Civil, y otro funcionario.

Pero la mañana de ese 6 de julio, el hilo de mensajes no era sobre PROMESA, sino sobre los referidos. Según el testimonio, y los propios mensajes de texto que entraron en evidencia, tan pronto Burgos Vargas supo que los referidos habían salido, comenzó a consultar con la asesora legal de Fortaleza sobre si Isales Forsythe podía enviar esos referidos sin consultarlos con ella, y si ella, como secretaria, tenía facultad para paralizar la entrega.

Finalmente, a las 6:01 pm, el mensaje de Burgos Vargas en el chat fue “se pudo detener la entrega, están en el piso 8”, en referencia al edificio sede del departamento. Como parte de los mensajes, Burgos Vargas divulgó el contenido de contra cuáles funcionarios iban los referidos y cuál había sido la recomendación del departamento, si designar un fiscal especial independiente para radicación de cargos, o no.

Santiago Calderón dijo que el área de Asuntos Públicos o la de Prensa en Fortaleza, no recuerda, le había pedido información sobre los referidos y que se le dijeron los datos. “Si Asuntos Públicos notificó a esas personas (los objetos de los referidos), no sé”, dijo.

Los fiscales especiales independientes le sometieron su caso a la jueza Rivera Sáez con los dos testimonios, los textos, la orden de allanamiento contra el teléfono de Burgos Vargas, el informe pericial del examinador José R. Candelas Vázquez sobre el contenido del teléfono, la certificación de que Burgos Vargas asumió el cargo de secretaria el lunes 6 y no el viernes 3 (que fue cuando se anunció su designación), y una declaración jurada de Burgos Vargas ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) admitiendo que se llevó los informes a su casa el lunes 6.

“Descansamos en una cadena de eventos que van dirigidos a probar una mentalidad corrupta, o un propósito ilegal”, dijo a la prensa el fiscal Colón Ortiz sobre su intención con la prueba presentada. En la vista preliminar no se requiere presentar toda la prueba contra un imputado, porque se supone el tribunal tome su decisión solo basándose en si hay indicios de que se cometió un delito y que lo cometió la persona imputada.

La vista sigue el próximo 11 de junio con lo que hasta ahora es la única testigo de defensa, la exsecretaria de Justicia interina, ahora fiscal de Distrito de Carolina, Inés Carrau Martínez, quien asumió la posición hasta el final del cuatrienio pasado después de que Burgos Vargas ejerciera el cargo por solo cuatro días. La funcionaria renunció ante amenazas del Senado de que no aprobaría su designación.

En un proceso separado, Burgos Vargas enfrenta un referido en la OEG relacionado a que aprobó en la agencia facturas relacionadas a servicios legales que prestaba su hermano.

Burgos Vargas no ha emitido comentarios públicos desde la presentación de los cargos.