Fiscalía federal confirma que investigación de asesinato de pareja de Verdejo sigue en pie
La esposa del boxeador Félix Verdejo Sánchez compareció ante gran jurado para contestar preguntas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó que tiene “investigaciones en curso” relacionadas al boxeador Félix Giomar “El Diamante” Verdejo Sánchez, acusado y encarcelado sin fianza por delitos relacionados al asesinato de su pareja extramarital, Keishla Rodríguez Ortiz.
La fiscalía consignó el dato en una moción que radicaron el martes. Luego, el miércoles, compareció a gran jurado la esposa de Verdejo Sánchez, Eliz Marie Santiago Sierra, quien ya había sido entrevistada por la Policía en los primeros días después de la desaparición de Rodríguez Ortiz.
Después de esa entrevista, la Policía dijo que no descartaba que Santiago Sierra tuviera responsabilidad o conocimiento sobre el secuestro y asesinato de la pareja extramarital del boxeador, quien recién había quedado embarazada del púgil. Por otro lado, Edwin Prado, el abogado que viabilizó la cooperación con las autoridades federales del supuesto cómplice de Verdejo Sánchez dijo que la mujer no tenía que ver con el crimen.
Pedro Rivera Martínez, abogado de Santiago Sierra, se limitó a decir que la mujer “cumplió con todos los requerimientos de la ley” y que solo ha tenido dos entrevistas con las autoridades, la de la Policía y la del gran jurado. Contestó que no a la pregunta de si agentes federales la habían entrevistado antes de su cita ante el gran jurado. La madre de Santiago Sierra también compareció y ambas contestaron preguntas por entre 15 y 20 minutos cada una, aseguró a la vez que rehusó comentar sobre los hechos del caso.
La expresión de la fiscalía ocurrió en una moción que radicaron para que el juez Pedro Delgado les permitiera someter un escrito al expediente de manera confidencial. No hay indicio de la naturaleza del documento y la solicitud para confidencialidad indica que es “necesaria para prevenir la divulgación de información sensitiva que puede arriesgar investigaciones en curso”.
Aunque no debe ser la norma, este tipo de solicitud se hace regularmente en casos de alto perfil y los jueces de ordinario la confieren, a pesar de que se supone que hagan una evaluación independiente sobre si la confidencialidad se justifica o no y de que tienen el poder para ordenar la radicación pública.
Existen algunos conceptos equivocados sobre la citación de una persona a gran jurado, como que la citación tiene que ver con si va a ser acusada o no. Pero una persona puede ser citada a ese cuerpo investigador con carácter de testigo, de sujeto o de objetivo de la investigación. La última categoría, objetivo de la investigación, debe provocar que la fiscalía emita una carta (“target letter”) advirtiendo a la persona sobre la posibilidad inminente de radicación de cargos y recordando su derecho a la no autoincriminación. Esto no quiere decir que la persona puede decidir ausentarse a la cita, sino que tendría que ir y, si lo decide, reclamar el derecho en cada pregunta que entienda que debe reclamarlo.
Rivera Martínez dijo que su clienta no ha recibido un “target letter” con relación a la citación. “Fue para simplemente servir como testigo”, subrayó.
Aún cuando solo se le cite como testigo, la persona puede tener un problema si la fiscalía desarrolla evidencia de que mintió en alguna contestación, lo cual puede generar una acusación. La acusación puede ser no solo por mentir al gran jurado, sino también por mentir a agentes del gobierno estatal o federal con relación a esta pesquisa. La Policía ha dicho que entrevistaron a Santiago Sierra y que, entre lo que les dijo, era que sabía de la relación de su esposo con Rodríguez Ortiz y que le había dicho que lo iba a abandonar tras ver unos textos que la víctima le envió a él.
La madre de Rodríguez Ortiz, Keila Ortiz Rivera, ha alegado que su hija y Santiago Sierra se conocían desde edad temprana y que la madre de la hija del boxeador estaba molestando a su hija desde enero pasado. También, se ha publicado un video de una aparente pelea entre ambas mujeres, en presencia de Verdejo Sánchez y de la hermana de Rodríguez Ortiz. Verdejo Sánchez y Rodríguez Ortiz tuvieron una relación sentimental desde la adolescencia en aparente conocimiento pleno de los familiares y de Santiago Sierra, quien tiene 25 años y es madre de la hija de casi tres años de Verdejo Sánchez, Miranda.
Según la acusación federal que lo mantiene expuesto a la pena de muerte, Verdejo Sánchez citó a Rodríguez Ortiz para verla el jueves, 29 de abril, para discutir la prueba que confirmaba su embarazo. Dos días antes, el púgil habría contactado al coacusado, Luis Antonio Cádiz Martínez, un conocido suyo del residencial Luis Lloréns Torres que tiene récord criminal a nivel federal y en el estado de Nueva York. La conversación con Rodríguez Ortiz ocurrió a bordo de una guagua Dodge Ram negra que el boxeador había recibido como parte del arreglo de auspicio que tenía con esa marca.
Según la versión de los hechos del FBI, Verdejo Sánchez golpeó en la cara a su pareja y, con la ayuda de Cádiz Martínez, la drogó, le amarró las extremidades, ató un bloque de concreto al cuerpo, llegó hasta el Puente Teodoro Moscoso, tiró el cuerpo a la Laguna San José y le hizo por lo menos un disparo desde lo alto. Verdejo Sánchez habría pasado la Dodge Ram a su esposa por lo que, al día del asesinato, era el vehículo que ella usaba para su movimiento diario. El licenciado Rivera Martínez declinó contestar preguntas sobre el control de su clienta sobre la guagua.
Que se conozca públicamente, hay dos asuntos pendientes en el caso federal de Verdejo Sánchez, que la fiscalía confirme si va a pedir la pena de muerte en su contra y la postura de la fiscalía de que al boxeador no se le debe pagar su defensa con fondos públicos.
En la primera no hay indicios públicos de por dónde va, pero en la segunda el fiscal Jonathan Gottfried dijo la semana pasada que no objetaba la decisión del juez de asignar representación pagada con fondos públicos pero anotó que la capacidad de tener a un abogado pagado por su familia, adicional a los dos que paga el tribunal, sería “inconsistente” con la representación que hizo de no tener suficientes recursos para sufragar a todo su equipo legal. En una moción el martes, la representación de Verdejo Sánchez dijo que, a la luz de que la fiscalía no presentó una objeción fundamentada, el tribunal debe proceder a desembolsar los primeros fondos para la defensa.
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