Ante Tribunal de Apelaciones alegaciones de que juez favoreció a la jueza Alvarado en un pleito de cobro
La jueza del caso de Andrea Ruiz Costas y su esposo, fueron demandados por no pagar las cuotas de mantenimiento en su urbanización.
El Tribunal de Apelaciones tiene ante sí alegaciones, basadas en transcripciones, de que el juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y recientemente designado al propio tribunal apelativo por el Gobernador, manejó un caso de cobro para favorecer a la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez.
“(Díaz Reverón) abusó de su discreción y mostró parcialidad manifiesta al tratar de forzar una transacción que beneficiaba a la parte demandada e hizo expresiones sobre la persona”, planteó a apelaciones la Asociación de Propietarios y Residentes Ciudad Jardín Bairoa, Inc. (APRCJB), que en 2018 demandó a la jueza y su esposo, José Ulises Dalmau Santiago, por deuda en las cuotas de mantenimiento.
El caso está sometido para decisión del foro intermedio desde marzo del año pasado. Que se conozca, es el segundo caso que ese foro atiende relativo a la jueza Alvarado Rodríguez. En esta ocasión, figura como demandada junto a su esposo. Otra controversia que NotiCel reseñó se trató de una decisión de Alvarado Rodríguez en un caso de violencia doméstica en el que los jueces apelativos le fallaron en contra, señalándole múltiples deficiencias al atender la controversia.
Incluso, Alvarado Rodríguez tiene un tercer caso pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia relativo a un accidente de tránsito en el cual un agente de la Policía alega que ella lo amenazó con su cargo de jueza cuando la detuvo por guiar a exceso de velocidad. La jueza lleva varias semanas en la discusión pública después de que se supiera que fue una de dos magistradas que denegaron solicitudes de protección que hizo Andrea Ruiz Costas en contra de su expareja, quien luego la asesinó y quemó su cuerpo. La otra jueza es Sonia Y. Nieves Cordero.
El caso que atendió Díaz Reverón lo presentó la APRCJB el 29 de julio de 2018, cuando Alvarado Rodríguez llevaba unos dos años como jueza municipal. La corporación de residentes sostuvo que el matrimonio debía $12,240 en cuotas de mantenimiento y $1,224 en cargos por mora, para un total de $13,464. De los documentos surge que la cantidad adeudada era equivalente a no haber pagado ninguna cuota desde que adquirieron la propiedad.
El matrimonio llegó a consignar en el tribunal un cheque de $10,241.72 para atender la reclamación pero, después de un proceso en el que la jueza y su esposo no presentaron ninguna prueba, Díaz Reverón determinó que la cantidad adeudada era solamente $1,005.72 y que no procedía el pago de $5,000 en honorarios de abogado que está incluido en las escrituras de compraventa como un cargo automático que los residentes aceptan si las reclamaciones de cuotas de mantenimiento se convierten en controversias judiciales.
La APRCJB planteó que Díaz Reverón prejuzgó el caso, eliminó evidencia que ya las partes habían aceptado (como la Escritura de Servidumbre que consigna la obligación de pagar honorarios), abusó de su discreción cuando decidió reducir la deuda por concepto de cuotas a pesar de que no había controversia sobre esa cantidad y que los propios demandados la consignaron en el tribunal, dio trato preferente a la jueza y su esposo al ayudar a su abogado a interrogar a los testigos de los demandantes y mostró parcialidad al tratar de forzar una transacción.
Según las transcripciones que presentó la parte demandante, Díaz Reverón en cierta instancia instruyó al abogado del matrimonio a que no sentara a declarar a la jueza Alvarado Rodríguez. “Ese esposo va a hablar por la sociedad legal de gananciales y en representación de su esposa”, le dijo el juez al licenciado Héctor Crespo Millán, aún cuando Alvarado Rodríguez y su esposo tienen capitulaciones, por lo que no existía una sociedad legal de bienes entre ellos y de que habían sido demandados y emplazados cada uno en calidad personal.
“[S]i ustedes borran lo que ha pasado hasta ahora, y se sientan, yo creo que eso es un caso que no tiene que llegar a juicio. ¿Sabes? No tiene que llegar a juicio. Verdaderamente, yo… es el típico caso, y… y uno ve quiénes son las… uno no resuelve por quiénes son las personas. Pero a veces el uno resolver, usted es el que ve… pues, puede tener un efecto. Un poquito. Que uno no quisiera”, dijo Díaz Reverón en un extracto que los demandantes presentaron como que indica parcialidad a favor de Alvarado Rodríguez.
“[E]s un vecino, o sea, que no es un particular, es un vecino. Usted no sabe si mañana ese vecino le puede resolver el problema de su vida. ¿Verdad? Y usted, pues, tiene que tran… tiene que bregar aquí”, dijo en otro momento de la vista el juez a la vez que reconoció el esfuerzo de los demandados para conseguir los $10,042 que consignaron en el tribunal. “Sabes, 10,042 dólares. Ok, pasaron yo no sé cuánto, cuánto, eh, eh, tiempo, pero, conseguir 10,042 dólares…”, comentó a lo que el abogado de la jueza contestó “no compete pero ha sido con mucho, mucho esfuerzo”.
“[Y]o me mudé, yo vivo en una casa reposeída que a uno le duele una familia completa que vivían en esa casa. Cuando me mudé la pri… abrí una puerta que tenía un boquete y yo dije: ‘El coraje, un puño, le metieron y rompieron una puerta”. Sabe Dios… sabes, los sacrificios que pasan, pierden las casas las personas, caramba… O sea, yo prefiero ver caso de delincuentes, de asesinos, a tener que ver un acaso donde yo tenga que decir a una persona: ‘Tenemos que lanzarla porque no pagó hipoteca porque se quedó sin trabajo’. Es que es real. Uno no sabe cuándo uno va a estar uno en la rueda de abajo”, dijo Díaz Reverón en otro momento de la vista.
NotiCel ha reseñado que Díaz Reverón tiene un historial de demandas de cobro antes de ser juez y hasta poco después de su nombramiento. Específicamente, en 2007 enfrentó demanda de ejecución de hipoteca y en 2010 un pleito por atraso de $18,541.61 en el pago de cuotas de mantenimiento en su residencia de Ciudad Jardín I, que es la misma alegación que enfrentaban Alvarado Rodríguez y su esposo. Aunque tienen nombres similares, Ciudad Jardín I y Ciudad Jardín Bairoa son complejos distintos con asociaciones de residentes que no tienen que ver entre sí.
Después de que Díaz Reverón emitiera sentencia bajándole la deuda a la jueza Alvarado Rodríguez y su esposo, la APRCJB sostuvo al Apelativo que “la parte demandante logró demostrar su caso por la totalidad de la cantidad reclamada”. “Por su parte, la parte demandada no presentó prueba alguna. Por lo tanto, procedía dictar sentencia por la totalidad reclamada”, añadieron.
La representación legal del matrimonio Alvarado Rodríguez y Dalmau Santiago dijo, de otro lado, que “los demandados intentaron dar por culminada la controversia aún cuando fuera en detrimento de sus intereses, sin embargo, la contumacia de la parte demandante y su afán por no ceder llevaron a la celebración del pleito que hasta el último momento se intentó por la parte demandada transar… la parte demandante siempre trató de imponer sus términos y nunca aceptó ninguna de las condiciones solicitadas por los demandados, por lo que el acuerdo era uno totalmente unilateral”.
“[E]s de gran preocupación para esta parte las alegaciones frívolas y sin fundamento donde se pretende atacar la imagen y verticalidad del juez (Díaz Reverón) por dictar un veredicto que en derecho fue de acuerdo a la prueba, sin pasión, prejuicio ni parcialidad”, añadieron al defender “la verticalidad e imparcialidad del Honorable Juez de Primera Instancia”.
En un caso separado, pero que surge de la misma controversia, después de la sentencia de Díaz Reverón, la jueza y su esposo demandaron a la APRCJB para que les restableciera sus sellos de acceso de residentes y las llaves de las áreas recreativas del complejo que, por reglamento, se les habían suspendido debido a su deuda. La asociación decidió restablecer los accesos en lo que se resolvía la apelación y la pareja se allanó a la solicitud de desistimiento con perjuicio. Este caso estuvo ante otro juez superior de Caguas, no Díaz Reverón.
Vea:
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