Suplidor de Texas hace la movida después de más de dos meses de radicada la demanda.

Tras más de dos meses de radicado el pleito, y después de que el Tribunal de Primera Instancia les anotara la rebeldía por incomparecencia, la empresa Texas Armoring Corporation (TAC) solicitó el auxilio del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que sea ese foro el que atienda la demanda de cobro que le presentó el Gobierno de Puerto Rico por la guagua blindada que se le ordenó para el uso del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El 1 de marzo pasado el Departamento de Justicia (DJ) anunció que presentó demanda contra TAC y su principal ejecutivo (CEO), Ronald Trent Kimball, por nulidad y cobro de lo indebido en el trámite para la Chevrolet Suburban blindada que La Fortaleza procuró en medio de la emergencia del huracán María para el uso de Rosselló Nevares.

La compra del vehículo fue revelada en julio de 2018 en el programa Jay y sus Rayos X. La orden de compra totalizó $245,000 y los costos desglosados eran $86,950 como costo base de la Chevrolet Suburban, $85,000 por el blindaje que recomendó el Departamento de Seguridad Pública bajo Héctor Pesquera, equipo adicional por $41,650 y un paquete de lujo que le sumó $58,950.

Según la demanda, el exdirector de la Oficina del Gobernador, Raymond Cruz, y el exadministrador de La Fortaleza, doctor Luis A. Martínez Suárez, fueron los funcionarios públicos a cargo de la compra.

El vehículo nunca fue entregado y, en sus únicas declaraciones públicas hasta ahora, Trent Kimball dijo en junio de 2020 que no hubo malversación de fondos pero sí “múltiples cambios de quién era nuestra persona de contacto (en el gobierno), numerosas solicitudes para paralizar la producción y requerimiento de cambios en las especificaciones de manufactura”. “El vehículo será entregado tan pronto las especificaciones de manufactura sean clarificadas por el gobierno puertorriqueño. En nuestra opinión, esta situación es resultado de un liderato gubernamental pobre y una pesadilla burocrática”, añadió el ejecutivo.

La demanda del DJ pide la nulidad del contrato y devolución del dinero pero, desde la radicación, la empresa no había comparecido por lo que, después de que el gobierno evidenció los intentos de emplazamiento, el juez Raúl A. Candelario López decretó la rebeldía el 27 de abril.

Luego, en su primera comparecencia, la compañía y Trent Kimball pidieron el traslado al Tribunal Federal el 6 de mayo. Esta solicitud tiene que ser evaluada por un juez federal que puede decidir acoger el caso o devolverlo al foro estatal.

En su solicitud de traslado al foro federal, la empresa y Trent Kimball no entran en los méritos de lo que sería su defensa sobre la alegada nulidad del contrato y el cobro. Lo que argumentan es que la empresa fue debidamente emplazada a través del Departamento de Estado pero el ejecutivo no ha sido emplazado. Como parte del emplazamiento, añaden, TAC tenía hasta el 7 de mayo para contestar la demanda, pero el juez les anotó la rebeldía ilegal y prematuramente. La controversia sobre el emplazamiento del ejecutivo, sin embargo, quedó relevada en la solicitud federal ya que la misma es conjunta, de la empresa y del ejecutivo, para que el caso se dirima en ese foro y no en el tribunal estatal.

Los licenciados Julián Rivera Aspinall y José M. Sarró representan a TAC y a su CEO.

Vea:

Guagua blindada para Rosselló fue evaluada durante emergencia de María