El Tribunal de Apelaciones señaló en 2017 fallas de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez que se reflejaron en su manejo del caso Ruiz Costas en 2021.

Prisa en ver los casos, aparente incapacidad para considerar que violencia doméstica es más que solo daño físico, falta de respeto a las partes en el proceso, descartar testimonio que nadie contradijo, no evaluar toda la prueba posible, antagonismo desde el estrado y ánimo prejuzgado.

Esos elementos no solamente han sido resaltados en la forma en que la jueza municipal de Caguas, Ingrid D. Alvarado Rodríguez, atendió el 26 de marzo la denuncia criminal por violencia doméstica que promovió Andrea Ruiz Costas en contra de una expareja que la asesinó un mes después. Son también determinaciones que el Tribunal de Apelaciones hizo en contra de la misma jueza en 2017, como parte de un caso en el que se solicitaba una orden de protección a favor de los hijos menores de edad de una mujer que, en ese momento, era víctima de violencia doméstica.

A pesar del lenguaje directo y claro que los jueces apelativos usaron para señalar las actuaciones indebidas de la jueza Alvarado Rodríguez en ese caso, no se conoce de ninguna amonestación o intervención que el Poder Judicial haya hecho para ajustar la conducta de la togada y, de hecho, cuatro años después, seguía atendiendo, como jueza municipal, los mismos recursos de órdenes de protección y violencia doméstica que atendía cuando le llamaron la atención.

El martes, NotiCel solicitó al Poder Judicial conocer cualquier medida disciplinaria que haya enfrentado Alvarado Rodríguez, pero todavía no han contestado. Tras conocerse lo que pasó con Ruiz Costas, la jueza, que es cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau, está temporeramente relevada de atender controversias de violencia doméstica.

“Yo fui víctima de esa jueza y me atrevo a hablarlo porque yo pude haber sido igual que Andrea, yo sé cómo se sintió Andrea cuando salió de ese tribunal... yo dejé de creer totalmente en la justicia, después de esa jueza, yo dije ‘¡ya no!’”, se expresó la solicitante de la orden de protección en el caso de 2017, quien accedió a divulgar su experiencia y la sentencia con la condición de no revelar detalles de las alegaciones porque, al día de hoy, la relación coparental con su expareja es armoniosa y los hijos disfrutan de la presencia en sus vidas de su padre y madre.

Igual que ocurrió esta semana cuando NotiCel divulgó el audio de la vista de causa para arresto contra el posterior asesino de Ruiz Costas, los jueces de apelaciones fallaron en contra de la jueza Alvarado Rodríguez después de escuchar en dos ocasiones las grabaciones de las vistas relacionadas a la solicitud de orden de protección a favor de los menores.

El panel estuvo integrado por los jueces Fernando Torres Ramírez, Aida Nieves Figueroa, quien escribió la sentencia, y Abelardo Bermúdez Torres, quien emitió voto disidente sin explicar sus razones.

“Todos merecen respeto en la corte, no solamente el Tribunal”, resumió el panel apelativo sobre la conducta de Alvarado Rodríguez al consignar que, “habiendo escuchado en dos ocasiones distintas las grabaciones de los procedimientos, es forzoso concluir que los planteamientos formulados por (la representación legal de la solicitante de la orden) están respaldados por la verdad”. “[E]l antagonismo que denuncia (la representación legal de la solicitante), real o no, también fue percibido por el Panel”, confirmaron.

La solicitante del caso de 2017 escuchó la grabación de Ruiz Costas con asombro.

“Andrea se sintió como que tenía que avanzar (en su testimonio) y yo me imagino la cara de la jueza, ¡sabe Dios si la jueza tenía la cara que tenía conmigo!… la jueza miraba el reloj cuando nosotros hablábamos, miraba para la pared… en el rostro de ella denotaba a toda distancia que no le importaba lo que sucedía en esa sala, para nada”, recordó al confesar que se sintió intimidada por Alvarado Rodríguez al prestar su testimonio, el cual, igual que el de Ruiz Costas, nadie rebatió pero que, de todos modos, igual que con Ruiz Costas, la jueza le falló en contra.

La solicitante había tenido que obtener múltiples órdenes de protección antes de llegar a la vista con Alvarado Rodríguez y, al comparar los jueces que la habían atendido, tanto hombres como mujeres, dijo que “ellos me creyeron… yo me sentía protegida, yo obtenía lo que estaba buscando, protección, pero con ella no”.

Según la sentencia de Apelaciones, que consiste casi totalmente en transcribir las grabaciones de las vistas, Alvarado Rodríguez llegó a la primera vista diciendo que, de todos los asuntos que se le pedía resolver, solamente iba a atender uno porque “tenía 21 casos en calendario” y que el asunto que iba a atender en ese momento “no le iba a tomar todo el día”. En otra vista, que empezó a las 9:00 am, la jueza le dijo a las partes que tenía que terminarla para las 10:00 am y, en otra instancia, “la juez indicó que estaban ‘cortos de tiempo’ y estando (la representación de la solicitante) en plena argumentación, el Tribunal decretó un receso” y “nunca resolvió el planteamiento”, lo cual el panel calificó de “impaciencia”.

En el caso de Ruiz Costas, la jueza también increpó al policía el por qué presentaron el caso casi a las 8:00 pm.

El ajoro con el que trató a la representación de la solicitante contrasta con la forma en que trató a la representación del padre, a quien la jueza le dijo que podía examinar documentos “con calma”, “que no tenía prisa”. Además, dijo le iba a permitir a la representación del padre objetar la prueba “con o sin fundamento”. La jueza también dejó el proceso en suspenso por unas horas para atender un seminario.

En otra similitud con Ruiz Costas, el panel de jueces la amonestó porque no dejó que la representación de la solicitante hiciera una oferta de prueba. “Así de sencillo licenciado, eso es la discreción del tribunal”, dijo Alvarado Rodríguez, a lo que el panel recordó que la discreción no opera en el vacío y que se tiene que sujetar a las reglas, como las de evidencia. En su vista, Ruiz Costas le dijo a la jueza que podía mostrarle los mensaje electrónicos amenazantes que había recibido de su expareja y la jueza ni le contestó.

“¿Qué importa si ha tenido cinco órdenes de protección a los fines de este caso?”, dijo la jueza sobre el historial del padre en el caso de 2017, a lo que Apelaciones le recordó que eso es pertinente cuando se está dilucidando la extensión de una orden de protección. En otro momento, Alvarado Rodríguez atendió en el estrado, y con la grabación corriendo, una llamada del Departamento de la Familia sin compartir el contenido con las partes. “[E]videntemente, la magistrada estaba recibiendo información (del caso) sin que las partes escucharan su comunicación”, en violación a las reglas, observó el panel.

Cuando llegó el momento del testimonio de la trabajadora social, Alvarado Rodríguez le dijo a las partes que el interrogatorio lo haría ella y que solo les permitiría hacer preguntas si entendía que era “meritorio”. La jueza cuestionó la capacidad de la funcionaria al punto de que la trabajadora social pidió una pausa porque se “sentía mal” y necesitó atención de la enfermera del tribunal sin poder terminar su testimonio, teniendo que retomarlo su supervisora. “La trabajadora social se tuvo que salir porque la bajó la presión y la azúcar por cómo la jueza la puso”, recordó la solicitante.

A preguntas de por qué no se querelló contra la jueza, la solicitante expresó que, en ese momento, “mi mente todavía no estaba para eso, había demasiadas situaciones pasando (con su expareja e hijos), pero como el apelativo fue tan específico en todas las fallas que hubo en esa sala, yo supuse que iba a tener unas consecuencias automáticas”. La representación legal de la solicitante recordó que los jueces de apelaciones no hacen referidos éticos contra otros jueces, que solo el Tribunal Supremo puede hacerlo, pero exhortó a la familia de Ruiz Costas a someter una queja ética contra Alvarado Rodríguez porque, “de lo contrario, esto va a pasar de largo”. Al negar las peticiones de los gremios periodísticos y de la madre de Ruiz Costas para divulgar las grabaciones de las vistas de esa víctima, el Supremo no evaluó primero el expediente ni las grabaciones.

Escuchar la grabación de Ruiz Costas sirvió para que la solicitante del caso del 2017 se diera cuenta de que “no fui yo, la culpa que sentí en aquel momento se me fue, no fui yo, fue ella (la jueza) que tiene un problema”.

“Me costó emocionalmente ese caso, mucho, y económicamente también”, se lamentó. “Tienen que haber muchos casos iguales (relacionados a Alvarado Rodríguez), gente que no se atreve a hablar. ¿Cuántas víctimas puede haber porque ella está en una posición que no debe estar?”, planteó.

“¿Usted entiende que Alvarado Rodríguez no está apta para ser jueza?”, inquirimos.

“Para nada. Esa no es su vocación”, contestó.

“Fue un sueño trazado desde que comencé la escuela elemental. Me encanta la toga que utilizan los jueces. Siempre soñé con llevar una”, dijo Alvarado Rodríguez en su informe positivo de nominación aprobado por el Senado el 16 de junio de 2016.

En el mismo documento se le pide que mencione “dos casos o asuntos legales atendidos que considere de mayor importancia”. Ambos implicaron su defensa exitosa de hombres en controversias de menores.

Para ver el informe senatorial de la nominación de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, pulse aquí.