Apelativo atiende con lentitud un recurso de revisión de la defensa relacionado a un cargo menos grave.

El inicio del nuevo juicio contra Pablo Casellas Toro por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón se encuentra detenido a la espera de que el Tribunal de Apelaciones atienda una petición de revisión de la defensa del excorredor de seguros relacionada a un cargo menos grave por informar falsamente un delito.

Ante esta situación, la jueza del Tribunal de Bayamón, Nerisvel Durán Guzmán, señaló una nueva fecha para la celebración de otra vista de estatus para el próximo 22 de junio. La togada tomó la decisión durante una breve audiencia celebrada esta mañana en la sala 504 del juzgado. Como en otras vistas sobre el estado de los procedimientos, Casellas Toro -quien se mantiene bajo arresto domiciliario- no estuvo presente. Tampoco tendrá que acudir a la próxima vista. Hoy, solo se presentaron ante la jueza el abogado Harry Padilla Martínez y la fiscal Janet Parra Mercado.

En una sala poblada de acrílicos y con marcas amarillas en el suelo para garantizar el distanciamiento físico, Padilla Martínez explicó el trámite que su apelación sigue en el foro intermedio, que todavía no ha aprobado la transcripción del caso sometida por la defensa y el Ministerio Público.

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“De un momento a otro debe estar bajando la resolución”, apuntó el letrado.

Una vez, el Tribunal de Apelaciones apruebe la transcripción del juicio celebrado hace siete años, Padilla Martínez podrá someter los alegatos para la consideración del panel de tres jueces, cuya decisión final la defensa de Casellas Toro podría -si está inconforme- elevar al Tribunal Supremo.

“Lo que significa para efectos nuestros, es que estamos en la misma situación de la vista anterior”, indicó la jueza Durán Guzmán.

A manera de justificación y para mantener el récord claro, señaló que Casellas Toro cuenta con un abogado, que atiende el nuevo juicio por los cargos graves y la apelación por el cargo menos grave de mentir al informar un carjacking. En contraste, mencionó que el Ministerio Público se encuentra preparado para ver el caso porque sus apelaciones las atiende la Oficina del Procurador General.

Apuntó que el Tribunal de Apelaciones tenía que atender el reclamo ante su consideración porque de ser revocado el fallo del fenecido juez José Ramírez Lluch ese cargo menos grave -que no incidiría en la imposición de una sentencia- “podría volver aquí”.

El 22 de enero de 2014, un jurado compuesto por 6 mujeres y 6 hombres encontró a Casellas Toro culpable de cargos por asesinato en primer grado, destrucción de prueba y violación a la Ley de Armas en una decisión de 11 a 1. El juez Ramírez Lluch también lo encontró culpable del delito menos grave.

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El entonces convicto apeló el veredicto y el fallo, un proceso que se ha extendido varios años. En medio de la espera por la decisión del Apelativo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que las decisiones de los juicios por delitos graves requerían un veredicto unánime.

A la luz de esta decisión, el 27 de mayo de 2020, un panel del Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto los veredictos de culpabilidad por asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación a la Ley de Armas y ordenó la celebración de un nuevo juicio.

La decisión del Tribunal Supremo federal no se extiende al cargo menos grave, que mantiene paralizado el inicio del nuevo juicio.

Ante este escenario, NotiCel preguntó al abogado de defensa si existía la posibilidad de sumar otros abogados y abogadas al equipo de defensa de Casellas Toro, como ocurrió durante el primer juicio. En esa ocasión, la defensa se componía de tres abogados.

“Hay una posibilidad de que cuando entremos al proceso, se añada representación legal adicional al caso. Esa es una determinación que no es mía. Conforme a los cánones de ética profesional, quien decide si une o no une representación legal -uno lo puede sugerir- pero quien decide si une o no une, es el cliente. Yo no tengo ningún problema en trabajar con otros compañeros abogados”, respondió.

“Desde el punto de vista técnico, ¿existe la posibilidad de que el Ministerio Público desista del cargo menos grave?”, insistió este medio digital.

“Conforme a las Reglas de Procedimiento (Criminal), siempre la facultad de retirar un cargo la tiene el Ministerio Público independientemente en la etapa en que se encuentre puede retirarlo. Eso es así ”, señaló Padilla Martínez.

Pero la fiscal Parra Mercado discrepó de ese análisis y explicó que ese asunto se había discutido con los abogados de la Oficina del Procurador General, quienes concluyeron que el Ministerio Público no contaba con esa discreción por tratarse de una causa adjudicada por un juez. De esta perspectiva, corresponde entonces a los tribunales con facultad de revisión atender el reclamo de la defensa.

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“Eso es un caso que ya está litigado y que ya tiene una convicción y esa convicción se la dio el juez Ramírez Lluch. Si el caso estuviera pendiente a litigarse, yo puedo retirar la denuncia, archivarla, pero ese caso ya el juez Ramírez Lluch tomó una determinación. Ya es final y firme. Yo como Ministerio Público no puedo retirar un caso que ya la persona tiene una convicción”, afirmó

Casellas Toro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 21 de agosto a la espera de la celebración del juicio nuevo. Pagó una fianza de $2 millones y lleva un grillete electrónico. Hasta ese momento, extinguía una sentencia de 109 años por el asesinato de su esposa, un crimen de violencia de género que sacudió al País.