Cómplice de Verdejo con historial criminal en Nueva York y Puerto Rico
El historial quedó consignado después de su primera comparecencia tras la acusación por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz.
Luis Antonio “Tony” Cádiz Martínez, el hombre de 29 años que ayudó al boxeador Félix Verdejo Sánchez en el asesinato de la pareja de este, Keishla Rodríguez Ortiz, el 29 de abril pasado, tiene récord criminal desde los 18 años en Nueva York y violó dos veces la probatoria en un caso federal en Puerto Rico.
El récord criminal de Cádiz Martínez quedó confirmado en una orden que la magistrada Camille Vélez Rivé emitió después de la primera comparecencia del acusado, para justificar que quede preso sin fianza por considerársele un “peligro a la comunidad”.
Vélez Rivé emitió contra Verdejo Sánchez una orden similar con mismo fundamento, aunque el boxeador no refleja el mismo historial que su cómplice y testigo cooperador.
Lo que resalta de la orden de Verdejo Sánchez es que se consigna que “declinó” una entrevista con la Oficina de Probatoria, por lo que su expediente no tiene información verificable de lazos con la comunidad, empleo, educación, lazos familiares, situación financiera o contactos en el extranjero.
Verdejo Sánchez tiene hasta este viernes para someter bajo juramento la información de su situación financiera para que el juez federal Pedro Delgado Hernández determine si continuará recibiendo el beneficio de representación legal pagada con fondos públicos. La fiscalía federal ya anticipó su intención de ofrecer información al juez sobre esa situación financiera.
Tanto Verdejo Sánchez como Cádiz Martínez enfrentan cargos de secuestro con muerte, carjacking con muerte y muerte de un niño no nacido relacionados con el asesinato de Rodríguez Ortiz. Los primeros dos cargos acarrean la pena de muerte pero la fiscalía no ha confirmado que vaya a solicitar dicho castigo. Además, Verdejo Sánchez enfrenta un cuarto cargo por uso de arma de fuego en la comisión de un delito violento. La acusación indica que Verdejo Sánchez pagaría o daría algo de valor a Cádiz Martínez a cambio de su ayuda en el asesinato.
En cuanto a Cádiz Martínez, quien se presume tiene un acuerdo de cooperación con las autoridades federales, su historial criminal habría comenzado en Nueva York a los 18 años (2010) cuando fue procesado, y se declaró culpable, por conducta desordenada y posesión ilegal de armas. No se proveen detalles del incidente.
Además, fue arrestado y procesado a nivel federal en 2012, por distribución de marihuana y uso de arma de fuego en crimen violento en un episodio que involucró a su hermano, a menores de edad y que se llevó a cabo en el residencial Luis Lloréns Torres, de donde es oriundo y donde se compró la droga que se le inyectó a Rodríguez Ortiz en el proceso de asesinarla. En ese caso, violó las condiciones de probatoria dos veces, en 2017 y 2019.
Según el expediente de ese caso, un patrullaje policíaco el 27 de marzo de 2012 a mediodía en Lloréns Torres sorprendió a Cádiz Martínez en posesión de un arma de fuego que, al percatarse de la presencia de los agentes, intentó esconder en sus pantalones y corrió a refugiarse bajo llave en el apartamento 772 del edificio 38 del complejo.
Cádiz Martínez gritó a través de la puerta que no daría paso a los agentes a menos que mostraran órdenes de allanamiento, pero los policías la derribaron y encontraron al hombre, una pareja y un menor de edad, que resultaron ser el hermano, la cuñada y el sobrino del hombre. Cuando llegó una tía del menor a llevárselo mientras los agentes procesaban la escena y la madre le pasó un bulto con las pertenencias del bebé, Cádiz Martínez dijo que “todo lo que está en ese bulto es mío”.
La búsqueda del bulto arrojó una pistola Glock 17 cargada, dos peines adicionales con 20 balas y 28 bolsas de marihuana que Cádiz Martínez aseguró que eran para uso personal porque era adicto, pero que le valió el cargo de distribución de narcóticos.
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Según la declaración jurada de un agente de Seguridad Nacional, Cádiz Martínez desvinculó de delito a su hermano y cuñada pero alegó que necesitaba el arma para protegerse de la ganga “Calle 4” y que ese era su primer arresto. Sin embargo, durante el procesamiento surgió el caso previo en Nueva York.
Cádiz Martínez se declaró culpable en febrero de 2013 y la exjueza federal Carmen Consuelo Cerezo lo sentenció a cinco años de cárcel y tres años de libertad supervisada. En marzo de 2017, violó las condiciones de libertad supervisada cuando la Policía Municipal de Carolina lo arrestó por saltarse una luz roja e irse a la fuga, teniendo en el vehículo un peine de arma de fuego y municiones.
Además, estando en Pennsylvania, admitió a su oficial de probatoria que había usado marihuana. En esa ocasión, la exjueza lo sentenció al tiempo que había servido entre su arresto por la violación de probatoria hasta la fecha de sentencia.
Pero en marzo de 2019 se notificó una segunda violación de probatoria consistente en que arrojó positivo a por lo menos nueve pruebas de dopaje, incluso después de que se le diera oportunidad de tratamiento antidrogas. El oficial de probatoria subrayó el bajo nivel de compromiso que tenía con su tratamiento y su “ausentismo continuo”. En esa ocasión, Cerezo lo sentenció a seis meses de cárcel y 12 meses de libertad supervisada. Ese término de libertad supervisada debió terminar en octubre de 2020.
Estos elementos de violencia, uso de drogas y violaciones a probatoria, así como la “falta de empleo estable”, abonaron a la decisión de Vélez Rivé de dejarlo preso en este caso más reciente por ser un “peligro a la comunidad”.
En su vista inicial, el acusado dijo que tiene escolaridad hasta el décimo grado y que el lunes comenzó una evaluación de salud mental como parte de la más reciente acusación que enfrenta.
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