El Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico mantienen luchas judiciales por la divulgación de las vistas en las que Andrea Ruiz Costas buscó protección contra su agresor, quien luego la asesinó.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) se opuso a que se divulguen editadas las grabaciones de los procesos judiciales en los que Andrea Ruiz Costas intentó tener protección de una expareja quien luego la asesinó, y condicionó la divulgación a que se ofrezcan garantías de que las dos juezas involucradas no serán procesadas o a que se espera a la culminación de cualquier proceso disciplinario al que puedan ser sometidas.

Las expresiones de la APJ ocurren después de que la madre de Ruiz Costas, Olga Esther Costas Rodríguez, suscribiera una declaración jurada el viernes en la que solicitan que se le den las grabaciones “con el propósito de que se conozca la verdad de lo acontecido ante el Tribunal de Caguas”.

“Habiendo fallecido mi hija víctima de asesinato, es imposible su revictimización. Sin embargo, la divulgación de las grabaciones en este caso sería clave para la fiscalización del trámite de casos tan sensitivos como aquellos relacionados con la violencia de género. Además, les ofrecería confianza a las mujeres en esas circunstancias, de que su caso se atenderá con deferencia y sensibilidad”, concluyó.

Con esa declaración jurada como suplemento, el Overseas Press Club (OPC) radicó hoy ante el Tribunal Supremo una solicitud para que reconsideren su decisión de la semana pasada en la que, mediante votación 5-3, denegaron la divulgación de las grabaciones de las tres ocasiones en que Ruiz Costas recurrió al tribunal el 25, 26 y 31 de marzo de 2021.

El OPC también pide la paralización de una vista señalada para mañana ante el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, que responde a una solicitud separada de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) para que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) o el Departamento de Justicia entreguen copia de las grabaciones bajo la Ley 141 de Transparencia. El juez ordenó que a la vista, que se realizará de manera presencial, comparecieran los familiares de Ruiz Costas, a lo que la ASPPRO respondió en una moción esta mañana que es innecesario a la luz de la declaración jurada de la madre de la víctima.

En su moción urgente, la ASPPRO le recuerda al tribunal que este fin de semana la familia de Ruiz Costas pasó por el proceso de su velatorio y entierro y que “con el fin de evitar una potencial revictimización de la madre de la peticionaria-víctima y en un acto de prudencia y solidaridad en estos momentos tan sensitivos, solicitamos que se releve a la madre de Andrea Ruiz Costas de comparecer a este proceso administrativo, así como a cualquier miembro de su familia”. Además, piden que, a la luz de la declaración jurada, las grabaciones deben ser entregadas íntegras y no suprimiéndole las partes sensitivas del testimonio de la mujer.

“Editadas no, completas. Si lo van a hacer (divulgar los audios) que sea en su totalidad, y no aquellas partes que no fueron utilizadas por la Jueza para la toma de su determinación judicial”, reaccionó el presidente de la APJ, el juez apelativo, Carlos Salgado Schwarz.

“Una vez la (OAT) certifique que no va a investigar a las Juezas de este caso, o si lo va a hacer, que hayan notificado el resultado final de su investigación, no tenemos reparo a que se divulgue el audio completo, sin editar, de la Vista de Determinación de Causa para Arresto del viernes, 26 de marzo de 2021”, añadió sin incluir en su declaración una vista previa en la que Ruiz Costas solicitó una orden de protección sin éxito y una orden posterior en la que desistió de solicitar la orden.

Salgado Schwarz puntualizó que nadie pidió revisión de las determinaciones que hubo en la solicitud de orden protectora ni en la vista de arresto por violencia doméstica. “Al día de hoy, ninguna de las juezas ha sido notificada de ninguna queja presentada en su contra, ni de investigación formal alguna en cuanto a su proceder (en estos casos)”, dijo también. La solicitud de orden de protección, un proceso civil, la atendió la jueza Sonya Nives Cordero y la vista de causa para arresto, un proceso penal, la atendió la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Por su parte, el OPC plantea en su solicitud de reconsideración al Supremo que hay una presunción de apertura en los procesos judiciales que, para poder revertirla, se tiene que hacer en el momento en que se está realizando el proceso que se quiere convertir en confidencial y no, como en este caso, semanas después de realizado el proceso cuando ya están cerrados y la solicitante está muerta. Recordaron, igual que los jueces disidentes en la decisión de la semana pasada, que ninguna parte de la Ley de la Judicatura o la Ley de Violencia Doméstica decreta confidenciales esos procesos.

“La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54-1989, según enmendada, nos recuerda en su exposición de motivos que, en última instancia, lo que busca es el ‘desarrollo del sentimiento de autoestima y auto-afirmación en las personas que se encuentren ante situaciones de maltrato’. No busca que se avergüencen de buscar ayuda y relatar lo que les ha pasado, es sacar del clóset al criminal y dar publicidad a lo ocurrido”, argumentaron sobre la posición de la mayoría de que la divulgación de las grabaciones revictimizaría a Ruiz Costas y evitaría que otras mujeres buscaran ayuda.

“Es el manto de secretividad y vergüenza lo que permite que los perpetradores de la conducta criminal se salgan con la suya, y las víctimas sientan que son culpables y quieran permanecer en las tinieblas de la intimidad”, apuntalaron.

“Puerto Rico reclama justicia, que la conducta criminal de violencia contra la mujer no quede impune. De nada sirve toda la orientación, toda la intervención y toda la indignación, si el Poder Judicial no se mueve al paso de los tiempos. Esto no es una crítica, porque esa es la naturaleza de los gobiernos, reaccionar a los cambios en su ciudadanía, y siempre se dan luego de que la ciudadanía ya ha asimilado y reclama el cambio. Es un llamado a la introspección, porque Puerto Rico reclama fiscalización”, plantearon.