El boxeador ya tiene un embargo sobre su residencia en Trujillo Alto por préstamo que no pagó.

En momentos en que tiene que certificar su situación financiera ante el Tribunal Federal como parte del caso de pena de muerte que enfrenta desde la semana pasada, el boxeador Félix Giomar Verdejo Sánchez mantiene una disputa legal con su exmanejador y tiene una orden de embargo contra su residencia por no pagar un préstamo.

El viernes, el juez Pedro Delgado Hernández ordenó que para el 14 de mayo Verdejo Sánchez debe completar un formulario so pena de perjurio en el que divulga su situación financiera para que el tribunal se convenza si debe ser acreedor de que el estado le pague dos de sus tres abogados, incluyendo el abogado especializado en pena de muerte y todos los gastos relacionados con su defensa. La fiscalía federal se ha reservado su derecho a presentar evidencia sobre la condición financiera del boxeador para impugnar esa designación de representación de oficio.

Verdejo Sánchez y su supuesto cómplice, y testigo cooperador, Luis Antonio Cádiz Martínez, enfrentan cargos de secuestro con muerte, carjacking con muerte y muerte de niño no nacido relacionado con el asesinato de la pareja extramarital del boxeador, Keishla Rodríguez Ortiz. Además, Verdejo Sánchez tiene un cargo por uso de arma en la comisión de un crimen violento. Ambos se exponen a la pena capital.

En el registro de corporaciones del Departamento de Estado, Verdejo Sánchez aparece como persona encargada de la empresa con fines de lucro MV Sports LLC, creada el 20 de enero de 2020, pero que no ha reportado todavía su estado financiero. Otra entidad que aparece a nombre de Verdejo Sánchez es El Diamante Verdejo Inc., creada en mayo de 2013 pero cancelada en octubre de 2015.

También, en el registro existe Diamante Promotions LLC, una empresa con fines de lucro creada el 3 de marzo de 2015 por el exmanejador del boxeador, Ricardo Márquez García. Según una demanda que está pendiente desde el 13 de agosto de 2019, Verdejo Sánchez no conocía de esa empresa pero la misma organizó una cartelera el 25 de abril de 2015 en el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, en la cual Verdejo Sánchez cumplió con un combate a 10 asaltos contra Marco Antonio López.

La demanda fue enmendada para añadir la alegación de que la dualidad promotor/manejador que cumplió Márquez García en esa cartelera violenta el estatuto federal Professional Boxing Safety Act que prohíbe que un manejador tenga interés financiero, directo o indirecto, en la promoción de un boxeador.

La reclamación de la demanda contra el exmanejador es que el contrato que Verdejo Sánchez firmó siendo menor de edad, pero representado por sus padres, es nulo por violentar el Reglamento de Boxeo Profesional de la Comisión de Boxeo y la ley federal de Reforma del Boxeo de Muhammad Ali que limita a 4 años la duración de los contratos entre boxeadores y manejadores.

Contrario a esto, el contrato de Verdejo Sánchez dispone un término de duración base de cuatro años, pero tiene extensión automática de 12 años que prolonga su vigencia por 16 años. Además de ese término de 16 años, si Verdejo Sánchez ganara un “título mundial”, ocurre otra extensión de 16 años. Durante todo el tiempo de las extensiones, Verdejo Sánchez estaría sujeto a los términos iniciales sin poder renegociar.

“El término del Contrato de Manejo y las extensiones que contiene el mismo son abusivas y contrarias a derecho. Exceden cualquier grado de razonabilidad y el término máximo permitido bajo el Reglamento de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico”, alega la demanda que presentó el licenciado Félix A. Colón Serrano.

El exmanejador respondió a la acción legal con una demanda contra terceros para traer al caso a la Comisión de Boxeo y el Departamento de Recreación y Deportes bajo el argumento de que el reglamento es inconstitucional, pero el juez Ismael Álvarez Burgos desestimó esa parte del pleito concluyendo que el reglamento es cónsono con la ley federal y que sus regulaciones “no son arbitrarias ni caprichosas, sino que fueron concebidas para contrarrestar Ia explotación, los conflictos de intereses y el abuso en la contratación”. Márquez García recurrió al Tribunal de Apelaciones por ese aspecto de la resolución del caso y, actualmente, esa parte del caso está paralizada pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva una controversia que surgió sobre si el exmanejador había recurrido a tiempo o no a Apelaciones. Otra parte del caso está pendiente de descubrimiento de prueba y, de hecho, a la fecha del arresto del boxeador ni él ni su exmanejador habían sido depuestos.

En otro pleito que involucra al boxeador, y que ya está terminado, la cooperativa Caribe Federal Credit Union lo demandó por cobro el 14 de mayo de 2019 porque no había pagado un préstamo personal de agosto de 2016 por $11,303.41 que con los cómputos de mora y otros cargos llegó a una deuda de $14,129.26.

El 30 de mayo, el abogado de la cooperativa y Verdejo Sánchez, quien compareció sin abogado, indicaron al tribunal conjuntamente que habían llegado a un acuerdo para que el púgil cumpliera con la deuda pagando $5,000 en un solo plazo, y el resto en plazos mensuales de $5,000 hasta cumplir.

Pero el 29 de enero de 2020, la cooperativa tuvo que volver al tribunal para notificar que Verdejo Sánchez solo cumplió el primer plazo y dejó de pagar el resto, por lo que solicitaron, y la jueza Diana Z. Pérez Pabón concedió, un embargo contra la residencia del púgil en el complejo Encantada de Trujillo Alto.

Según el Registro de la Propiedad, Verdejo Sánchez pagó $330,000 por la casa en marzo de 2016 mediando una hipoteca con Preferred Mortgage.

El formulario que debe llenar Verdejo Sánchez para acreditar su condición financiera le obliga a divulgar si tiene empleo, cuánto gana mensual, si va a poder seguir en el empleo después de la acusación, una lista de propiedades y su valor, cantidad de dinero en cuentas bancarias, cuántos dependientes financieros tiene, y desglose de sus obligaciones económicas en algunas categorías, entre otros detalles.