Abogada practicante en el área de violencia doméstica expone su asombro por el manejo del tribunal en el caso de Andrea Ruiz Costas.

Mientras el Poder Judicial se enfrasca en una serie de medidas, movimientos de personal y pronunciamientos sobre la violencia doméstica, una abogada con 15 años de práctica representando a sobrevivientes de maltrato que buscan ayuda en los tribunales recomendó dos medidas sencillas que se pueden implantar de inmediato: que las sobrevivientes no tenga que sufrir “soledad” en esos procesos y que cada juez que vaya a resolver una solicitud de orden de protección o un caso criminal de violencia doméstica esté especialmente adiestrado en el tema.

Las expresiones de la licenciada Verónica Rivera ocurren en el contexto de las revelaciones sobre cómo el Poder Judicial trató a la joven de 35 años, Andrea Ruiz Costas, en las tres ocasiones en las que compareció al Tribunal de Caguas para intentar, primero, conseguir una orden de protección y, luego, denunciar criminalmente a su expareja. En ningún intento tuvo éxito y, semanas después, Miguel Ocasio Santiago la mató y luego quemó su cuerpo abandonándolo en Cayey.

“Pienso que fue un tsunami, todas las cosas que podían ir mal, se dieron. Todo lo que le ha pasado a Andrea yo lo he vivido (con las sobrevivientes), pero no me había topado con un caso en que todo pasara”, aseguró Rivera, quien confirmó lo inexplicable que es, desde el punto de vista del derecho y la práctica, que un remedio como la orden de protección “ex parte”, no se le conceda a la víctima con la excusa de que hay que escuchar primero al supuesto agresor, como le sucedió a Ruiz Costas cuando solicitó su orden de protección.

El término “ex parte” significa que el tribunal puede emitir el remedio después de escuchar a solo una de las partes, y no tiene que esperar a escuchar a otra parte. “Si a mí viene una persona y me pregunta, ¿una ex parte la pueden dejar en suspenso en lo que escuchan a la otra parte? Yo tengo que decirle que no, que se da, o no se da. Para eso es que es ex parte. O se cumplieron o no se cumplieron (los criterios), pero no puede ser que si cuando escuche a la otra parte no me da una historia mejor, entonces te la doy”, argumentó.

Rivera confirmó que, en la práctica y en el derecho, no se requiere que esté un fiscal presente en el proceso para una orden de protección “ex parte” de emergencia. De hecho, podría ser solo la solicitante de la orden y el juez. “En ese momento es cuestión de tener un juzgador que entienda la Ley 54 (de violencia doméstica) y que tenga la capacidad de entender a un sobreviviente… A mí se me hace bien difícil pensar en un escenario en que no se debe expedir (una orden de protección) si la persona dice que está bajo un patrón de violencia doméstica”, subrayó.

Vea: Conspiración de silencio en el Poder Judicial sobre el manejo del caso Andrea Ruiz Costas

En una grabación que le dejó en el teléfono a una amiga, Ruiz Costas exclamó que “[…] la jueza, la que me tocó de jueza por la noche ella estaba hasta encab... por la hora en que se había empezado a radicar el caso, que se yo qué ni que. Y el agente dijo mire, ella llegó aquí a las tres. Fuimos a fiscalía, entre aquí, entre que llegaron los acusado a entrevistarlo, conseguirla a usted. Y yo creo que en verdad ella dió no causa porque ella lo que estaba era hastiá. Tenía una careta. Ella estaba peleando con nosotros por la video llamada. Así que pues nada, este pues, que sea lo que Dios quiera. Que esto me sirva de lección".

La fiscal de Distrito de Caguas, Aracelis Pérez, quien escuchó las grabaciones de las vistas, y el policía Ernesto Zayas, quien acompañó a Ruiz Costas en parte del proceso, confirmaron ambos que la actitud de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez fue tal y como lo relató la víctima a su amiga. Alvarado Rodríguez es cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, emitió el lunes una orden para prohibir, so pena de desacato, la divulgación de las grabaciones o su contenido. El Overseas Press Club compareció ayer ante el Tribunal Supremo para solicitar acceso a las grabaciones.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que estuvo comentando sobre el caso hasta que salieron estas grabaciones de Ruiz Costas, había justificado que en una de las vistas la mujer desistió de procesamiento contra Ocasio Santiago y que ni la mujer ni el Ministerio Público habían buscado que las determinaciones judiciales fueran revisadas. Después de la divulgación de las grabaciones de Ruiz Costas a su amiga, la entidad que representa a los jueces indicó que no harían más expresiones del tema.

“Me parece una posición bien cínica, la persona sola no sabe nada de apelar o ir en alzada”, ripostó Rivera. “Andrea no tuvo un break en los tribunales, no sé por qué. El esfuerzo de Andrea de ir varias veces a buscar un remedio es un esfuerzo extraordinario que solamente las personas que lo han tenido que hacer saben lo difícil que es. El sistema expulsó a Andrea del proceso, ella no desistió, la expulsaron”, afirmó.

Sobre los anuncios de la Jueza Presidenta, Maite Oronoz Rodríguez para evaluar cómo los tribunales están manejando los casos de violencia doméstica, Rivera planteó que “yo recibo muy bien que la Rama Judicial, ante un evento como este, tenga acciones y que se note que no es cualquier cosa, pero tienen que tomar en cuenta lo que decimos las defensoras, que somos las que estamos aquí, y a las sobrevivientes”. Anotó también que “le debemos a Andrea” que la revisión de los jueces que manejan casos de violencia doméstica no sea solo en Caguas, a donde acudió Ruiz Costas, sino en todas las regiones judiciales.

En reconocimiento a los retos de recursos que enfrentan los tribunales, igual que otros componentes gubernamentales, Rivera recomendó dos medidas inmediatas que pueden tener impacto real.

Una es “asegurándonos que no haya soledad en el proceso, que la sobreviviente no esté sola, que haya sido acompañada por una persona que conoce el proceso, que le haya explicado y le haya dicho cómo dar un buen testimonio”. Para esto, apuntó que se puede tener una línea telefónica 24/7 donde la persona sobreviviente de maltrato pueda orientarse antes de acudir a solicitar una orden de protección de emergencia. Lo segundo sería que “todo juez que vaya a tener casos de violencia doméstica haya sido capacitado específicamente en violencia doméstica”, porque, en estos casos, si el juez se mantiene como un ente pasivo, lo que puede ocurrir es una injusticia.

Para ver la solicitud al Supremo, pulse aquí.

Como la persona usualmente está sola frente al juez haciendo su relato, Rivera explicó que se requiere que ese juez sea activo y apropiado en las preguntas que hace para obtener toda la información que necesita para evaluar la solicitud de orden. Esto, a la luz de que las sobrevivientes pueden ser personas descompensadas emocionalmente, nerviosas, con dificultades previas para comunicarse o articular su versión de los hechos y con preconcepciones de lo que no se puede hacer en un tribunal. “Las sobrevivientes se creen que hasta ni pueden hablar malo en el tribunal”, ilustró.

Rivera añadió que las salas especializadas en violencia doméstica funcionan y tienen una gama apropiada de recursos para atender a la sobreviviente, pero no existen en todas las regiones y tienen un horario de operación limitado.

“No puede ser que dependiendo de donde tú vivas, y a la hora que vayas, tengas mejor trato y más servicio. (La diferencia) es estar completamente sola, o tener toda una batería de profesionales para ayudarte”, explicó.

Aunque en el fin de semana dijo que ordenaría una evaluación específica del caso de Ruiz Costas, la Jueza Presidente emitió el martes una orden indicando que el Grupo de Trabajo en casos de Feminicidios tendría 45 días para hacer su evaluación y tiene una encomienda amplia, pero limitada a que sea “sin menoscabo del ámbito de discrecionalidad inherente al trabajo judicial y de la importancia de respetar el principio de independencia judicial”.

El grupo está compuesto por la exjueza Aleida Varona Méndez, quien lo preside, y los jueces activos Janette Perea López, William Machado Aldarondo, Raiza Cajigas Campbell y Juan Vera Rivera.

Para ver la orden sobre el Grupo de Trabajo en casos de Feminicidios, pulse aquí.