Los señalamientos se refirieron al desempeño durante el 2020 bajo la Administración Vázquez Garced.

El cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con el Plan de Acción de Cumplimiento Conjunto (PACC) para la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de Salud cayó en 2020 a su nivel más bajo desde que ocurre la monitoría federal en el caso judicial que comenzó en 1999.

La Oficina del Monitor Federal (OMF) presentó el viernes su quinto Informe Semianual de Situación en el caso y apuntó a que la pandemia y los terremotos no fueron la única causa para los retos del año pasado, sino también el “enfoque litigioso del (gobierno) en el manejo del decreto de consentimiento con la intención de anular el mismo, incluyendo los deberes de la OMF y en ocasiones las directrices de la Corte, la mayoría relacionados a asuntos sobre acuerdos que fueron alcanzados con el consentimiento de las Partes”.

Específicamente, los oficiales de Salud durante la Administración Vázquez Garced “proyectaron una reticencia visceral y profundamente enraizada a implementar cualquiera de sus compromisos, según contenidos en el Decreto de Consentimiento”.

De hecho, “se suspendieron casi todas las comunicaciones con la Oficina del Monitor”, subraya el documento del monitor Alfredo Castellanos. “La anterior Administración prefirió intercambios adversariales y contraproducentes a través de sus abogados, que nunca habían visitado un hogar comunitario o centro diurno”, donde viven o reciben tratamiento los participantes del programa de discapacidad intelectual. Esa representación era el bufete McConnell Valdés, que fueron relevados de este caso y también del caso de la Reforma de la Policía, ambos sometidos a la sala del juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí.

“[E]l nivel de cumplimiento general de la DSPDI disminuyó de 24% a 9% en comparación con el Informe de septiembre de 2019 del JCC, siendo este el nivel de cumplimiento más bajo desde la aprobación del JCAP”, concluyó el documento.

El informe muestra “optimismo” con que el próximo informe semianual refleje la “colaboración” que están recibiendo de la nueva administración en el gobierno y el Departamento de Salud, de manera que se puedan proveer evaluaciones para áreas que no se pudieron evaluar en el informe radicado, como la condición clínica y de salud mental de la población que recibe servicios.

Para agosto del año pasado, la DSPDI tenía 635 participantes, 96 de los cuales (15%) estaban institucionalizados. Para el 31 de diciembre de 2020, 16 de los hogares comunitarios (26%) tenían hacinamiento, bajo la definición de que tenían más de seis participantes.

En el 2020, el informe registra 26 muertes de participantes, de las cuales 54% sucedieron en instituciones y de esas en las instituciones, 33% ocurrieron en el hogar Shalom de Bayamón, lo cual provocó una recomendación para planificar el traslado de todos los participantes fuera de ese hogar. Además, solo dos muertes se atribuyeron a la pandemia por covid-19.

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