La empresa Ecolift y su dueño demandan a la exjefa de fiscales federales, el fiscal y el agente federal involucrados en los dos casos criminales que le presentaron, y de los cuales salió sin condena.

La compañía Ecolift y su dueño, Ernesto Di Gregorio, contra quienes la fiscalía federal presentó acusaciones de las que fueron absueltos o fueron retiradas, demandaron a la exjefa de fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, al exfiscal Edward Veronda y al agente Iván Serpa alegando que lo procesaron "maliciosamente" y mediante artimañas y violaciones a sus derechos constitucionales.

La acción es de un tipo que se registra pocas veces y que está dirigida a los demandados en su carácter personal. La abogada de Di Gregorio y Ecolift es Bámily López Ortiz, quien representó exitosamente al exagente de inteligencia de fiscalía federal, Francisco Reyes Caparrós, en una acción laboral contra Rodríguez Vélez.

Di Gregorio fue acusado en 2017 y 2018 por varios cargos que surgían de supuestas irregularidades en la venta de helicópteros al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo naves de la Policía y una ambulancia aérea, y por transacciones de helicópteros y piezas con la República Dominicana y Venezuela. Pero uno de los casos terminó en veredicto de absolución en marzo de 2020 y en el otro la fiscalía retiró los cargos sin ir a juicio en septiembre de 2020, cuando ya Rodríguez Vélez estaba de salida por su retiro.

Según las alegaciones, esas actuaciones del gobierno federal estuvieron plagadas de violaciones de derechos constitucionales, incluyendo ilegalidad en la orden de allanamiento de las oficinas de Ecolift, engaño al magistrado que emitió orden de allanamiento, información falsa y engañosa presentada al gran jurado, engaño de los agentes para poder interrogar a personas sin la presencia de abogados, uso de información protegida por el privilegio de abogado-cliente, actuaciones revanchistas y conspiración para violar derechos civiles.

La demanda no plantea una cantidad específica de daños, pero establece que en 2017 Ecolift estaba valorada en $30 millones pero hoy tiene deudas por $5 millones (incluyendo $1.5 millones en honorarios legales por los casos criminales) y que muy probablemente solicite protección bajo la Ley de Quiebras.

El procesamiento resultó en que el gobierno federal sacara a Di Gregorio temporalmente de su lista de suplidores y la empresa perdió sus relaciones comerciales con las marcas Bell Helicopters, Garmin, L3Western, Leonardo Helicopter y L3Avionics, entre otras. Los casos "arrasaron con sus reputaciones", se afirma.

Según la demanda, las violaciones constitucionales ocurrieron desde el principio, desde que Serpa, un agente de Seguridad Nacional, obtuvo una orden de allanamiento en 2014 contra las oficinas de Ecolift, pero sin proveerle a los agentes del operativo la lista de lugares específicos en los que se buscaría ni el periodo que cubría la investigación. Por ende, los agentes se llevaron 80 cajas y 10 discos duros que les dejó información que no estaba relacionada con el supuesto motivo de la investigación, incluyendo material cobijado por el privilegio abogado cliente que después usaron para presentarle los cargos, a pesar de que los agentes se habían hecho con el material de manera ilegal.

Rodríguez Vélez estableció un proceso para "filtrar" la información incautada usando criterios constitucionales pero la demanda imputa que no lo hizo adecuadamente y la encargó a un aliado con el resultado de tratar de darle una capa de legalidad a las acciones de Serpa.

Cuando se le presentó la acusación de 2017, Di Gregorio estaba teniendo reuniones regulares con la fiscalía para cooperar y, al presentarse un día a una reunión preacordada como parte del proceso de cooperación, sencillamente se le puso bajo arresto. Además, se le presentaron cargos nuevos apenas tres días después de una vista en la que Di Gregorio expuso las violaciones en la obtención de evidencia.

La fiscalía presentó una segunda acusación en 2018 y, el día después, se movió a incautar las cuentas y activos del acusado y la empresa, en una movida que la demanda presenta como revanchista y con el propósito de que no pudiera cumplir con la fianza impuesta por el tribunal. Ante la queja del abogado de Di Gregorio, Veronda tuvo que admitir que no podía probar vínculos entre las cuentas y actividad criminal, pero el día siguiente pidió al tribunal que le aumentaran la fianza de $250,000 a $1 millón.

Como parte de la investigación, el agente presentó una citación contra el contacto de Di Gregorio en Bell Helicopter, el vicepresidente de Bell Helicopter Textron, Inc., Javier Ortiz Torres. Como parte de ese diligenciamiento, Veronda pidió al abogado de Ortiz Torres que le permitiera entrevistar al ejecutivo, a lo que el abogado contestó que sólo si estaba también la representación legal de Di Gregorio y había un taquígrafo. El fiscal declinó. Unos cinco meses después, Ortiz Torres recibe un correo alertándole de que podría ser víctima de robo de identidad con instrucciones de presentarse en la oficina de seguridad nacional de Dallas, en donde reside. Al presentarse, se encontró con Serpa quien le dijo que la alerta de robo de identidad fue un mecanismo para poder interrogarlo sin la presencia de su abogado, lo cual hizo sin advertirle de sus derechos constitucionales. Después del interrogatorio, Ortiz Torres fue acusado junto a Di Gregorio y presionada a que testificara en su contra.

La demanda también alega que tanto Veronda como Serpa manipularon a los testigos que presentaron ante el gran jurado para que no dieran información sobre las leyes aplicables al manejo de naves de uso privado y de uso público, de manera tal que Di Gregorio fuera acusado aún cuando las propias leyes y reglamento establecían que su conducta no era delito ni violatoria de la ley. Esto, a pesar de que hubo jurados que hicieron preguntas específicas dirigidas a aclarar si la coducta de Di Gregorio o Ecolift era, en efecto, violatoria de ley.

"El gran jurado tomó su decisión de acusar a Di Gregorio basado en una declaración de hechos falsa. El fiscal Veronda a sabiendas, intencional y temerariamente presentó y procuró testimonio falso ante el gran jurado", afirma la demanda federal radicada la semana pasada.

Además de la determinación de que los demandados violaron sus derechos constitucionales, Di Gregorio y Ecolift piden compensación por los daños sufridos y que se les devuelva toda la información suya que el gobierno obtuvo de los aparatos electrónicos de su propiedad.

El caso fue asignado al juez William G. Young, del distrito de Massachusetts, una medida rutinaria para evitar conflictos de interés.

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