Alejandro Riera Fernández se mantuvo en su cargo hasta justo después de su arresto en marzo, a pesar de múltiples transacciones controvertibles al frente de la corporación municipal.

Alejandro Riera Fernández, el director ejecutivo de la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI) que estuvo en medio de todas las transacciones que realizó esa corporación municipal, también tenía contratos con el Municipio de Mayagüez a través de otra entidad, Centros Urbanos de Puerto Rico Corp. (CUPR), cuyos trabajos estaban estrechamente ligados con los de MEDI.

Los contratos de Riera Fernández a través de CUPR son otro elemento que enlaza al Municipio de Mayagüez con los acusados federales por el fraude en una inversión de $9 millones en fondos públicos que se hizo a través de MEDI. Estos lazos retan la versión del alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez de que no sabía nada de cómo se realizaron las transacciones que están impugnadas tanto a nivel criminal como civil.

Del grupo de acusados, Arnaldo J. Irizarry Irizarry era asesor legal de ambos, MEDI y el municipio; Eugenio García Jiménez era asesor financiero del municipio, se presentaba como ejecutivo de MEDI, incorporó corporaciones subsidiarias a MEDI y era socio en Premier Investment and Financial Services Group LLC, la entidad a la cual MEDI encomendó la inversión; y Roberto Mejill Tellado era asesor de la ciudad y socio en Premier.

El propio Rodríguez Rodríguez es el elemento común principal entre ambos, ya que, además de alcalde, es presidente de la Junta de Directores de MEDI.

La vinculación de Riera Fernández con CUPR y sus contratos con el municipio a través de esa entidad no se habían discutido públicamente hasta ahora. CUPR fue incorporada en febrero de 2009 por Riera Fernández y Javier Vázquez Collazo. El 30 de abril de 2009, Vázquez Collazo abandona la empresa y cede todas sus acciones, y sus intereses en proyectos pasados o futuros de la entidad, a Riera Fernández. En agosto de 2009, CUPR tiene el primero de una serie de contratos con Mayagüez, y un puñado con Juncos, que duró hasta 2017 y que acumuló $438,250 en valor.

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Riera Fernández comenzó como director ejecutivo de MEDI en 2015, por lo que hubo por lo menos dos años en que fue, simultáneamente, contratista del municipio y director ejecutivo de la corporación municipal supuestamente independiente de la ciudad.

CUPR tiene status de corporación activa en el Departamento de Estado y los dos últimos contratos con Mayagüez aparecen firmados por Riera Fernández y Osvaldo Rodríguez Rodríguez, el hermano del alcalde quien, según dijo a NotiCel el contratista Roberto Ríos, pide pagos y regalías a cambio de adjudicar contratos.

La propuesta que aparece anejada a los últimos contratos de CUPR no está actualizada y todavía atiende trabajos que realizarían de cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010. El ámbito de trabajo propuesto por CUPR plantea que a MEDI se le asignen terrenos de la ciudad para que puedan ser desarrollados en vivienda y para que MEDI pudiera acaparar los fondos federales que se consiguieran para esos proyectos.

El esquema que tiene la propuesta de pasar propiedades públicas de la ciudad a MEDI para que la corporación municipal las maneje, es similar al que el municipio y MEDI aplicaron en múltiples transacciones y que ahora el municipio reniega formalmente en los tribunales diciendo que no estaban autorizadas y que son incorrectas. Bajo los contratos, CUPR también supervisaría obras de construcción, prepararía propuestas para fondos públicos, diseñaría el Departamento de la Vivienda de la ciudad y evaluaría a "futuros contratistas".

Además, a título personal, Riera Fernández tuvo contratos entre 2013 y 2016 por valor de $342,000 con la Superintendencia del Capitolio durante años en que esa dependencia legislativa estaba dirigida por su exsocio en CUPR, Vázquez Collazo. En ese cuatrienio, la Superintendencia estaba bajo la supervisión del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás.

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Durante el cuatrienio 2013 al 2016, entonces, hubo años en que Riera Fernández fue, a la vez, consultor del Municipio de Mayagüez, director ejecutivo de MEDI y consultor de la Superintendencia del Capitolio.

Riera Fernández fue el último de los acusados el mes pasado por las autoridades federales que perdió su posición pública. La destitución se tiene solo por declaraciones del alcalde Rodríguez Rodríguez ya que no se ha presentado ningún documento en la que se formalice.

En contraste, el último contrato de Mejill Tellado con la ciudad, a través de RWM Consultants, Inc., fue en 2017, el último de Irizarry Irizarry en 2018 y el último de García Jiménez en 2018. Pero Riera Fernández se mantuvo en su cargo de director de MEDI sirviendo con la confianza del alcalde Rodríguez Rodríguez hasta después de su arresto, a pesar de que desde 2018 hay procesos legales que dan cuenta de transacciones de enajenación e hipoteca con propiedades del municipio y de que, desde 2019, el alcalde ha recurrido formalmente a los tribunales a desautorizar transacciones que supervisó su director ejecutivo.

De hecho, esta semana el municipio enmendó su demanda de 2019 contra García Jiménez y Mejill Tellado por el fraude en la inversión de $9 millones. Los abogados de la ciudad añadieron alegaciones que surgen del pliego acusatorio federal y añadieron a Riera Fernández como codemandado pero, a pesar de que el pliego habla de que el director ejecutivo de MEDI se lucró de la inversión a través de la empresa Imanagement LLC, el municipio no pidió al tribunal que destruyera la identidad corporativa de Imanagement LLC para poder hacer a Riera Fernández personalmente responsable por su participación en el fraude. Tampoco lo pidió para la empresa de Irizarry Irizarry. Sin embargo, el municipio sí pidió ese remedio en contra de las empresas de García Jiménez y Mejill Tellado.

Vea el contrato y propuesta de Centros Urbanos de Puerto Rico con el Municipio de Mayagüez: