Fue esta misma semana que la recaudadora y contratista ofreció la prueba que la libró de procesamiento.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) se aprestaba a acusar a la contratista Katherine Erazo García ayer como parte de un esquema de pedir donativos políticos a entidades reguladas por el Negociado de Telecomunicaciones (JRT), pero tras el período de reflexión de Semana Santa, la contratista tramitó un acuerdo de inmunidad entre el lunes y el miércoles de esta semana que la tiene ahora del lado de los testigos del pueblo y dejó como única acusada a la exjefa del negociado, Sandra Torres López.

Ese es el tracto que confirmó la presidenta del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives, en entrevista con NotiCel en la que, a preguntas de si era necesario concederle inmunidad total a Erazo, aseguró que su testimonio refuerza el de otros testigos y que, sin el mismo, solo se hubieran podido presentar dos cargos contra Torres López, en lugar de tres. La exjueza no precisó cuál de los tres cargos surgió de la cooperación de Erazo.

La exjefa del negociado enfrenta un cargo por violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética (uso de su cargo para obtener un beneficio no permitido en ley), otro por el inciso (m) de ese mismo artículo (por participación en política partidista mientras está en funciones o exigir a otros empleados públicos que lo hagan) y otro por el Artículo 252 del Código Penal (aprovechamiento ilícito de servicios públicos).

Ninguna de las denuncias radicadas ayer, que fueron suficientes para que se encontrara causa para arresto, coloca a Torres López interactuando con Erazo García, su exasesora, para cometer delito.

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En las denuncias por Ley de Ética, se dice que exigió a dos subalternos en el negociado, Exel López y la licenciada María Fullana, que llevaran taquillas de recaudación para la reelección del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares a entidades reguladas por el negociado (en el caso de López) y que hicieran contribuciones económicas o emplearan su tiempo en actividades relacionadas con la reelección (en el caso de ambos, López y Fullana). En la denuncia por el Código Penal, dice que utilizó las facilidades del negociado para "organizar una actividad política de recaudación de fondos" para la reelección de Rosselló Nevares. Torres López es parte de la capa alta de colaboradores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y tiene historial de participar en el aspecto de recaudación de donativos desde antes de Rosselló Nevares.

López era ayudante de la imputada y fue el denunciante en este caso, llegando a someter quejas también en el Tribunal Supremo y en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Torres López es prima del juez asociado del Supremo, Rafael Martínez Torres.

Las denuncias son por hechos que ocurrieron entre marzo a junio de 2018. Según la resolución del FEI asignando el caso a los fiscales, López dice que Erazo García fue la que le comunicó a él y a Torres López que "el exgobernador Rosselló Nevares había ordenado a cada una de las agencias del ejecutivo recaudar fondos para su campaña de reelección".

Además de contratista, Erazo García tiene una larga vinculación con la política que incluye que es exesposa del expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, que fue la mano derecha del expresidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que ya había sido del equipo de Finanzas de la primera campaña del exgobernador y que es suegra del exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.

Las alegaciones de López incluyen que su exjefa utilizó su vehículo y chofer oficial para asistir a reuniones político partidistas y que hubo "reuniones de índole político partidista en las oficinas del (Negociado), las cuales se llevaron a cabo, igualmente, durante horas laborables".

Para ver la resolución de la OPFEI ordenando investigación contra Erazo García y Torres López, pulse aquí.

"Hay 18 testigos en el caso y en lo que ella aportó se precisan fechas, lugar de la reunión, contenido de las conversaciones... ella estuvo presente", dijo Cotto Vives sobre el testimonio de Erazo García. Antes de Semana Santa, los fiscales Ramón Mendoza, Leticia Pabón y Juan Catalá se comunicaron con los abogados de defensa para acordar que la fecha de radicación de cargos sería ayer. El lunes pasado, "ella vino", dijo Cotto Vives en referencia a Erazo García, e hizo una oferta de prueba que se discutió el martes entre los miembros del panel, el miércoles el panel la aprobó y le tomaron declaración jurada a la ahora testigo hasta horas de la noche y el jueves se radicaron cargos solo contra Torres López.

El abogado de Erazo García que hizo el acercamiento fue el exfiscal especial independiente, César López Cintrón, confirmó Cotto Vives.

Los testigos que aparecen en las denuncias contra la también exjefa de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH), incluyen a: la exsecretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado; licenciada Carmen M. Carro Santiago; los asesores de Claro, Francisco Silva Salcedo y Ángel Cintrón (exdirector de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero); el presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellanos; Edwin Rivera Malavé; Giselle Decleres Rivera; el extesorero del comité de campaña de Rosselló Nevares, licenciado Luis Oscar Cintrón Fonalledas; la licenciada Miriam Toledo David, asesora de la imputada en la OATRH; y el expresidente de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), Agustín García Acevedo.

En una lista llamativa de testigos, la inclusión de García Acevedo resalta porque de las primeras incursiones de Torres López en el servicio público fue como directora de la División Legal de la PRTC bajo García Acevedo.

Cotto Vives también argumentó sobre el valor del testimonio de Erazo García aludiendo a una información que NotiCel publicó ayer, sobre que una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en torno a los mismos hechos, fue cerrada en junio de 2020 porque el denunciante, López, "proveyó bajo juramento información falsa e incorrecta".

Luis Pérez Vargas, director de Ética, dijo a NotiCel que la conclusión de los abogados de su oficina fue referida al Departamento de Justicia y que no exploraron la posibilidad en ese momento de ofrecer inmunidad a Erazo García porque prefirieron no entrar en esos trámites cuando se sabe que puede haber una investigación criminal sobre los mismos hechos.

"Cuando hay casos penales activos, no ejercemos ese poder (de tramitar inmunidad)", comentó.

Esa oficina no tiene jurisdicción sobre Erazo García como contratista, pero sí la tiene la OPFEI, subrayó al afirmar también que la declaración jurada que le tomaron a López no implicaba a Erazo García.

Para ver el informe de la OEG sobre la investigación a Torres López, pulse aquí.

Para concluir que debían cerrar su investigación sin perjuicio, la OEG apuntó que el teléfono celular de Torres López y el del presidente de Claro PR, Ortiz de Montellano, no reflejaban las llamadas que el informante dijo que hubo entre ambos sobre taquillas para una actividad de Rosselló González. El ejecutivo también negó la llamada. De la misma manera, no se corroboraron en el registro de entrada y salida de López las salidas que dijo que hizo en horas laborables para llevar taquillas a Claro y AT&T. En otra instancia, López había dicho que acompañó a su exjefa al Departamento de Justicia donde ésta habría tratado de que se refiriera al Tribunal Supremo a la exasesora de Fortaleza, María Palou, como parte del caso del chat de WhatsApp. La exfiscal Yanira Liceaga dijo a la OEG que la visita ocurrió pero negó "haber recibido presiones" de parte de Torres López y que ya para la fecha de la visita la investigación del chat estaba terminada.

Pérez Vargas dijo que ese informe de su equipo se pasó a Justicia como parte de la investigación sobre Torres López que produjo los cargos de ayer y por los cuales la jueza Ilena Blanco Maldonado impuso fianza de $45,000 a Torres López.

La vista preliminar quedó pautada para el 21 de abril y la representación legal de Torres López es la licenciada Carmen Quiñones Núñez.