Apelaciones encontró que había suficiente evidencia para sostener el veredicto de culpabilidad, pero que juicio de exfuncionaria debió ser por separado.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó hoy revocar el veredicto de culpabilidad y condena de la exadministradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez, y ordenó la celebración de un nuevo juicio federal en su contra.

El razonamiento del Circuito fue que, aunque hubo suficiente evidencia para sostener el veredicto, los derechos de la acusada fueron violentados cuando no se le permitió tener un juicio por separado de las otras personas que se expusieron juntas al jurado en lo que hasta ahora es el único proceso judicial federal relativo a cómo el empresario y recaudador de donativos políticos, Anaudi Hernández Pérez, se adentró en la Administración García Padilla a través del ejecutivo y del liderato de la Cámara de Representantes para obtener contratos públicos.

López Martínez cumplía condena de nueve años de cárcel desde agosto de 2017 pero en diciembre del año pasado el Circuito le concedió libertad bajo fianza mientras se dilucidaba la apelación que resolvieron hoy.

Al sostener que hubo suficiente evidencia, el panel apelativo se sostuvo reiteradamente en el testimonio de la exayudante de López Martínez en ADL, Heidie Rosado Nieves, una informante que luego de su participación en el juicio promovió el que se facilite legalmente que informantes puedan dar un paso al frente con sus denuncias de corrupción.

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El testimonio de Rosado Nieves derrotó las alegaciones de López Martínez de que los regalos que recibió de Hernández Pérez no resultaron en trato preferencial para las propuestas y contratos que tramitó ante ADL. Sirvió para descartar también la alegación de que los regalos que Hernández Pérez dio a López Martínez no estaban conectados con sus actos oficiales en la agencia. Los regalos incluyeron cenas, champagne, zapatos, tres carteras de diseñador, un libro Mont Blanc y un teléfono iPhone. La implicación de defensa era que los regalos respondían a una relación personal y no a asuntos oficiales, pero los jueces apelativos encontraron que un jurado racional podía dar credibilidad a la evidencia, especialmente el testimonio de Rosado Nieves, para concluir que, en efecto, López Martínez había cometido soborno y fraude de "servicios honestos" mediante transferencias electrónicas.

"El testimonio de Rosado provee apoyo para que un jurado razonable encuentre que López tomó pasos inusuales para intervenir y asegurarse de que fondos de ADL serían transferidos a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y que lo hizo después de que se reuniera con Hernández (Pérez), (el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Eder) Ortiz, (el socio de Hernández Pérez, Javier) Muñíz (Álvarez), (la exvicepresidenta de la AAA) Ivonne Falcón y (la exjefa de Compras de la AAA, Sonia) Barreto con relación al plan para garantizar que esos fondos estuvieran disponibles para pagar por un contrato con una entidad afiliada a Hernández (Pérez). Y, el récord demuestra que López tomó esos pasos inusuales en un momento en el que ella, Ivonne Falcón y Barreto estaban todas recibiendo beneficios de Hernández (Pérez) quien se los dio para influenciarlas en el desempeño de sus funciones a su favor en sus respectivas agencias", concluyó el Circuito al declarar la suficiencia de la prueba.

Sin embargo, en lo que los jueces coincidieron con López Martínez para darle la llave de salida de su condena, fue en que su caso debió ser separado de los demás acusados porque durante los 29 días de juicio se pasó prueba documental y testimonios que no aludían directamente a la exfuncionaria y que borraron la línea entre las actuaciones para los distintos esquemas que ejecutó Hernández Pérez en la Administración García Padilla.

El panel de jueces enfocó en la cantidad de testimonio, y de tiempo, invertido en el juicio sobre el esquema que Hernández Pérez ejecutó en la Cámara de Representantes bajo la presidencia del convicto Jaime Perelló Borrás. "El testimonio del (exdirector de Tecnología de la Cámara, Víctor) Burgos (Cotto) ocupó tres días de juicio, durante los cuales Burgos le habló al jurado sobre cómo (el convicto exayudante de Administración, Glenn) Rivera (Pizarro), (el convicto exadministrador, Xavier) González (Calderón) y el Presidente de la Cámara lo habían presionado directamente para seleccionar una compañía de Hernández (Pérez) como suplidor a pesar de la inferioridad de las propuestas de la compañía y de la falta de experiencia de sus empleados", resaltaron los jueces.

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"[E]sa evidencia tuvo el riesgo de llevar a que cuando el jurado considerara los cargos (en contra de López Martínez) le imputaran a ella el estado mental de los empleados de la Cámara de Representantes" al determinar su culpabilidad o inocencia, dijo el panel. "Estamos persuadidos de que este es uno de esos casos raros en que el peligro de que se transfiera culpa, de manera subconsciente o no, entre las líneas que deben separar las distintas conspiraciones es tan grande que requería (juicios separados)", concluyeron sobre este punto a la vez que devolvieron el caso para un nuevo juicio solo contra López Martínez.

La determinación del Apelativo en este caso puede tener repercusiones en procesos pendientes, particularmente la acusación que involucra a la exsecretaria de Salud, Julia Keleher, y otros funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico.

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