Someten demanda de acceso a la información sobre leyes fiscales y de promoción de empresas locales.

La entidad Sembrando Sentido demandó el viernes a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que conteste solicitudes de información que están pendientes desde noviembre del año pasado con las que se corroborarían si el Gobierno ha cumplido con leyes que le obligan a comprar a pequeñas y medianas empresas (pymes) locales y que le obligan a reducir el gasto de las agencias en contratos.

La información fue solicitada a OGP desde noviembre del año pasado, pero no la han entregado.

Los mandatos legales cuyo cumplimiento por parte del Gobierno se podría verificar con la información solicitada son:

-Destinar hasta 40% del presupuesto de compras para obtener bienes y servicios de microempresas y pymes y que el Departamento de Hacienda retenga el 1% del presupuesto de las agencias que no lo cumplan. (Ley 129 de 2005)

-Reducción de 10% en el "gasto anual incurrido en servicios comprados o profesionales” y de 20% en “gastos de nómina en el servicio de confianza”. (Ley 66 de 2014)

-Además de estos, se pide la entrega de informes periódicos que las agencias se supone que entreguen a OGP sobre a) Restricción de llenar los puestos de carrera que hayan quedado vacantes; b) Número de empleados que han sido transferidos a otra entidad mediante el mecanismo de traslado o destaque, así como el número de empleados que han sido integrados a la plantilla de servidores públicos de la agencia mediante el mecanismo de traslado o destaque; c) Limitaciones con respecto al uso de escoltas, viajes, contratación de servicios; d) Cuantía específica de los gastos por concepto de arrendamiento y del ahorro que se haya logrado en este renglón de gastos.

La entidad se describe en la demanda como una sin fines de lucro que busca “[c]osecha[r] conocimientos, herramientas e inspiración para alimentar y fortalecer los esfuerzos de la Sociedad Civil por prácticas de gobierno más transparentes, responsables, inclusivas y eficientes”. Su directora ejecutiva es Issel M. Masses Ferrer.

Recientemente, demandaron al Departamento de Justicia para que se publicara el Registro de Convictos por Corrupción, que se supone fuera público desde 2018. Para terminar el pleito, Justicia admitió que, no había hecho el registro disponible para el público y que, de 16,182 personas que habían identificado en la jurisdicción de Puerto Rico que debían estar ingresadas en el registro, solo tenían listos 19 perfiles para publicación.