Un exjuez y un exempleado de una corporación municipal entre los arrestados por fraude de $9 millones en inversiones.

Eventos que ya habían sido objeto de una demanda civil en Puerto Rico y de otra a nivel federal se convirtieron hoy en un caso criminal que involucra a siete personas acusadas de defraudar al Municipio de Mayagüez al prometer que invertirían $9 millones pero realmente quedarse con el dinero para usos personales, según una acusación de Gran Jurado.

A la cabeza está Eugenio "Gino" García Jiménez, a quien el ayuntamiento había demandado en 2019 por la transacción, y quien también fue demandado a nivel federal en diciembre de 2020 por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) que lo acusa de actuar como asesor financiero sin tener licencia y de falsificar documentos.

Sin embargo, el pliego criminal reconfigura la involucración de otras personas que ya habían sido mencionadas. Al exasesor legal Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry y al director ejecutivo de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández ahora se les imputa participar del esquema criminal y beneficiarse del mismo, cuando antes habían aparecido como personas sobre quienes no pesaba sospecha.

También se añade al exsocio de García Jiménez, Roberto Mejill Tellado, y a tres conocidos de García Jiménez que habrían viabilizado la parte del esquema que tiene que ver con movimiento de cuentas bancarias: los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, y Steve Minger. De los siete involucrados, solo Riera Fernández, Irizarry Irizarry y Mejill Tellado fueron arrestados y procesados en Puerto Rico. Los arrestos de los demás ocurrieron fuera de Puerto Rico y se esperaba que a todos se les dejara en libertad bajo fianza sin tener que pagar o prestar propiedades en garantía, como ocurrió con los tres procesados aquí.

Tres de los acusados han tenido involucración en la vida pública aparte de su participación en este caso y en el municipio. Irizarry Irizarry fue juez municipal en enero de 1990 (asignado a Guayama, Las Marías, Sabana Grande y Mayagüez), en 1992 fue designado juez de distrito (en Ponce y Yauco) y renunció en junio de 1997 para volver a la judicatura en enero de 2005 como juez superior (en Ponce y Mayagüez), tras lo cual renunció en mayo de 2010. También fue rector del recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica. Mejill Tellado fue candidato primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de Guánica en 2003.

Para ver el pliego acusatorio, pulse aquí.

Según la acusación, los participantes de la conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero usaron 13 entidades corporativas y 27 cuentas bancarias para mover los $9 millones que se indica salieron de asignaciones que hizo la Legislatura para renovaciones y mejoras del Centro de Trauma en Mayagüez.

El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla, Rafael Riviere Vázquez, dijo que las víctimas del esquema habían sido el Municipio de Mayagüez y su alcalde, José Guillermo Rodríguez, así como que el caso comenzó como una querella de corrupción pero se convirtió en uno de fraude. "Este caso es el resultado de trabajo duro, paciente y detallista", afirmó en declaraciones escritas.

Pero del pliego resalta la ausencia de explicación alguna sobre qué ocurrió en el lado público para que los $9 millones llegaran a manos de García Jiménez y de ahí al resto de los acusados. García Jiménez era supuesto asesor financiero del alcalde y recomendó que el dinero se invirtiera a través de MEDI. Pero el alcalde es también el responsable final de MEDI a través de su Junta de Directores, un cuerpo rector de cinco personas que todas están ligadas con el municipio, componiéndola el propio alcalde como su presidente, el Jefe de Finanzas del municipio y otros tres empleados municipales que el mismo alcalde nombra. La Junta supervisa a Riera Fernández, quien es uno de los acusados, y fue la que aprobó que el dinero fuera invertido a través de una entidad que controlada García Jiménez. El pliego detalla los movimientos del dinero una vez llegaron a manos de García Jiménez, pero no el trámite anterior a que llegara a sus manos.

NotiCel ha solicitado reiteradamente entrevista al alcalde Rodríguez desde la demanda federal contra García Jiménez en diciembre del año pasado, pero no ha estado disponible. Hoy refirió la solicitud al bufete Aldarondo & López Brás, que sería su "portavoz", pero una comunicación al bufete tampoco produjo respuesta. El bufete es conocido por sus conexiones con administraciones del PNP, más recientemente como abogados del expresidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y del alcalde juramentado de San Juan, Miguel Romero Lugo. Rodríguez solo habló públicamente de la transacción en julio de 2019, en una conferencia que dejó muchas preguntas sin contestar como, por ejemplo, por qué esperar al 2019 para demandar si habían perdido comunicación con García Jiménez desde 2018 y cuando la transacción ocurrió en 2016.

Casi dos meses después del paso del huracán María, el 6 de noviembre de 2017, García Jiménez le representó falsamente a Rodríguez que la inversión había producido 18% en ganancia de intereses y le urgió que la mantuviera activa por entre tres a cinco años para recibir $87,300 mensuales en retorno. Luego, en abril de 2018, representó que el principal de $9 millones permanecía intacto.

De los $9 millones, García Jiménez solo devolvió al municipio $1.8 millones en junio de 2016, pero no les dijo que era de la misma cantidad principal que le habían dado sino que les representó que eran los intereses que habían ganado. La diferencia, $7.2 millones, constituye ahora la cantidad de propiedades que el gobierno federal le incautaría a los acusados si se prueba que se beneficiaron ilegalmente del esquema. Se indica que algunos de los usos que le dieron al dinero malhabido fueron pagos a universidades, tarjetas de crédito, hipotecas, compra de embarcaciones y piscinas y remodelaciones a propiedad inmueble. Específicamente, se desglosan transferencias de $133,200 a Riera Fernández (en parte para pagar matrícula en una universidad en Puerto Rico), $126,100 a Irizarry Irizarry (en parte para un vehículo), $444,000 a Mejill Tellado (en parte para una piscina y pago de hipoteca), $401,500 a García Jiméndez (compra de propiedades y de ropa del diseñador Emenegildo Zegna), $87,673.72 a Minger (para el Venus Mini Med Spa LLC) y tanto los Kirkland como los Minger pagos a Atlanta Family Restaurant and Bakery.

Las entidades que el pliego indica fueron usadas para el esquema son: Mayaguez Economic Development Financial Strategies Inc. (MEDFS), M.A.G. Holdings Inc., Tega Holdings LLC, MEDI Management Inc., MEDI Films, MEDI CIDREX, MEDI SNIF, U.A. United Advisors Corporation, Imamanagement LLC, Eugenio García Jr. & Associates LLC, Leyton Suisse Mayaguez Corp., MAG Film Studios LLC y Premier Investment and Financial Services Group LLC.

Los acusados se exponen a hasta 20 años de cárcel.

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