Secretario de Justicia examinará casos de estudiantes de colegio privado con los de escuela pública y los desempleados para tener una sola forma de evaluar cuáles casos de PUA radicarán.

El secretario de Justicia designado, Domingo Emanuelli Hernández, anticipó que la evaluación de las investigaciones en su agencia sobre posible fraude con fondos del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) tomará tiempo pero será él personalmente quien informe la decisión de la agencia.

El abogado hizo las expresiones a NotiCel después de que en la última semana se conociera que la administración Vázquez Garced dejó a la administración entrante una recomendación de que se considerara como “cerrado” el caso de un estudiante del Colegio San Ignacio, hijo de la telereportera Ivette Sosa, que fue investigado por posible fraude a ese programa federal.

Emanuelli Hernández había dicho que desconocía de esa recomendación de la exjefa de fiscales, Arlene Gardón, y que revisaría el caso para concluir si ameritaba reabrirse o seguir la recomendación.

“Como parte de ese examen, para que sea responsable y justo, lo voy a examinar conjuntamente con otros casos de (estudiantes de) escuelas públicas, personas desempleadas y todo para yo, cuando tome una determinación, tirar una sola vara y no particularizar sobre un caso y quiero tomarme mi tiempo para evaluarlo”, dijo ayer a preguntas de si ya había evaluado el caso.

“[Y]o quiero que ustedes sepan lo siguiente: si ese joven no tiene responsabilidad, yo no voy a dar instrucciones ni voy a permitir que se acuse. Si tiene responsabilidad, voy a dar instrucciones de que se reabra el caso y de que acuse, sea hijo de quien sea", había dicho esta semana.

La nueva jefa de fiscales, Melissa Vázquez Sandoval, había indicado a NotiCel que las investigaciones pendientes relacionadas al PUA rondan las 500 pero que el número varía todos los días y que los referidos surgen por la Policía, los municipios y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, entre otros.

Añadió que, de un exestudiante de San Ignacio, el caso del hijo de Sosa, solo había uno y no las decenas que había dicho la Policía, así como que a cientos de los casos les faltaba “evidencia básica” que tenía que proveer el Departamento del Trabajo, aunque declinó concluir si su antecesora en la jefatura había sido poco diligente en estos referidos.

Vea:

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