Jefa de Fiscales expone razones por las que se ha dilatado el procesamiento de casos, apuntando a falta de “evidencia básica”.

Después de meses en los que la discusión pública sobre el fraude con la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) se ha movido entre los cientos y hasta miles posibles casos, la nueva Jefa de Fiscales del Departamento de Justicia precisó que esa dependencia tiene unos 425 casos bajo investigación, de los cuales 49 tienen como objetivo a menores de edad.

La fiscal Melissa del Carmen Vázquez Sandoval afirmó también que solo uno de los casos tiene que ver con un exestudiante del Colegio San Ignacio y que unos 350 tienen como objeto a empleados municipales que pudieron haber recibido la ayuda aunque seguían trabajando. Ese número es fluido porque a diario reciben comunicaciones de los municipios sobre sus empleados.

Sin embargo, los casos relacionados al PUA también son referidos a la fiscalía federal y, aunque aseguró que ambas jurisdicciones mantienen comunicación y cooperación, Vázquez Sandoval no reveló detalles sobre los casos referidos a la esfera federal ni tampoco lo hizo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Un detalle que puede ayudar a atisbar cómo se han dividido los casos es que la Jefa de Fiscales aseguró que los casos a su cargo, y bajo los procuradores de Menores, son de individuos que parecen haber cometido los hechos en solitario, no implican grupos que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo fraude en masa a este programa. Ese tipo de conspiración para cometer delito de ordinario provoca más el interés de las autoridades federales.

Tan reciente como la semana pasada, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el procurador de Menores Carlos Rivera Santiago, dijo que el fraude con el PUA era “sin precedentes” y que tenía 21,000 casos bajo evaluación porque los mismos patronos habían denunciado que empleados estaban trabajando y recibiendo salarios, pero también recibieron la ayuda.

Incluso, en septiembre del año pasado, Rivera Santiago indicó que "De menores hay miles de casos (de fraude)” y que Justicia tenía "toda la información y ya ellos están realizando esa investigación para tomar una determinación final".

Pero, según Vázquez Sandoval y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, es precisamente en el Departamento del Trabajo que se han dado las situaciones que han dilatado la evaluación de los casos en Justicia.

“Los referidos llegaban con nombres y más nada, necesitamos que nos den evidencia de qué es lo que ellos entienden que es el delito que se está cometiendo y con una lista de nombres no era suficiente”, dijo la fiscal, añadiendo que faltaba “evidencia básica”, como certificaciones de que la persona había recibido la ayuda del PUA, certificación de empleo, copia de la solicitud que la persona llenó e identificación de los empleados del Trabajo que procesaron los casos en atención a que puedan contribuir a la investigación y la presentación de la prueba en tribunales. Vázquez Sandoval dijo que “el grueso de los casos que encontramos estaban faltos de información” pero declinó comentar sobre si su predecesora en la jefatura de fiscalía, Arlene M. Gardón Rivera, había sido suficientemente ágil en el seguimiento. Gardón Rivera fua ascendida a Fiscal de Distrito por la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, y está asignada a Guayama.

Emanuelli Hernández confirmó que hubo conversaciones con el Secretario del Trabajo para destacar fiscales en el mismo departamento y agilizar el procesamiento pero se decidió en contra de esa opción. “Una cosa es un fiscal estar viendo qué casos cualifican, y qué no, y otro es procesando casos. El fiscal ponerse a buscar casos allá (en Trabajo) no creo que sea su función”, opinó.

La cuenta que maneja el Departamento de Justicia sobre estos casos es: 91 radicados con 22 en litigio activo (la Jefa de Fiscales no tiene constancia que se hubiera desestimado alguno aunque el único caso que se ha radicado contra un menor, en San Juan, terminó con una determinación de que el menor no incurrió en la falta); 75 bajo investigación (de los cuales 49 son de infractores menores de edad) y 350 casos relativos a empleados de municipios.

Sobre los casos de Menores, Vázquez Sandoval fue enfática en aclarar que no hay un “caso del Colegio San Ignacio” porque no han visto casos que se concentren en alguna escuela y porque solo uno de los investigados está relacionado con ese colegio, aunque ya no es estudiante del mismo. “Irrespectivamente de dónde estén estudiando, si hay un señalamiento de violación de ley, lo vamos a investigar. Hay estudiantes de todo tipo de escuela en Puerto Rico”, dijo.

En julio pasado, el director de la División de Robos a Bancos del Negociado de la Policía, José Ayala, dijo que dos estudiantes de San Ignacio habían declarado a la Policía que había otros del mismo colegio involucrados en fraude con esta ayuda y que parte de la investigación era la involucración de adultos con los estudiantes en el esquema.

En otros temas, la Jefa de Fiscales no pudo precisar cuántos casos está manejando de convictos que han pedido nuevo juicio bajo las nueva determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que los veredictos de culpabilidad en casos criminales graves tienen que ser por unanimidad (y no por mayoría, como era la regla constitucional en Puerto Rico), pero indicó que su experiencia personal como fiscal de Distrito en Bayamón hasta diciembre pasado es que se han recibido 12, un número mucho menor del que esperaban. Todavía los convictos pueden hacer solicitudes y el Supremo federal tampoco ha emitido aún su pauta de si la norma va a tener efecto retroactivo o no.

Vázquez Sandoval rehusó comentar sobre la solicitud de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, para que Justicia desista del procesamiento de cinco líderes estudiantoles de la Universidad de Puerto Rico por irrumpir en una reunión de la Junta de Síndicos de la Entidad. El caso lleva cuatro años activo y la Jefa de Fiscales solo dijo que están preparados para continuar con el procesamiento.

Con igual hermetismo reaccionó a preguntas de NotiCel sobre eventos de su trayectoria que le han generado crítica pública, como su manejo del caso de supuesta violencia doméstica contra el fenecido exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, el ascenso por descargue que recibió de parte del Senado dominado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) después de eso. También, la declaración jurada que prestó ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en la que admitió que, como Fiscal de Distrito en San Juan, dio trato privilegiado a la hija de la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, cuando compareció al tribunal como víctima de un caso de escalamiento. La acusación infructuosa de la OPFEI contra Vázquez Garced giró sobre las instancias de abuso de poder de parte de la exsecretaria en el manejo de ese caso.

“No tengo ningún comentario”, contestó sobre esto.

También, se le planteó si estas instancias de su trayectoría podrían afectar la evaluación que la delegación mayoritaria del PPD haga del nombramiento de Emanuelli Hernández y ripostó que “la evaluación que tienen que hacer del Secretario de Justicia es de su trayectoria y del trabajo que él hace… las decisiones del equipo de trabajo (que nombra) son su prerrogativa”.