La activista Katherine Angueira reprocha su nombramiento debido a los hechos ocurridos cuando la designada era miembro de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Como miembro de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), la licenciada Maritere Brignoni Mártir, designada ayer al Tribunal Supremo, fue sancionada económicamente por desacatar, precisamente, un mandato del Supremo que le requería darle acceso a una víctima de delito a los expedientes de los delincuentes que la habían secuestrado y violado.

La sanción fue impuesta en 2001 por el entonces juez administrador de San Juan, Carlos Rivera Martínez, y fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones ese mismo año por un panel de jueces que incluyó a la luego jueza presidenta del Supremo, Liana Fiol Matta, y a la exjueza Dolores Rodríguez de Oronoz, madre de la actual jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz. El mandato del Supremo que desacataron Brignoni y los demás miembros de la JLBP había sido emitido en 2000, como parte de la lucha legal que llevó la sicóloga Katherine Angueira Navarro porque se le reconocieran sus derechos como víctima a participar en la evaluación de la libertad bajo palabra de los tres criminales que la habían secuestrado y violado.

“Nos resulta evidente, que tanto el Presidente de la Junta como las representantes legales de la Junta y de sus miembros, admitieron que no cumplieron con la orden dictada por el Tribunal Supremo. De igual forma, en la vista se demostró que las gestiones del Presidente de la Junta y de sus integrantes para facilitarle a Angueira Navarro los documentos médicos, sicológicos y siquiátricos fueron mínimas, tardías y totalmente ineficaces. La conclusión del Juez Rivera Martínez de que la Junta había incumplido con lo ordenado por el Tribunal Supremo está ampliamente sostenida por la prueba”, indicó la sentencia apelativa en el caso KAC01–1739.

Tras conocer la designación de Brignoni Mártir al Alto Foro, Angueira Navarro se expresó indignada.

“Yo cuestiono la capacidad jurídica de una abogada que desde que fue ayudante de Pedro Rosselló González en Fortaleza fue incapaz de recomendarle al Gobernador que se (me) entregaran los expedientes de (mis) violadores y sucuestradores pra poder emitir una opinión informada”, dijo al precisar que Brignoni Mártir fue la ayudante de Seguridad de Fortaleza a la que se refirieron sus cartas como víctima para poder tener acceso a los expedientes.

Luego, al final de la gobernación de Rosselló González, la ayudante consigue nombramiento como miembro asociado de la JLBP y allí vuelve a tener involucración con la controversia porque las solicitudes de Angueira Navarro seguían sin atender. La sicóloga recordó que le pidió a Brignoni Mártir que se recusara de su caso porque había asumido ya una postura en su contra como ayudante del Gobernador, pero la licenciada no se recusó, lo cual le valió estar entre los miembros sancionados por desacato al tribunal.

“Se hizo partícipe de una posible mordaza a las víctimas del crimen… fue incapaz de recusarse a pesar de que yo, como víctima, se lo solicité”, añadió, a la vez que pidió al Senado “que haga su asignación, que para eso tienen ayudantes, para que le busquen dónde estaba ubicada ella en este pleito”.

Angueira Navarro llevó su lucha y estableció jurisprudencia en el Supremo todavía vigente en dos ocasiones: una para que se le reconociera su derecho a tener acceso a los expedientes de sus victimarios y otra para establecer que el acceso incluía información médica, sicológica y siquiátrica.

En el anuncio de su designación al Supremo ayer, Brignoni Mártir presentó que “sé escuchar”. “Tengo la sensibilidad necesaria para responder a los cambios”, añadió. Su designación al Supremo ocurre a fin de cuatrienio tras unas elecciones en las que el Partido Nuevo Progresista pierde control legislativo, de manera similar a la designación a la JLBP al final de la Administración Rosselló y al Tribunal de Apelaciones al final de la administración de Luis Fortuño, quien ayer estuvo presente en el anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La controversia entre la JLBP y Angueira Navarro, y las sanciones económicas del tribunal, fueron el eje de otra discusión que conllevó que la Administración Calderón revirtiera los cambios que había hecho la Administración Rosselló sobre la composición de la Junta. Los originales cinco miembros de la ley se aumentaron a nueve en la Administración Rosselló y en ese grupo de cuatro nuevos entró Brignoni Mártir. Al revertir, quedaron fuera los cuatro miembros más recientes. Una demanda por discrimen de parte de los miembros de la JLBP no prosperó. El vicepresidente de la Junta era el hoy senador y presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez Maldonado.

Como jueza de Apelaciones, Brignoni Mártir tuvo la oportunidad de volver a tratar el tema de acceso a la información, pero en el contexto de una solicitud de la organización Espacios Abiertos para tener acceso al Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos (“Tax Abatements”) que el Gobierno de Puerto Rico crea a requerimiento de la Junta de Control Fiscal (JCF). Brignoni Mártir revocó al Tribunal Superior que había ordenado la entrega del documento tras concluir que, como el gobierno lo preparó para la Junta y en la ley habilitadora de la Junta se indica la confidencialidad de esa información, y el Gobernador es miembro de la Junta sin voz ni voto, pues el gobierno tampoco tenía que entregarlo. La decisión incluyó una disidente, algo poco frecuente en Apelaciones, de la jueza Gina Méndez Miró. El argumento de Brignoni Mártir no reconoció que ya un juez federal había resuelto que a la JCF le aplican las mismas obligaciones de acceso a la información que al Gobierno de Puerto Rico porque, en efecto, son una entidad de ese gobierno.

En otra decisión notoria, Brignoni Mártir fue parte de un panel que, sin ningún juez ponente, determinó desestimarle un cargo de actos lascivos al exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, en el caso criminal que todavía tiene en su contra por supuestas agresiones sexuales mientras fungía como alcalde.

“(L)levo ocho años absolutamente dedicada a mi trabajo en el Tribunal de Apelaciones, dedicada a mi familia, fuera del Tribunal yo estoy con mi familia en mi casa”, dijo Brignoni Mártir en la conferencia de ayer para explicar que su nombramiento a Apelaciones en 2012 hizo que dejara atrás las actividades políticas que, en efecto, habían sido profundas antes de eso.

En abril de 2004, estuvo presente en una actividad de recaudación de fondos a favor de Pedro Rosselló que organizó el exsecretario general del Partido Nuevo Progresista, Jorge Dávila, en Coral Gables y que contó con la presencia también del exsenador, Jorge de Castro Font. En 2012, estuvo en la actividad de recaudación que realizó Luis Fortuño en el Sheraton Convention Center mientras, a las afueras, la Policía enfrentó a manifestantes con macanazos, gas pimienta y descargas eléctricas. También participó en grupos de redacción de programas de gobierno en el área de Seguridad.

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