Supremo federal decidirá este mes si acepta caso de aplicación de programas de beneficiencia en PR
Gobierno federal insiste en que, como Puerto Rico no paga el mismo nivel de contribuciones federales que los estados, no tiene que recibir los mismos beneficios que los estados.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos volverá a evaluar el próximo 11 de diciembre si atiende un caso relativo a Puerto Rico, en esta ocasión, si aceptará revisar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que decidió que era inconstitucional el que el gobierno federal suspenda los pagos de un programa del Seguro Social a un beneficiario simplemente porque se mudó a Puerto Rico.
El martes pasado, el Supremo federal decidió atender en su reunión plenaria del 11 de diciembre la petición del Gobierno de los Estados Unidos para revisar, y revocar, esa decisión del Primer Circuito. En su petición, el Procurador General interino, Jeffrey B. Wall, había argumentado que el gobierno federal tiene derecho a discriminar en contra de los residentes de los territorios en cuanto a la aplicación de programas de beneficiencia. Específicamente tomando en cuenta la relación política de Estados Unidos con la isla, y la autonomía contributiva de Puerto Rico, Wall había sostenido que el Congreso tiene un “interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparte los beneficios económicos, pero no las cargas, de la estadidad”.
El caso es el de José Luis Vaello Madero, un beneficiario del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) al que el gobierno federal lo golpeó con una demanda de cobro por $28,081.00 al entender que toda la ayuda que recibió desde que se mudó a Puerto Rico fue pagada indebidamente debido a que, como residente de la isla, se supone perdiera su beneficio porque, por ley, ese programa no está disponible para residentes de Puerto Rico.
“Puerto Rico contribuye algún dinero al tesoro federal, pero menos de lo que contribuiría si fuera un estado. A cambio, recibe algún dinero de vuelta del tesoro federal pero, otra vez, menos de lo que recibiría si fuera un estado”
Según el gobierno federal, la aplicación del SSI a la isla costaría al fisco $23,000 millones en los próximos 10 años. Por la misma, el Gobierno de Puerto Rico ha solicitado en una comparecencia como amigo de la corte que la decisión del Primer Circuito se sostenga. La decisión del Primer Circuito extendiendo a la isla la aplicación del SSI ocurrió en abril de este año, por voz del recientemente fallecido juez Juan R. Torruella, quien declaró inválida la exclusión de los puertorriqueños de la aplicación de ese programa al descartar como inmeritorias las razones que había presentado el gobierno federal y que se concentran en gran medida en la capacidad que tiene el Congreso para darle trato discriminatorio a los territorios en la aplicación de las leyes de los Estados Unidos.
En un escrito que Wall sometió el 24 de noviembre pasado, reiteró que la misma Constitución de los Estados Unidos trata de manera distinta a los territorios al no darles representación en el Congreso, no permitirle votar en las elecciones presidenciales y al someterlos al control plenario del Congreso. Por tanto, sostuvo, no hay problema con que el Congreso discrimine contra los territorios en la aplicación de los programas de beneficiencia.
Cuando el pleno del Supremo federal discuta el caso el 11 de diciembre para decidir si lo va a revisar o no, dos contextos pesaran en la discusión de una manera que no había ocurrido en los casos anteriores que ha considerado sobre la isla en años recientes: 1) el Supremo federal en sí tiene a una nueva jueza, Amy Coney Barrett, que consolida una mayoría conservadora en ese foro y 2) se está discutiendo con cierta relevancia en la política de los Estados Unidos el que el Partido Demócrata aproveche este cuatrienio en la Presidencia Biden para unir como estados a Puerto Rico y al Distrito de Columbia.
En su escrito de la semana pasada, Wall no alude a esto directamente, pero vuelve a insistir en que conceder los beneficios del SSI a los residentes de Puerto Rico crearía una desproporcionalidad con los estados. “Puerto Rico contribuye algún dinero al tesoro federal, pero menos de lo que contribuiría si fuera un estado. A cambio, recibe algún dinero de vuelta del tesoro federal pero, otra vez, menos de lo que recibiría si fuera un estado”, dijo.
“Los cuidadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico disfrutan de muchos menos derechos que los que residen en los estados meramente por el estatus territorial de Puerto Rico. Esta desigualdad es ambas, inconstitucional e inaceptable”, reclamó el Gobierno de Puerto Rico en su moción como amigo de la corte.
Por su parte, los demandantes en un segundo caso sobre aplicación de programas federales en la isla, Peña Martínez v. U.S. Department of Health & Human Services, solicitaron al Supremo federal que no conceda la revisión que pide el gobierno federal y que, en la alternativa, esperen a que se decida su caso en el Primer Circuito de Apelaciones para considerar los dos casos juntos porque el caso de Vaello Madero se decidió sin que se presentara prueba pero el caso de ellos se decidió después de que el tribunal escuchara testimonio, incluyendo por parte de peritos que tocaron temas económicos y sociales actuales sobre la necesidad de la población puertorriqueña y los programas de beneficiencia.
Wall se opuso a esa solicitud particular por entender que el caso de Vaello Madero provee el vehículo idóneo para que el Supremo decida la controversia sobre la aplicación de los programas.
Vea:
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