El jefe de fiscales federales en la Isla repasó su gestión durante su primer año en el cargo.

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, confirmó que el representante de la Casa Blanca para Puerto Rico, el contraalmirante Peter J. Brown, le ha solicitado que enfoque los esfuerzos de su oficina en la investigación de la corrupción gubernamental.

Muldrow respondió a este y otros aspectos de su gestión en una mesa redonda con medios escritos y digitales hoy en la que también repasó su primer año de gestión al frente de la fiscalía federal en la isla, y la intención de seguir enfocando el trabajo de sus fiscales en las áreas de lavado de dinero, actividades financieras sospechosas, crímenes violentos, arresto de ofensores estatales que posean armas de fuego ilegalmente, pornografía infantil y la recuperación de dinero mediante acciones civiles promovidas por delatores de corrupción.

¿La Casa Blanca, a través del contraalmirante Brown, le ha pedido que se enfoque en la corrupción en Puerto Rico?, preguntó NotiCel.

“Sí”, contestó Muldrow a la vez que dijo que “hemos coordinado y seguimos coordinando mucho (con Brown) en el sentido de que yo sé que la Casa Blanca y el contraalmirante Brown están apoyando los esfuerzos de nosotros en esa área”.

Añadió que atajar la corrupción ha sido uno de los “mensajes” del secretario de Justicia federal, William P. Barr, en reuniones tan recientes como hace unas semanas cuando viajó a Washington DC para un encuentro entre Barr y los otros jefes de fiscalías de distrito. “El mensaje de la Casa Blanca, el mensaje del Departamento de Justicia y del secretario Barr siempre es lo mismo”, indicó en referencia a que, además de corrupción, se pide atención a los crímenes de violencia, la protección de los niños y el terrorismo.

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Como representante personal del presidente Donald J. Trump en asuntos de Puerto Rico, el énfasis de Brown en las investigaciones de corrupción representa la visión personal del presidente de una manera similar a que la única designación de Trump hasta ahora en la Junta de Control Fiscal (JCF), Justin Peterson, ha expresado su adhesión a la agenda de Trump de traer más claridad y rendición de cuentas al proceso de quiebras.

Relacionado, Muldrow indicó que “no me he sentado con la Junta”, pero que la JCF puede ser una de las distintas fuentes mediante las que la fiscalía puede recibir información sobre corrupción gubernamental, particularmente en procesos de recuperación.

Aunque los nombramientos de los fiscales federales son de carrera, la designación como jefe de fiscales para un distrito es un nombramiento de confianza del Presidente de los Estados Unidos, por lo que Muldrow recordó que, de revalidar el presidente Trump, él no tiene que realizar ningún acto para permanecer al frente de la oficina pero que, de prevalecer en las elecciones, el exvicepresidente Joseph Biden podría decidir otra cosa sobre su permanencia al frente de la oficina. Muldrow reiteró que está dispuesto a quedarse en la posición si Biden lo preserva en la misma.

Muldrow no quiso comentar de manera específica sobre ninguna investigación pendiente en la oficina, pero mantuvo su exhortación a la comunidad, incluyendo “a aquellos que trabajan para funcionarios públicos”, a cooperar con pistas sobre corrupción gubernamental llamando al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) al 787-987-6500.

“Usted puede asumir que hay otras investigaciones (de corrupción gubernamental)… no puedo decir cuándo ustedes van a ver resultados, pero van a ver resultados”, indicó a preguntas sobre si antes de las elecciones se revelarían pesquisas de corrupción adicionales a las recientes de los exrepresentantes novoprogresistas María Milagros Charbonier Laureano y Nelson del Valle Soto.

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En la agenda de investigaciones de corrupción pública, Muldrow aseguró que no ha tenido efecto disuasivo la limitación a la jurisdicción federal que recalcó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos más temprano este año en el caso de Kelly v. United States. “Ese caso no ha eliminado lo que estamos haciendo, yo leí esa opinión y vi una forma diferente de acusar… siempre cuando hay un cambio tenemos que mirar y leer lo que dicen los jueces y si tenemos que cambiar, cambiamos”, dijo sin especificar si, por ejemplo, los cambios en la acusación en uno de los casos contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, fueron resultado directo de esa decisión del Supremo. En esencia, el caso de Kelly establece la necesidad de que los fiscales federales sean más específicos y sustanciosos en la evidencia que levantan en casos de corrupción para probar que el funcionario acusado se benefició, o benefició a terceros, con sus actuaciones ilegales. El Supremo resalta que no todas las actuaciones ilegales que cometan los funcionarios estatales activan la jurisdicción federal.

Lo que ocurrirá antes de las elecciones es más presencia del grupo de la fiscalía federal que monitorea la posibilidad de crímenes y fraude electoral, encabezado por los fiscales fiscal Seth Erbe y Timothy Henwood.

“El asunto de si una persona está votando en dos sitios sería algo que nos interesaría a nosotros porque la persona solo puede ser residente en un sitio”, dijo a preguntas de NotiCel sobre la posibilidad de que los cambios a la Ley Electoral propicien que los puertorriqueños que viven en alguno de los estados voten tanto en la elección de aquí como en la del estado donde residen. Muldrow recordó que la jurisdicción federal en las elecciones no solo proviene de que uno de los cargos en la papeleta, la Comisaría Residente, es un cargo federal sino también por las violaciones a derechos civiles, al derecho al voto y otras conductas que resultan en fraude en la celebración de los comicios. Las acciones que se cometen en un colegio electoral y que tienen el resultado de limitar el derecho al voto son otro elemento que monitorea la fiscalía federal.