Iglesia Católica y maestros retirados llegan a acuerdo
El pleito conllevó un embargo histórico contra la Iglesia Católica y la intervención del Tribunal Supremo federal.
La Iglesia Católica y un grupo de maestros jubilados de tres academias católicas sometieron esta mañana un acuerdo que resultaría en la reanudación de pagos de pensión de los maestros después de cuatro años y medio de litigio en un caso histórico que conllevó que se emitiera un embargo de $4.7 millones contra la entidad religiosa y que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos interviniera para revocar el manejo del embargo por parte de la Rama Judicial de Puerto Rico.
El acuerdo en el pleito encabezado por la reclamante Yalí Acevedo Feliciano cubre a 211 maestros jubilados de la Academia San Ignacio y San José, así como la Academia del Perpetuo Socorro, pero no extingue las controversias para la iglesia ya que hay otros tres casos activos con unos 500 reclamantes y quedan aproximadamente otros 2,300 maestros del sistema de enseñanza católico que no han sometido reclamaciones aunque se encuentran en situación similar a los demandantes y pueden ser objeto de acuerdos con la iglesia.
Tras recibir la transacción esta mañana, el juez Anthony Cuevas Ramos debe revisarla para decidir si le da carácter de final y los términos comenzarían a entrar en vigor 30 días después de la aprobación del juez. El contenido del acuerdo es confidencial en cuanto a sus términos, pero las partes indicaron al tribunal que el mecanismo va a ser que los demandantes van a establecer un fideicomiso, los colegios patronos harán pagos a ese fideicomiso y de ahí cobrarán los maestros individualmente.
El fideicomiso es una herramienta para asegurar que el pago a los maestros se considere contributivamente como un pago de pensión y esté libre de retenciones. Además, los pagos anuales no sobrepasan los $15,000, lo cual es el límite de ingreso exento que tienen las personas mayores de 65 años.
Aunque los términos son confidenciales, NotiCel supo que la negociación restaura los pagos de pensión en un 70% de lo que los maestros recibían antes de que la iglesia dejara de emitirlos por entender que no eran un compromiso de pago de retiro formal. Las pensiones originales eran de baja cuantía, siendo $1,700 mensuales de las más altas, y hasta menos de $100 al mes entre las más bajas. La mayoría fluctuaba entre $500 y $1,000 al mes.
Por parte de los demandantes, litigaron el caso los licenciados Antonio Bauzá Santos y Germán Brau, mientras que por la Arquidiócesis de San Juan Bautista de Puerto Rico de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Inc. y la Superintendencia de las Escuelas Católicas estuvo un grupo de abogados representados hoy ante el tribunal por el licenciado Eugene F. Hestres Vélez.
Bauzá Santos indicó que hubo conversaciones transaccionales con el Arzobispo Monseñor Roberto González Nieves desde octubre del año pasado, pero la decisión del Supremo federal del 24 de febrero de 2020 le dieron más impulso y finalidad ya que la iglesia ganó una determinación en contra del embargo, pero eso solo la colocaba en la posición de empezar todo de nuevo porque el Supremo federal no les concedió su argumento principal de que la iglesia en Puerto Rico no es una sola entidad, sino que cada Arquidiócesis es una entidad jurídica separada, por lo que las reclamaciones de los maestros no podían ir a toda la iglesia. NotiCel supo que, para efectos del acuerdo de hoy, se acepta que la Iglesia no es una entidad única.
A preguntas de cuán restaurador para sus clientes había resultado el acuerdo, el licenciado se limitó a comentar que antes del pleito los maestros tenían una expectativa de recibir pagos hasta la fecha de su muerte, y que “eso no se logró en el acuerdo, pero se negoció un cierto número de años (de pagos)”.
“Se llegó a un acuerdo con términos muy favorables para todo el mundo”, dijo, por su parte, Hestres.
Coincidió en que la decisión del juez asociado del Tribunal Supremo federal Stephen Breyer fue un punto significativo en las negociaciones pero rechazó que eso representara una derrota para los argumentos de la iglesia porque el Alto Foro federal solo entró en materias de jurisdicción y no en los méritos de la controversia. “Todo eso está vivo y se puede replantear. El Tribunal Supremo (federal) va a tener que entrar en esta controversia, que es una controversia básica de separación de Iglesia y Estado”, aseguró.
Cuando sus clientes se encontraron “back to square one” y con la posibilidad de tener que repetir toda la litigación, se determinó que era “más conveniente llegar a un acuerdo”. Enfatizó también que la iglesia no quería tener que litigar contra los maestros que dieron servicio en sus escuelas. “Es una institución milenaria que siempre ha abogado por la gente y no está en su corazón llevar cosas en contra (de la gente)”, dijo.
NotiCel supo que parte de las consideraciones en la negociación es la intención de González Nieves de retirarse pronto y su deseo de hacerlo sin dejar deudas y pleitos pendientes a su sucesor.
Cuando el Tribunal de Primera Instancia emitió su orden de embargo histórica contra la iglesia en marzo de 2018, la entidad religiosa decidió recurrir al Tribunal de Quiebras como estrategia para detener las acciones del embargo. Pero esa solicitud de protección bajo la Ley de Quiebras fue desestimada y Hestres confirmó que la iglesia no pudo vender propiedades bajo ese proceso legal, como era su intención con edificios emblemáticos tales como el Palacio Arzobispal en el Viejo San Juan.
“La iglesia no tiene dinero. Hay un interés de parte de la iglesia de vender activos para atender los casos que están pendientes”, concluyó Hestres.
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