El Gobierno de los Estados Unidos y dos estados presentaron una posición similar a la de Puerto Rico.

El Gobierno de Puerto Rico acudió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para pedir que la nueva regla de veredictos unánimes en casos criminales no sea aplicada de manera retroactiva a los casos que ya son finales, una postura contrario a los esfuerzos legislativos que había encabezado el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El escrito fue sometido el lunes pasado en la modalidad de “amigo de la corte”, ya que Puerto Rico no es una de las partes formales en el caso Edwards v. Vannoy en el que el Supremo federal determinará si va a ser retroactiva o no su decisión de abril pasado declarando inconstitucionales los veredictos criminales de culpabilidad que no sean unánimes.

Esa decisión de abril en Ramos v. Louisiana tuvo el efecto de cambiar directamente una sección de la Constitución del Estado Libre Asociado que dictaba que lo que se requería para un veredicto era la afirmación de culpabilidad por parte de nueve jurados. El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió incorporar la regla de unanimidad que se estableció en el caso de Ramos, pero dejó sin resolver la controversia sobre si aplicaría retroactivo o no.

También el lunes, el Gobierno de los Estados Unidos compareció en el caso para establecer su postura de que la nueva regla no debe ser aplicada retroactivamente, entre otras cosas, porque hay condenas a nivel federal que dependen de condenas que el individuo haya tenido a nivel estatal. Si se alterara la condena a nivel estatal debido a la aplicación retroactiva de la regla del caso Ramos, se tendrían que revisar las correspondientes sentencias a nivel federal, se argumenta en el escrito del Procurador General federal. Oregon y Louisiana, las otras dos jurisdicciones para las cuales el caso de Ramos provocó un cambio en su proceso criminal, también comparecieron a favor de que no se aplique retroactivamente.

Sin poder presentar datos específicos, el escrito del gobierno dice al Supremo que el peor efecto que tendría declarar la retroactividad de la regla de veredicto unánime sería sobre las víctimas de delito, quienes tendrán que pasar otra vez por el proceso de juicio con la posibilidad de que no se puedan presentar las mismas pruebas que en los juicios originales, lo cual puede llevar a la liberación de acusados y a que las víctimas estén sujetas a represalias por parte de los convictos liberados.

“Es imposible determinar cuántos casos pueden caer bajo esta categoría (afectada por la retroactividad), pero, dado que en Puerto Rico hay unos 9,000 confinados, los casos pueden estar razonablemente en los cientos, después de descontar aquellos confinados que llegaron a un acuerdo para declararse culpables y a los que hayan escogido ser juzgados mediante tribunal de derecho en vez de un jurado”, indica el escrito que sometió el exprocurador general Carlos Lugo Fiol, quien tiene un contrato de $120,000 con el Departamento de Justicia para consultoría legal, como representante del procurador actual, Isaías Sánchez Báez.

“Todos estos casos estarían afectados por problemas de evidencia perdida, memoria fallida de testigos y testigos desaparecidos. En un número sustancial de casos, se tendrían que procurar nuevos informes periciales. Además, simplemente la cantidad de casos podría abrumar el sistema de justicia criminal de Puerto Rico, que ya está llevado a sus límites por los casos criminales pendientes”, se asegura al Supremo en el escrito.

La moción también hace un recuento histórico para precisar que, antes de la Constitución del Estado Libre Asociado, en Puerto Rico la regla era que el veredicto de culpabilidad tenía que ser unánime, y que, la aprobación por parte del gobierno federal del borrador de la Constitución “indica claramente que, en el 1952, los poderes políticos (del gobierno federal) no entendían que el derecho a veredicto unánime tenía que aplicarle a Puerto Rico”.

En una nota al calce, el escrito de Lugo Fiol dice que “Puerto Rico afirma que cree que los puertorriqueños, como ciudadanos de Estados Unidos, tienen derecho a trato igual en todos los ámbitos con los ciudadanos que residen en los estados”. “Por tanto, las declaraciones en esta moción de amigo de la corte sobre su status como un territorio no incorporado meramente tienen el propósito de establecer el trasfondo histórico y legal relevante al caso y no constituyen un endoso de dicho status inferior, de la doctrina de incorporación o de los Casos Insulares, todos los cuales el Gobierno de Puerto Rico objeta fuertemente”, añade la nota.

Tras la decisión de Ramos, Rivera Schatz presentó el P del S 1590 que buscaba decretar la aplicación retroactiva de la nueva regla de unanimidad, mientras que la representante María Milagros Charbonier introdujo el P de la C 2476 con propósito similar. El Senado aprobó su proyecto sin vistas públicas y lo pasó a la Cámara, donde todavía no han tomado acción sobre el mismo, mientras que la Cámara aprobó su proyecto y lo envió al Senado pero posteriormente solicitó que la medida le fuera devuelta, por lo que el Senado no tiene nada que aprobar sobre el tema mientras la Cámara mantiene congeladas ambas medidas, la del Senado y la suya.

Vea: La prisa con la retroactividad de los veredictos unánimes, otra lucha de poder de TRS

Para ver el escrito del Gobierno de Puerto Rico ante el Supremo federal, pulse aquí.