Someten una demanda que podría obligarlos a rendir cuentas por dinero desde 1990 hasta ahora.

La Rama Judicial de Puerto Rico enfrenta una demanda federal en la que se le imputa apropiarse ilegalmente de los intereses que generan unos $200 millones que han sido consignados en los tribunales por distintas controversias desde 1990.

El pleito fue radicado el 25 de septiembre por una pareja, José Ernesto Hernández Castrodad e Iris Marta Marcano, que fueron parte en una demanda de expropiación con la Autoridad de Carreteras y Transportación. Como parte del caso de expropiación, la corporación pública consignó fondos en el tribunal en tres ocasiones, 2011, 2016 y 2018, que sumaron $2 millones. La pareja pidió, y obtuvo, el pago del dinero consignado, pero solo se le transfirió el principal y no los intereses que las cantidades habían generado por el tiempo transcurrido entre la consignación que hizo la agencia y el desembolso que hizo el tribunal luego.

La pareja le pide a la jueza Sylvia Carreño Coll que les permite representar en una clase a todas las personas que, desde el 1990 hasta ahora, han tenido dinero consignado a su nombre en los tribunales de Puerto Rico y han recibido ese dinero, pero no han recibido los intereses.

Las alegaciones que suscriben abogados del bufete Landrón Vera LLC en la demanda concluyen que esta forma de los tribunales manejar el dinero consignado es inconstitucional por violentar la cláusula en contra de incautaciones de la Constitución de los Estados Unidos. Además de la retención de los intereses, detallan también que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) impone un “cargo administrativo” de 15% a las cuentas bajo su custodia, el cual también objetan como ilegal.

La consignación de fondos en el tribunal es un mecanismo que permite que una parte que tiene que pagar una cantidad de dinero entregue el mismo al tribunal cuando hay controversia sobre quién o quiénes son los dueños legales del dinero. El dinero está en las cuentas del tribunal durante todo el tiempo que demore la dilucidación de la controversia por lo que puede tratarse de semanas, meses o años durante los cuales el dinero está generando intereses.

La demanda demarca los hechos entre antes de 1990 y después de 1990 porque explican que, antes de 1990, la OAT mantenía los fondos consignados en cuentas separadas y que, cuando adjudicaban los fondos en controversia, le desembolsaban a la parte favorecida todo el principal y los intereses también. Mientras que, después de 1990, la OAT descartó las cuentas individuales para depositar todos los fondos consignados en una sola cuenta de la cual solo desembolsan el principal, pero no los intereses.

La OAT, representada en el pleito mediante el juez administrador Sigfrido Steidel Figueroa, no ofreció reacción a la demanda ni detalló cuánto dinero tiene bajo consignación actualmente.

“[L]a cantidad de tiempo significativa que pasa sin desembolso y sin siquiera notificación a los demandantes y a la clase propuesta, unido al cargo administrativo que se impone a las cuentas, ciertamente demuestra deliberación o, como poco, una insensible indiferencia a los derechos propietarios de los demandantes y la clase propuesta”, se alega en el documento.

“La OAT no tiene mecanismos para el desembolso efectivo de los intereses generados sobre las cantidades consignadas como parte de un proceso judicial; de hecho, ni siquiera tiene un mecanismo para notificar efectivamente a las partes interesadas, como los demandantes, de que se han generado intereses sobre las cantidades depositadas a su favor, mucho menos para explicar cómo esos fondos pueden ser reclamados”, añaden.

Para ver la demanda, pulse aquí.