El exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, Ángel Figueroa Cruz, no pagará multa y podrá entregarse voluntariamente al Buró de Prisiones.

El juez federal Francisco Besosa sentenció a 10 meses de cárcel al otrora director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz, por participar en un esquema de empleados fantasmas en el Capitolio.

Figueroa Cruz se declaró culpable por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico el pasado 15 de octubre de 2019, tras alcanzar un acuerdo con el ministerio fiscal. Los otros dos cargos que encaraba por fraude electrónico y mal uso intencional de propiedad por un agente de una organización que recibe fondos federales quedaron desestimados.

Luego de la sentencia en prisión, pasará tres años bajo un régimen de libertad supervisada.

Previo a la imposición de la sentencia el también expresidente de la Legislatura Municipal de Bayamón se dirigió a la corte. En un breve mensaje, expresó su “arrepentimiento absoluto” y se disculpó con el juez federal, el gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos por sus actos.

El hombre de 59 años recordó su carrera de 35 años como servidor público. Trabajó en la Telefónica de Puerto Rico. Fue legislador municipal de Bayamón por 26 años y ocupó el cargo de presidente de la Legislatura Municipal durante cuatro años.

“Esto nunca debió pasar. No había pasado antes y no volverá a pasar”, afirmó desde la oficina de su abogado Juan Ramón Acevedo Cruz.

La vista de imposición de sentencia se celebró la tarde del jueves a través del mecanismo de videoconferencia debido a la pandemia del COVID19, pero los periodistas solo escucharon la audiencia por teléfono. Cada una de las partes, según explicó el juez, se encontraba en una oficina o lugar diferente, conectada por el sistema de videoconferencia del juzgado.

Antes de iniciar la vista, Figueroa Cruz renunció a su derecho a estar presente en sala. “La secretaria de sala levantará una minuta, pero este video no se preservará”, apuntó el juez federal.

Con esa renuncia, el ahora convicto federal aceptó conectarse por teléfono para que la intérprete le tradujera los procedimientos del inglés al español y viceversa cuando la funcionaria vertió para récord su alocución. En un momento, el juez perdió comunicación con el fiscal Timothy Henwood y bromeó “perdimos al Sr. Henwood. Quedó congelado en el tiempo”. Poco tiempo después, la voz del fiscal volvió a escucharse por el teléfono.

Besosa no impuso multa y permitirá a Figueroa Cruz entregarse de manera voluntaria al Buró de Prisiones Federales, pero deberá sufragar los gastos de viaje al campamento de la Florida, donde extinguirá la sentencia, según apuntó el juez.

El licenciado Acevedo Cruz intentó sin éxito que Besosa impusiera una sentencia suspendida e insistió en que su representado no recibió “ni un centavo” por su participación en el esquema que también involucró a los coacusados y hoy convictos Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez.

“Aceptó culpa… Sería un castigo hasta cruel (sentenciarlo a cárcel)”, argumentó mientras describía los riesgos de la pandemia para los confinados.

Henwood pidió cárcel por la severidad de la conducta y los delitos aceptados, resaltando que sin su firma no se hubieran pagado las facturas por servicios que nunca se rindieron. También alegó que debía haber paridad en las sentencias de los otros dos convictos en el caso.

Solicitó una sentencia de cuatro a 10 meses y no objetó que el ingreso a la cárcel de Figueroa Cruz se aplazara hasta que las mejoraran las condiciones de la pandemia.

Después de enumerar los atenuantes y agravantes, Besosa impuso la sentencia de cárcel. “Una sentencia de prisión es apropiada en este caso”, afirmó.

Robles Báez y Sánchez Santiago se declararon culpables el 8 de agosto de 2019 por conspirar para cometer fraude en un esquema de contrataciones fantasmas en el Capitolio.

Según el ministerio público, el dúo creó dos empresas, International Legislative and Government Consulting Group y Global Instant Consulting Group (GICG). Ambas empresas lograron contratos en la Cámara de Representantes y el Senado para ofrecer servicios de consultoría, pero esos trabajos nunca se realizaron a pesar de que ambos cobraron y se repartieron los fondos que recibieron de las facturas sometidas.

Figueroa Cruz aprobó las facturas fraudulentas sin corroborar que los servicios se hubiesen rendido. El cobro por trabajos no realizados se extendió del 2016 hasta junio del 2019, cuando el Negociado de Investigaciones Federal (FBI) arrestó al trío.