Enfrentaban cargos por interrumpir una reunión de la Junta de Directores de institución en medio de protestas por recortes al sistema universitario público.

Al atender los reclamos de la defensa, la jueza Eloína Torres Cancel del Tribunal de San Juan concluyó esta mañana que el ministerio fiscal violó el debido proceso de ley y los término a un juicio rápido de cinco universitarios acusados de irrumpir en una reunión de la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico en medio de protestas por recortes en la institución.

El licenciado Juan Ramón Acevedo Cruz explicó a NotiCel que la togada leyó en corte abierta su decisión previo al inicio de lo que debía ser el inicio del juicio contra Gabriel Díaz Rivera, Verónica Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón y Thaliangelly Torres González.

Aunque la defensa estaba preparada para realizar otros planteamientos objetando el inicio de la selección del jurado, había paneles citados para esta mañana iniciar el proceso de desinsaculación del jurado.

“La jueza entendió que procedía la desestimación y archivo de los cargos por violación al debido proceso de ley”, apuntó el veterano abogado.

El debido proceso de ley se refiere a las garantías mínimas de índole procesal que el estado debe garantizar a una persona que encara un proceso criminal.

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Los cinco universitarios enfrentaban cargos por restricción a la libertad, motín y escalamiento relacionados a su entrada a la fuerza a una reunión de la Junta de Directores de la UPR celebrada el 27 de abril de 2017 en la oficina del ente directivo en el Jardín Botánico en Río Piedras. En ese encuentro, los directivos de la institución discutían el plan fiscal del sistema universitario público, que contemplaba recortes presupuestarios.

El fiscal Ángel García representó al ministerio público, mientras que los abogados Acevedo Cruz, María Soledad Sáez de la Sociedad para la Asistencia Legal, Oscar Martínez Borrás, Jorge Gordon Menéndez, Luis Rosario, Edwin Vélez y Ángel Yamil Nieves representaron a los universitarios.

Los abogados de la práctica privada ofrecieron sus servicios pro-bono.

Lee aquí la resolución y sentencia de la jueza Elonía Torres Cancel.