FBI arresta al CPA Aníbal Jover Pages como parte del caso que llevan contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó esta madrugada al expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), Aníbal Jover Pages. en su casa, siendo el séptimo acusado en el caso que involucra a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la directora de la Administración de Seguros de Salud (Ases), Ángela Ávila Marrero y el consultor Alberto Velázquez Piñol.

La fiscalía recomendó una fianza de $200,000 pero en una vista el magistrado Marshall Morgan la aumentó a $250,000 y concedió 20 días para prestarla. Jover Pages, de 60 años, se declaró no culpable de cinco cargos de fraude electrónico (por manejo ilegal de información confidencial de ASES), un cargo de conspiración, siete cargos de fraude electrónico (por pago ilegal de comisiones), otro cargo de conspiración por esos pagos y un cargo de confiscación, para 14 cargos en total.

Al terminar la vista, Jover Pages salió del edificio que alberga las oficinas de la fiscalía federal por una puerta de servicio y literalmente corrió para evadir a los medios de comunicación.

Vea: Pliego acusatorio implica a Rosselló Nevares con consultor de ASES acusado

Según el pliego acusatorio, Jover Pages pagó comisiones a Velázquez Piñol para obtener contratos en ASES mediante la empresa Intelligent Grant Solutions LLC (IGS), de manera similar a la que se imputó a la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, cuyo expresidente, Fernando Scherrer Caillet, es otro coacusado en el caso. Marrero Ávila compartió información con Velázquez Piñol sobre contratos y propuestas de ciertos suplidores que el consultor, a su vez, compartió con Jover Pages para que éste confeccionara la propuesta de IGS.

Los delitos relativos a los pagos a Velázquez Piñol se habrían configurado porque el contrato de IGS con ASES prohibía que IGS pagara a subcontratistas. Sin embargo, en las facturas se representaba que Velázquez Piñol como un “socio” de IGS y se representaban a subcontratistas como si fueran empleados de IGS.

Se indica que a IGS se le extendió un contrato de $1.3 millones en ASES porque gozaba de la “confianza” de la Administración Rosselló Nevares. Eso implicó que se le cancelara el contrato a otra empresa que ya prestaba el servicio bajo la Administración García Padilla. En su declaración de octubre, Jover Pages aseguró que presta servicios a ASES desde el 2013.

Además de incluir a Jover Pages, el pliego acusatorio enmendado en el caso de Keleher incluyó la publicación de mensajes de correo electrónico que intercambiaron Velázquez Piñol y el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en el que el mandatario recluta al consultor para que colabore con su administración.

“Este es el contrato que vamos a reemplazar. Cuando lo revises hablamos”, le indicó Velázquez Piñol a Jover Pages en un correo electrónico que anejaba el contrato de otra compañía con ASES, según la acusación original.

Cinco días después, el 23 de enero de 2017, IGS le hizo una transferencia de $5,000 a la cuenta de la empresa Azur, propiedad de Velázquez Piñol. El día después, 24 de enero, Velázquez Piñol envió al correo personal de la administradora de ASES la propuesta de IGS para un contrato por $1,158,000. El día después, 25 de enero, a las 12:54 am Ávila Marrero sometió un informe al presidente de la Junta de ASES, quien es el Secretario de Salud, recomendando la contratación de IGS y de BDO, entre otros, y, a la 1:05 am, envió el mismo correo a Velázquez Piñol. Más tarde ese 25, ocurrió una reunión de Junta donde hubo la recomendación formal de contratar a IGS y BDO por ser de la “confianza” de la administración. El 1 de marzo de 2017 la Junta ratificó la concesión de ambos contratos.

Vea: ¿Quién es el acusado federal Fernando Scherrer Caillet?

La involucración en este caso de Jover Pages, un expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), había sido materia de discusión en el tribunal en octubre pasado, cuando la fiscalía federal intentó plantear sin éxito que la defensa de Keleher, la exfiscal federal María Domínguez Victoriano, tenía conflictos porque había sido abogada de Jover Pages y de la compañía IGS a través de su trabajo anterior en el bufete McConnell Valdés.

Fue en ese momento que se supo que el “Individuo K” y la “Compañía C” que se mencionaban en la acusación federal original eran, respectivamente, Jover Pages e IGS. En ese momento, el CPA emitió una declaración en la que planteó que “aclaramos que ni este servidor ni Intelligent Grant Solutions son 'tarjetas' de investigación”. “Como bien se ha establecido en la vista de hoy, soy un mero testigo”, añadió.

La revelación de su involucración en el caso conllevó que Jover Pages perdiera su silla como presidente de la Junta Examinadora de los Contadores Públicos Autorizados (CPA), la entidad que regula las licencias de esa profesión en la Isla. Esa destitución fue por orden de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien también ordenó cancelar los contratos públicos de IGS, incluyendo uno que tenía con el Departamento de Vivienda.

IGS tuvo contratos con el municipio de Vega Baja, Vivienda, Ases, Salud, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Sistema de Retiro para Maestros, Familia, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Administración de Familias y Niños y Hacienda.

Para ver la acusación enmendada, pulse aquí.

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