Tras la oleada de críticas, la medida -que extendería de manera retroactiva la unanimidad a casos finales que fueron resueltos por jurados divididos- será evaluada para estudiar su alcance de acuerdo a la representante novoprogresista.

Después de su aprobación expedita, la legislación que propone extender la doctrina del veredicto unánime de forma retroactiva regresa a la mesa de trabajo aunque la representante María Milagros Charbonier Laureano no anticipa que la medida baje a votación en la Cámara de Representantes.

La semana pasada NotiCel adelantó que la medida había encontrado la muerte súbita ante la alarma pública que causó la aprobación precipitada y sin debate de una pieza legislativa, que tendría el potencial de anular un número indeterminado de convicciones en la isla y de crear un disloque en el sistema judicial.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced también expresó su rechazo a la medida y exhortó a los legisladores a ponderarán el asunto con detenimiento.

Charbonier Laureano reconoció que esa oleada de críticas, las preocupaciones planteadas por las víctimas de delito y la ausencia de estadísticas para medir el alcance de la propuesta, descarrilaron el proyecto, que ahora volverá a vistas públicas y evaluación.

“La preocupación principal (de los legisladores) es el impacto de las víctimas de delito y lo que tiene esto a nivel social. Hay que tener los números claros sobre cuántos se impactarían con la retroactividad”, afirmó la presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico.

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“Hay compañeros que creen en la retroactividad, pero la mayoría de ellos no están claros. No es que dejen de creer. Es que no están claros en el voto que van a emitir. Así que es mejor seguir estudiándolo y a lo mejor baja sin retroactividad y en el Senado que se discuta eso”, agregó.

Ante ese vacío de información, solicitó estadísticas al Departamento de Corrección y Rehabilitación, a la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) y al Instituto de Estadísticas sobre la cantidad de convictos que podrían beneficiarse con la aplicación de la retroactividad.

La propia exposición de motivos del proyecto del Senado 1590, sin embargo, consigna que el Departamento de Corrección no cuenta en sus archivos con un “documento que certifique cuánto fue la votación”, mientras que la OAT “envió al Senado varios anuarios estadísticos de los cuales se desprende que son pocos los casos que se ventilan ante jurado, en comparación a Tribunal de derecho”. Los datos de la OAT no segregan los veredictos.

Según los Anuarios Estadísticos e información ofrecida a NotiCel por la Oficina de Prensa de la Rama Judicial, existen 1,415 casos de convicciones por jurado desde el 2009 al presente.

Charbonier Laureano apuntó que información detallada sobre el veredicto existe y que está contenida en la minuta del expediente judicial de cada caso. Recopilar este dato, no obstante, tomaría tiempo porque requeriría que un funcionario de la OAT identifique y revise cada expediente de forma individual.

“Es una obligación de Estado tener las estadísticas. Es necesario que cada legislación que salga de la legislatura de Puerto Rico tenga datos oficiales. La buena legislación debe estar sustentada en datos correctos”, respondió ante preguntas sobre la ausencia de datos.

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La también abogada admitió que la medida propuesta contiene disposiciones que podrían ser inconstitucionales como la aplicación retroactiva de la unanimidad solo a convictos que cumplen cárcel o la enmienda que se propone para darle al juez o jueza la discreción para determinar en qué casos podría aplicarse la retroactividad.

“Comenzar a aplicar eso para unos sí y otros no, es un proceso que resultaría arbitrario y que violentaría la igual protección de las leyes. Para nosotros hubiera sido extraordinariamente bueno que fuera el tribunal que lo decidiera porque la controversia a nivel público se pone bien caliente. Los ciudadanos no entiende debido a la desinformación”, afirmó sobre una de las preocupaciones que se discutió en el caucus de la Cámara a inicios de semana.

Ya la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, había advertido que ese lenguaje excluyente podría abrir una puerta para la revisión de todas las convicciones porque crearía un sistema de privilegio solo para los convictos que optaron por el juicio por jurado, mientras que quedaban en el olvido los condenados que renunciaron a este derecho para ver su caso por tribunal de derecho o hacer una alegación de culpa. Esa diferenciación, según Longo Quiñones, violentaría el derecho constitucional de igual protección bajo las leyes.

“¿El proyecto está va a bajar a votación en esta sesión?”, cuestionó NotiCel. “Va a depender de los números oficiales que lleguen y va a depender de alguna que otra vista que vamos a tener para poder estudiar lo que es el impacto de las víctimas a delito”, respondió.

“El informe va a estar listo para esta sesión o lo ve como esfuerzo más complicado?, insistió este medio. “Yo lo veo como algo más complicado y a este momento los votos para la retroactividad no están”.

Hace poco más de dos semanas, el Senado y la Cámara aprobaron en menos de 48 horas -y sin celebrar vistas públicas- dos proyectos que proponían enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal para atemperarlas a la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que estableció la obligatoriedad de los veredictos unánimes solo para los casos futuros, activos o en apelación.

Contrario a la opinión del Supremo federal, ambas medidas proponían que el requisito del veredicto unánime se aplicara de forma retroactiva hasta el 1948, momento en que se instauró el veredicto por mayoría en la Isla. Pero solo continuó el trámite legislativo la medida del Senado de la autoría del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz. Charbonier Laureano solicitó al Senado que su proyecto se devolviera a la Cámara baja.