La demanda es por discrimen y mal manejo de personal por parte de la exfiscal Rosa Emilia Rodríguez.

El Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés) levantó las manos y accedió a transigir otra demanda que alegó discrimen y mal manejo de personal por parte de la exjefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

Se trata del caso que presentó hace tres años el exjefe de la División de Apelaciones de la fiscalía, Nelson Pérez Sosa, cuyo nombramiento al cargo no fue renovado en una movida que el funcionario presentó como una represalia por su apoyo a su subalterna, la fiscal Carmen Márquez Marín, quien mantiene su propia demanda por represalias de parte de Rodríguez Vélez y el que una vez fue el equipo gerencial de la fiscalía. En octubre pasado, el fiscal W. Stephen Muldrow, sustituyó a Rodríguez Vélez en la jefatura de la fiscalía local y reorganizó la oficina.

La oferta de transacción que ofreció el DOJ conlleva que, según los tres casos que se conocen hasta ahora y que han tenido resolución, las reclamaciones de discrimen, represalias y malos manejos de personal mientras Rodríguez Vélez estuvo al mando de la fiscalía han costado ya $886,325 (compuestos de los $450,000 en el caso de Pérez Sosa, $300,000 en el caso del oficial de inteligencia Francisco Reyes Caparrós y $136,325 en un primer caso de Márquez Marín). Estas cantidades no incluyen los gastos legales ni una segunda demanda por represalia que mantiene vigente Márquez Marín y que la semana pasada un juez dispuso que no será desestimada sumariamente y que proseguirá a juicio.

Vea también: Fiscalía federal pidió desestimar acusación por narcotráfico por irregularidades de la entonces fiscal Dennise Longo

Al cabo de casi tres años de litigio, la transacción en el caso de Pérez Sosa se registró el viernes, 7 de febrero de 2020, después de que ese lunes, 3 de febrero, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciara que Rodríguez Vélez encabezaría un nuevo consejo asesor que debía procurar agilidad en el manejo de los fondos federales para la recuperación de la Isla tras el azote de la Isla por los huracanes Irma y María.

El 7 de febrero era también un día laborable antes de que ocurrieran las deposiciones, largamente dilatadas por el DOJ, de la fiscal Jacqueline Novas (11 de febrero) y de la propia Rodríguez Vélez (12 de febrero). Novas era ayudante de Rodríguez Vélez y también sirvió como ayudante de Vázquez Garced en La Fortaleza bajo un destaque que la exjefa aprobó pero que su sucesor revocó. Un tercero que sería sometido a deposición era el fiscal Timothy Henwood.

Según las alegaciones de Pérez Sosa, los tres, Rodríguez Vélez, Novas y Henwood, estaban en una reunión a la que fue convocado el 1 de febrero de 2016, un día antes de que testificara en uno de los procesos administrativos por discrimen que sometió Márquez Marín. En esa reunión, Rodríguez Vélez le indicó que Novas y Henwood eran sus “gerentes principales” en la oficina y le recordó a Pérez Sosa que él también era parte de la “gerencia”. Pérez Sosa interpretó esto como que la oficial de ley y orden de más alto rango en Puerto Rico, su jefa, la jefa de los fiscales federales en la Isla le estaba diciendo que al día siguiente debía testificar de una manera que la protegiera a ella y que no hiciera daño a la oficina, aunque no fuera cierto.

Dos meses después de la reunión, Rodríguez Vélez decidió, sin explicación, que no iba a renominar a Pérez Sosa al cargo de jefe de la División de Apelaciones. Pérez Sosa no solo fue testigo en los procesos administrativos de Márquez Marín, sino que está pendiente de participar en el nuevo caso de esa fiscal y fue testigo en el caso de Reyes Caparrós, que se vio ante jurado y hubo veredicto en contra de Justicia federal.

Pérez Sosa radicó su demanda en verano de 2017 y todavía estaba trabada una pugna con el DOJ sobre las deposiciones porque el departamento insistía en que Pérez Sosa debía ser depuesto antes de Rodríguez Vélez, Novas y Henwood, mientras que el demandante sostenía lo contrario. En una teleconferencia el 7 de febrero, el juez que preside el caso resolvió que Rodríguez Vélez y Novas serían depuestas antes de Pérez Sosa y ese mismo día el DOJ sometió su oferta de transacción, a pesar de que el demandante les había sometido una oferta transaccional el 18 de noviembre de 2019.

Vea también: A Rosa Emilia 'el poder se le fue'

Pérez Sosa tenía como uno de sus testigos al juez federal ‘senior’ Juan M. Pérez Giménez y ya había conseguido que el DOJ, a regañadientes y bajo una orden de mordaza, entregara una evaluación de desempeño que sus oficinas centrales le habían hecho a la fiscalía de Puerto Rico bajo el mando de Rodríguez Vélez.

El juez William E. Smith, del distrito de Rhode Island pero que preside este caso por inhibición de todos los jueces del distrito de Puerto Rico, emitió un veredicto que formaliza el acuerdo el 29 de abril de 2020 y el mismo fue divulgado esta semana por Bonita Radio.