Después de zarpar con los vientos a su favor, el proyecto que otorgaría un nuevo juicio a los convictos por jurados plurales encara una marea embravecida de críticos, que hasta cuestionan su constitucionalidad.

Al principio, la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que exige la unanimidad del veredicto en los casos graves parecía un debate reservado para abogados y juristas.

Pero, cuando el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en menos de 48 horas dos medidas, que imprimen carácter de retroactividad a esa decisión que tienen el potencial de anular un número indeterminado de convicciones en la isla, colocaron el debate sobre la unanimidad en el epicentro de la discusión pública.

De la pandemia y las preocupaciones por la reapertura de la economía, la conversación saltó a los jurados y a los veredictos, a la retroactividad o la aplicación prospectiva de la nueva norma jurídica.

Llovieron las críticas por la prisa en atender el asunto, sin debate público y dando foro solo al grupo que apoyaba la legislación. Las aguas subieron y como un río que se sale de su cauce las voces de las víctimas y de los opositores a las propuestas inundaron las redes sociales, programas de radio y televisión y la única vista pública celebrada para ponerle rostro a su dolor y su coraje.

¿Por qué la prisa? ¿Cuántas personas convictas podrían beneficiarse de esta legislación? ¿Tiene el Estado los recursos para manejar el volumen de juicios nuevos? ¿Es esto un "indulto legislativo" como reclama la Secretaria de Justicia?

El 20 de abril el Supremo federal anuló los veredictos por votación mayoritaria e instauró los veredictos unánimes. Pero limitó su decisión a los casos que no cuentan con una sentencia final y firme. El 8 de mayo el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el efecto de esa opinión sobre la isla.

Una semana después el Senado aprobó unánimemente una medida que enmendó las Reglas de Procedimiento Criminal para atemperarlas a esta doctrina, pero incluyó una disposición que extendería la nueva norma de forma retroactiva a los convictos cumpliendo penas de reclusión por condenas de veredictos por pluralidad. Pero excluyó de forma expresa a las personas que renunciaron a su derecho a un juicio por jurado para aceptar una alegación preacordada o alegación de culpa.

Al día siguiente, la Cámara baja aprobó por mayoría el proyecto (2476) de la representante María Milagros Charbonier Laureano que también extendería la retroactividad a los casos que "han agotado los recursos apelativos". No contempló otros escenarios.

Ambas medidas cruzaron cuerpos y en conversaciones internas los legisladores determinaron que prevalecería la medida de Rivera Schatz.

Ante el reclamo público, la representante Charbonier Laureano, quien preside la Comisión de lo Jurídico, celebró el martes pasado una vista para recoger comentarios en torno a la medida del Senado que la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, describió como un “indulto legislativo” porque concedería un nuevo derecho a convictos -que desde su perspectiva no deben gozar de ese prerrogativa- y crearía las condiciones para reclamos adicionales a los estipulados en la legislación.

Constitucionalidad cuestionada

A juicio de Longo Quiñones, la medida del Senado crearía un sistema de castas porque beneficiaría solo a los convictos que optaron por el juicio por jurado y olvida a los condenados que renunciaron a ese derecho para hacer una alegación de culpabilidad o alegación preacordada.

"Cuando el legislador escoge legislar, tiene que hacerlo de una forma que no sea discriminatoria y que no sea arbitrariamente selectiva. Al concederle este derecho a unos confinados, abre la puerta para una reclamación por parte de los otros confinados, que ha sido convictos bajo el mismo sistema", apuntó.

"Nuestro derecho constitucional incluye el concepto de igual protección bajo las leyes, que exige tratar a todo el mundo igual a la hora de aplicar una regla y que esa distinción que estás haciendo tiene que ser una distinción razonable", agregó la exfiscal federal.

Siguiendo esa línea, argumentó que todos los acusados escucharon la misma advertencia del juez o jueza, que consigna el derecho a ser juzgado por sus pares que pueden rendir un veredicto por mayoría 9 a 3. Los jurados que deliberaron también escucharon la misma instrucción.

"Eso significa que todos están afectados por la misma invalidez inconstitucional y eso es un argumento que bajo la igual protección de las leyes. Todas las otras personas que fueron procesadas podrían venir a reclamar y estarían reclamando no por un derecho fundamental sino porque el legislador crea un grupo especial y ellos van a pedir el derecho a estar en ese grupo también", insistió.

No está sola en su análisis. Otros abogados criminalistas consultados, pero que evalúan la medida en privado, describieron ese lenguaje de las instrucciones al jurado como un error estructural sobre un derecho fundamental que estiman insalvable y coincidieron en que la voluntariedad de la renuncia al juicio por jurado estaba predicada sobre información defectuosa. Por eso, señalaron que el proyecto del Senado podría tener visos inconstitucionales.

El director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, reconoció el fundamento, aunque no entró en los méritos del planteamiento.

"Pensaría que alguien lo pudiera hacer bajo el principio de igual protección de las leyes en la medida que crean una exclusión y hay una clasificación particular, que el tribunal lo tendría que evaluar si alguien lo plantea", respondió el juez a preguntas de este diario digital.

Pero no todos comparten las premisas de ese argumento. El senador y abogado Carmelo Ríos Santiago y el director y fundador del Proyecto Inocencia, Julio Fontanet Maldonado, defendieron la exclusión de los convictos que hicieron alegación de culpa.

"El 'issue' con esa interpretación es que los que hicieron alegación de culpa, el juez antes de sentenciarlos les pregunta claramente si están conformes con la decisión y corta esos vicios de que no sabía que otra cosa iba a pasar después. Los que hicieron alegación no tienen cabida en esto. Están fritos como dicen por ahí", indicó Ríos Santiago.

La mejor impugnación de esa premisa es la experiencia federal donde existe el requisito de la unanimidad del veredicto, según Fontanet Maldonado. En esa línea, señaló que los datos de ese foro demuestran que las alegaciones de culpabilidad se hacen porque existe un beneficio en ese trámite y no por reparos por la composición del jurado.

"Estamos hablando de un 93 y un 95 por ciento. Esas alegaciones preacordadas se hacen a cambio de un beneficio, una reducción de sentencia y una reclasificación del delito. Por lo tanto, no puede existir una relación entre alegaciones preacordadas y veredictos unánimes y mayoritarios... por eso me parece razonable que se hayan excluido esos casos de la ley", afirmó.

No hay indulto

Al defender la medida, Fontanet Maldonado, Ríos Santiago y el licenciado Pablo Colón Santiago rechazaron el calificativo de indulto que utilizó la Secretaria de Justicia. También refutaron que el proyecto fuese a provocar una excarcelación masiva de convictos o causar una avalancha de juicios nuevos.

El Departamento de Justicia identificó 133 casos activos que podrían ser revisados acorde al nuevo principio de veredicto unánime sin retroactividad, pero estimó que de aprobarse la medida cientos de casos podrían cualificar para un juicio nuevo porque la retroactividad se extiende hasta el 1948, momento en que se instauró el veredicto por mayoría en Puerto Rico. Esto sin contar los otros reclamos que vaticinó podrían ocurrir por la distinción entre convictos que establecería la medida.

Según los Anuarios Estadísticos e información ofrecida por la Oficina de Prensa de la Rama Judicial, existen 1,415 casos de convicciones por jurado desde el 2009 al presente, pero los datos no segregan los veredictos unánimes de los veredictos por mayoría.

En su ponencia ante la Comisión de lo Jurídico, Fontanet Maldonado calculó que solo un 2 por ciento de las condenas por jurado se vería beneficiada por la retroactividad del veredicto unánime porque casi el 90 por ciento de los casos se resuelve mediante una alegación acordada.

Por ejemplo, en el año fiscal 2016-2017 hubo 140 convicciones por jurado, 1,441 condenas por tribunal de derecho y 15,525 alegaciones de culpabilidad, de acuerdo al Anuario Estadístico.

Usando estadísticas de la Rama Judicial del 2011 al 2017, la exposición de motivos de la medida calculó que un .8 por cierto de los acusados enfrenta juicio por jurado. "Así las cosas debemos concluir que la cantidad de las personas cumpliendo pena de reclusión por una convicción por un veredicto de pluralidad debe ser baja", afirmó la medida.

Fontanet Maldonado, Ríos Santiago y Colón Santiago también recalcaron que la legislación propuesta procura reinstalar un derecho fundamental y de concederle a convictos donde los jurados tuvieron alguna duda en su convicción una oportunidad para disipar estos cuestionamientos.

"Eso parte de la campaña de desinformación que se está esgrimiendo para atacar la legislación. No es indulto porque lo que se está solicitando es un nuevo juicio. La gran mayoría de esos casos se va a volver a ventilar. Es posible que alguno que otro no porque el Estado desista, pero eso es muy distinto a equiparlo a un indulto que implica que el asunto terminó. Aquí el asunto comienza de nuevo", apuntaló el director del Proyecto Inocencia.

La evidencia

Pero no se trata de solo de abrir la puerta a múltiples reclamos, Longo Quiñones aseguró que debido al paso del tiempo los fiscales enfrentarán grandes retos para reconstruir los expedientes de casos porque hay prueba física y documental que no existe por limitaciones de espacio o como la droga que se decomisa. También hay testigos que han muerto o que Justicia desconoce su paradero.

"El requisito de mantener documentos en el Gobierno de Puerto Rico es de 10 años. Si estamos hablando de juicios de más de 10 años, ni siquiera existe una obligación legal de que esos archivos existan por más de 10 años", apuntó.

La ausencia de testigos, a su vez, afecta la calidad de la prueba presentada como en el caso de una víctima que cuente su relato ante el jurado versus un documento con el contenido de su declaración.

"El análisis de tu capacidad de volver a probar ese juicio no depende solo si tienes el arma de fuego, es si tienes el arma de fuego y el testigo que puede autenticar esa arma de fuego porque puedes tener el arma de fuego pero si no tienes el testigo no la puedes entrar", afirmó Longo Quiñones.

A las limitaciones de prueba física, Longo Quiñones añadió que la nueva legislación atenta contra los derechos de las víctimas y los obliga a revivir su dolor nuevamente.

Fontanet Maldonado refutó la alegada incapacidad del Departamento de Justicia para litigar nuevamente los casos debido a la deficiencia de la prueba o ausencia de peritos. Acentuó que algunos casos de Proyecto Inocencia tienen 20 y 30 año y que recompone estos expedientes con información que obtiene del expediente del tribunal.

"Eso no es cierto. Eso es otro ejemplo de desinformación. Las Reglas de Evidencia proveen para que los testigos que no estén disponibles se pueda presentar en su sustitución el testimonio que presentaron en el juicio anterior", insistió.

"Ciertamente no es lo mismo para el Estado, pero tampoco es lo mismo para el acusado quien no podrá contrainterrogar a esos testigos. Así pues que esto presenta problemas para ambas partes, pero no puede utilizarse de excusa para decir que no se pueden volver a procesar. Eso no es cierto", agregó.

La prisa y la pausa

El exjuez Hiram Sánchez Martínez cuestionó la prisa por aprobar una medida que entiende atenta contra la estabilidad judicial cuando el propio Supremo federal no dirimió la controversia de la retroactividad, pero lo atenderá en otro caso que tiene ante su consideración.

"Es cierto que la Asamblea Legislativa puede conceder derechos mayores, pero no veo la justificación para precipitarnos y darle reconocimiento retroactivo a esta doctrina constitucional", afirmó.

Al coincidir con esta apreciación, el jurista y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Ernesto Chiesa Aponte, tildó la legislación de "imprudentemente prematura" y resaltó que este tipo de norma constitucional suele aplicarse a casos donde no existe todavía una sentencia firme, sujeto a escasas excepciones.

Abogó al igual que el exjuez por esperar a que el Supremo federal resuelva la controversia y aprovechar el tiempo para recopilar datos sobre las implicaciones de la propuesta legislativa. Chiesa Aponte también advirtió que la retroactividad atentaba contra estabilidad judicial y que la nueva regla en nada afecta la confiabilidad del proceso anterior.

En respuesta a la pregunta de la prisa, el senador Ríos Santiago adjudicó la premura a la relevancia de la pieza legislativa y al poco tiempo que queda a la última sesión del cuatrienio, que acaba el 30 de junio.

Aunque reconoció el valor de las vistas públicas, Fontanet Maldonado lo sopesó con la situación de un convicto preso. "Un día en la cárcel de manera injusta es excesivo".

"Nadie puede estar en contra de que las cosas se discutan. Pero la pregunta es, la discusión va a hacer menos inconstitucional los veredictos mayoritarios", cuestionó.

Encuentra escollos la medida

Pese a que votó por la versión cameral de la medida, el representante y portavoz del PNP en la Cámara baja, Gabriel Rodríguez Aguiló indicó a NotiCel que no ha asumido una postura frente a la propuesta del Senado.

Admitió que su posición cambió tras escuchar los relatos de las víctimas, quienes dijo plantearon preocupaciones legítimas.

"Ante ese escenario, tenemos que ser muy cuidadosos con el paso que vamos a dar con nuestros votos... Nosotros estamos escuchando, que la gente vea que estamos escuchando este debate por eso es que en la Cámara se está evaluando detenidamente la medida sobre el aspecto de la retroactividad porque lo otro está adjudicado", apuntó.

El presidente de la Cámara baja, Carlos J. Méndez Nuñez, también moduló su posición y exhortó a escuchar los reclamos de la Secretaria de Justicia, mientras que Charbonier Laureano discutirá el tema en el próximo caucus del PNP, que se reúne mañana.

El viernes, la gobernadora Wanda Vázquez Garced expresó su rechazo a la medida, que algunos legisladores como Ríos Santiago aseguran encontró la muerte súbita porque no cuenta con los votos para pasar el crisol de la Cámara. Pero por lo bajo, otros aseguran que hay los votos para ir por encima de un posible veto de la primera ejecutiva.

Lea aquí las medidas y las hojas de votación: