La fianza se desglosa en $1 millón por el cargo de asesinato en primer grado, $500,000 por el cargo de destrucción de pruebas y $500,000 por la violación a la Ley de Armas, tres cargos que pesaban en contra de Casellas Toro.

El excorredor de seguros Pablo José Casellas Toro, quien había sido convicto a 109 años de cárcel por matar a su esposa, Carmen Paredes Cintrón, debe prestar una fianza de $2 millones de cara a su nuevo juicio, según determinó la jueza Marta Rosario Santana.

Mediante una vista por teleconferencia, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón subrayó que Casellas Toro estaría bajo arresto domiciliario, en la custodia de un tercero que al momento no ha sido identificado y fijó el 15 de julio a las diez de la mañana como fecha del nuevo juicio.

La fianza se desglosa en $1 millón por el cargo de asesinato en primer grado, $500,000 por el cargo de destrucción de pruebas y $500,000 por la violación a la Ley de Armas, tres cargos que pesaban en contra de Casellas Toro.

La vista para fijar fianza en el caso del excorredor de seguros fue ordenada ayer por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones, el cual dejó sin efecto los tres veredictos de culpabilidad que pesaban en su contra, a raíz de la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que estableció que todos los veredictos de culpabilidad por jurado en casos graves tienen que ser unánimes.

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El pasado 22 de enero de 2014, el veredicto contra Casellas Toro fue de 11-1 y hasta ayer su caso se encontraba en etapa apelativa, por lo que la disposición del Supremo le aplicaba de manera directa.

Durante la vista, las fiscales Phoebe Isales Forsyth y Janet Parra insistieron en que la suma en esta ocasión debía ser $4 millones, la misma que le fue impuesta a Casellas Toro en el 2012.

Las representantes del Ministerio Público argumentaron que la cantidad no era irrazonable porque en aquél entonces, Casellas Toro la prestó el mismo día, además de que la determinación del Supremo no revierte los señalamientos que surgieron antes del veredicto que no fue unánime, por lo que se sostenía la fianza original.

“La fianza y todos los procedimientos anteriores al juicio siguen igual de válidos. Por eso solicitamos que se vuelva a imponer la fianza original, donde el tribunal ya hizo todas las determinaciones de hecho y derecho”, expresó Parra.

Sin embargo, el abogado de defensa, Harry Padilla Martínez, aseguró que a las fiscales no les asistía la razón, pues en ese tiempo fue el padre de Casellas, el ya fenecido juez federal Salvador Casellas Moreno, quien hizo el pago.

“Esta cantidad se impuso en una época, en el año 2012, donde estaba presente el juez Casellas, que en paz descanse. Quien tenía los recursos para prestar la fianza era el juez Casellas, no mi representado”, exclamó Padilla Martínez, en referencia al fallecimiento del juez federal en noviembre de 2017.

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Padilla Martínez también planteó que las fianzas, en estricto derecho, no pueden ser excesivas, además de sirven para asegurar la comparecencia de una persona y su cliente no contaba con una sola ausencia en su expediente relacionada a los señalamientos de su caso.

Las fiscales insistieron en que Casellas Toro funge como heredero de su padre, por lo que tenía los recursos para pagar la suma de $4 millones, si fuera impuesta, lo que Padilla Martínez refutó al decir que su representado lleva seis años sumariado en la cárcel de Bayamón sin generar ingresos.

Ante la reafirmación de la jueza de que esta vez la fianza se fijara en $2 millones, las fiscales aclararon que Casellas Toro no podía quedar en libertad hasta que se determine quién sería su custodio. En esa línea, Padilla Martínez indicó que no había podido conversar con los familiares de su representado, como hermano e hijas, porque fue ayer en la tarde en que se ordenó la celebración de la vista de fianza.

El próximo 23 de junio, las partes deben acudir a una vista de estado de los procedimientos previo al juicio.

El asesinato de Paredes Cintrón ocurrió el 14 de julio de 2012 en la residencia del matrimonio en Guaynabo.

Desde el 2014, el abogado de defensa ha argumentado que el veredicto de Casellas Toro debía ser unánime y no por mayoría, por lo que le correspondía un nuevo juicio.

La vista se celebró mediante videoconferencia entre las partes ante las medidas de distanciamiento social y protección de contagio por el coronavirus COVID-19. El proceso también fue transmitido a través del canal de Youtube de la Rama Judicial de Puerto Rico, pero enfrentó problemas de sonido y conexión.