La determinación de los jueces surge luego que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que todos los veredictos de culpabilidad en casos graves tienen que ser resultado de un veredicto unánime.

Un panel del Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto hoy los veredictos de culpabilidad por asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación a la Ley de Armas que pesaban contra el excorredor de seguros Pablo Casellas Toro en el caso que paralizó al país y en el que se le acusó de matar a su esposa, Carmen Paredes.

La determinación de los jueces de apelaciones es que Casellas Toro, quien cumplía 109 años por esos delitos, tiene derecho a un nuevo juicio bajo el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que estableció que todos los veredictos de culpabilidad en caso grave tienen que ser resultado de un veredicto unánime. El veredicto contra Casellas Toro fue once a uno.

El caso de Casellas Toro se encontraba en etapa apelativa, por lo que no era final y por lo que la determinación del Supremo federal le aplica directamente sin tener que entrar en la controversia de si esa norma nueva para Puerto Rico aplica o no aplica de manera retroactiva.

“[E]s imprescindible destacar que, en efecto, esta norma de reciente creación cobija al apelante debido a que su caso se encuentra en apelación”, subrayaron los jueces.

El asesinato de Paredes ocurrió el 14 de julio de 2012 en la residencia del matrimonio en Guaynabo. El veredicto contra Casellas Toro se registró el 22 de enero de 2014. Desde su escrito de apelación en marzo de 2014, la defensa de Casellas Toro está planteando la teoría de que el veredicto debió ser unánime por disposición de la Constitución de los Estados Unidos. En el 2017, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que no tenía razón Casellas Toro en su reclamo sobre la unanimidad del veredicto.

El panel apelativo, además, ordenó la celebración de una vista de fianza en 24 horas, por lo que el acusado, hijo del fenecido juez federal Salvador Casellas, podría salir libre tan pronto se le fije, y satisfaga, una fianza.

El panel estuvo compuesto por los jueces Olga Birriel Cardona, Abelardo Bermúdez Torres y Ángel Pagán Ocasio. La Oficina del Procurador General se había allanado a la solicitud de nuevo juicio después de que el Supremo federal emitiera su regla constitucional en el caso Ramos v. Louisiana el 20 de abril pasado.

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En una resolución separada, el mismo panel concedió 10 días a la defensa de Casellas Toro para que informe cuáles testimonios faltan por transcribir en la apelación pendiente para el delito menos grave de declaración falsa sobre delito que, por ser delito menos grave y por haber sido resuelto mediante tribunal de Derecho y no por jurado, no se va en la misma ola de desestimación de los otros delitos graves.

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