La decisión tiene efecto en cómo los fiscales federales procesan estos casos, incluyendo en Puerto Rico.

De manera contundente, mediante decisión unánime, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos volvió a enviar hoy una advertencia a los fiscales federales de que su poder para procesar actos de corrupción de funcionarios públicos es uno limitado y no amplio.

La decisión, por voz de la jueza asociada Elena Kagan, tiene efecto en cómo los fiscales federales procesan los casos de corrupción, incluyendo en Puerto Rico. Pero ese efecto no elimina el que las autoridades estatales procesen esos mismos casos bajo distintas leyes e interpretaciones estatales. La limitación es solo para fiscales federales cuando pretenden procesar por ciertos delitos, específicamente en este caso, por los muchas veces aplicados delitos de fraude electrónico (“wire fraud”) y fraude con programas federales.

“[N]o todo acto corrupto de oficiales estatales o locales es un crimen federal”, concluyó Kagan al revocar la convicción de dos exfuncionarios del estado de New Jersey.

No hay disputa de que los hechos del caso de Nueva Jersey revelan manipulación de procesos gubernamentales, con efecto dañino a la población, y uso de recursos públicos para ejecutar un esquema de venganza política contra un alcalde que no había apoyado la reelección del entonces gobernador, ahora asesor de la Autoridad de Energía Eléctrica, Chris Christie. Pero, para el Supremo, los veredictos de culpabilidad no se sostienen porque los fiscales federales no demostraron que los acusados hubieran obtenido para sí el beneficio de propiedad o recursos públicos. El Alto Foro enfatizó que los delitos mencionados son delitos contra la propiedad pública, si no se demuestra que la finalidad del esquema era apropiarse de recursos y fondos públicos, entonces no se puede procesar a nivel federal.

“Excepto por sobornos o regalías (las cuales no están en discusión en este caso), los esquemas fraudulentos de los oficiales estatales o locales violentan la ley solo cuando, de nuevo, son para obtener dinero o propiedad”, enfatizó Kagan. El solo hecho de que un esquema use recursos del gobierno (como fue el pago de salarios a varios empleados en el caso de Nueva Jersey para ejecutar un plan corrupto para cerrar peajes como castigo político), no es la definición de obtención de apropiación de fondos que el Supremo entiende que activa la jurisdicción federal.

Como ejemplo de casos reales, Kagan mencionó que sería apropiado la aplicación de los estatutos federales en casos como cuando un alcalde usa sus empleados en horas laborables para renovar el hogar de su hija o como cuando un comisionado de parques usa empleados para hacer jardinería a donantes políticos.

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Los hechos del caso de Nueva Jersey son que tres funcionarios, incluyendo a la subsecretaria de la Gobernación de Christie, y la encargada de acumularle los endosos políticos para su campaña de reelección, Bridget Anne Kelly, redujeron de cuatro a uno los carriles de peaje del puente George Washington para perjudicar políticamente a un alcalde que no endosó a Christie. Los hechos ocurrieron el primer día de clases, en el puente de peaje más usado de todo el mundo, con el resultado de un tapón de muchas horas en las que quedaron atrapadas tanto guaguas escolares llenas de niños como ambulancias que respondían a emergencias.

Pero la postura del Supremo federal de que el poder de los fiscales federales no debe ser expansivo, sino limitado, pudo más que los hechos del caso.

“La controversia presentada es si los acusados cometieron fraude a la propiedad. La evidencia que el jurado escuchó sin duda demuestra actos indebidos, engaño, corrupción y abuso de poder. Pero los estatutos de fraude federales que están en juego aquí no criminalizan toda esa conducta… El resultado es que las leyes federales de fraude somete mucha corrupción pública para que sean los estados (o su electorado) el que lo rectifique”, argumentó Kagan.

Para la decisión del Supremo, pulse aquí.