Supremo federal cambia las reglas de los juicios criminales en Puerto Rico
Hasta hoy, no se requería que el veredicto de culpabilidad fuera unánime, sino que fuera, por lo menos, de 9 a 3.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión hoy que cambia directamente una disposición sobre juicios criminales que contiene la Constitución del Estado Libre Asociado.
Se trata de la decisión en el caso Ramos v. Louisiana, en la cual el Supremo federal sostuvo que los derechos de un acusado por delito grave en juicio por jurado incluyen que el veredicto en su contra tiene que ser unánime, tal y como lo es en la esfera federal.
En Puerto Rico, la Constitución indica en la Sección 11 del Artículo II (Carta de Derechos) que los acusados por delito grave tienen derecho a que el veredicto en su contra sea “por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve”.
Por tanto, en Puerto Rico, hasta hoy, no se requería que el veredicto de culpabilidad fuera unánime, sino que fuera, por lo menos, de 9 a 3.
En los casos que se dilucidan en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el requerimiento sí ha sido que el veredicto sea unánime y eso no cambia con esta decisión.
Los efectos de la determinación del Supremo sobre Puerto Rico no se discuten en la decisión emitida hoy, pero se infiere y se da por sentado que los estados, como Louisiana y Oregon, y los territorios, como Puerto Rico, cuyas reglas criminales o disposiciones constitucionales admiten que el veredicto no sea unánime, enfrentarán una racha de solicitudes para celebrar nuevos juicios por parte de aquellos convictos cuyo veredicto no haya sido unánime y que estén ahora mismo en etapas de apelación.
En cuanto a casos pendientes de juicio, esta determinación implicaría el cambio de que el veredicto tiene que ser unánime.
La decisión del Supremo invierte más tiempo en discutir el peso que debe tener un precedente de 1972, Apodaca v. Oregon, pero, en lo que tiene que ver con su conclusión de que los veredictos deben ser unánimes, el razonamiento está basado en las garantías criminales procesales que introdujo la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual aplica a los estados.
“No puede haber cuestionamiento de que el requisito de unanimidad de la Sexta Enmienda aplica a los juicios criminales estatales y federales de igual manera. Este Tribunal ha explicado hace mucho que el derecho a juicio por jurado de la Sexta Enmienda es ‘fundamental al esquema de justicia americano’ e incorporado contra los estados bajo la Decimocuarta Enmienda. Este Tribunal ha explicado hace mucho también que las partes de la Carta de Derechos que han sido incorporadas tienen el mismo significado cuando se aplican contra el gobierno federal que cuando se aplican contra los estados. Así que, si el derecho a juicio por jurado de la Sexta Enmienda requiere un veredicto unánime para poder sostener una convicción en un tribunal federal, no requiere menos que eso en un tribunal estatal”, dijo el juez asociado del Supremo, Neil Gorsuch, al escribir la opinión mayoritaria emitida hoy con votación 6 a 3.
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Para la decisión del Supremo federal en Ramos v. Louisiana, pulse aquí.