El Departamento de Justicia solicitó al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) el nombramiento de un FEI contra el exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD), Narden Jaime Espinoza.

Además, en el caso identificado con el número 2019-31-102-00105, Justicia recomendó que se investigue a las siguientes personas vinculadas con el caso:

Norberto Olmeda Pérez, administrador de la oficina de Humacao del Exrepresentante; Grandi Liz López Pagán, oficinista; Luis Miguel Berrios Fontánez, ayudante especial; Myrna de León Vélez, oficinista; Deborah González, oficinista; Elizabeth Reyes, empleada; Alejandro López López, empleado de oficina; Ismael Mercado Casillas, chófer; Loida González, oficinista; y Lizette Piñero Peña, contratista. 

López Pagán y Berríos Fontánez habían admitido haber sido entrevistados por las autoridades debido a alegaciones de que en la oficina de Jaime operaban esquemas de empleados fantasmas y de otorgación de aumentos a cambio de que parte del dinero se devolviera al administrador de la oficina, entre otras.

La divulgación de las alegaciones le costó a Jaime la descalificación por parte del PPD de su candidatura a las primarias por la alcaldía de Humacaco. El exlegislador sometió una demanda por cusa de libelo contra los empleados.

Todos los querellados y querellantes serán notificados de la recomendación al Panel mediante carta.

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones reiteró que las comunicaciones del Departamento de Justicia al Panel no adjudican la comisión de delito por las personas identificadas en la comunicación. La notificación meramente detalla la recomendación por parte del Departamento de Justicia de que se lleve a cabo una investigación por un FEI o la recomendación de que no se investigue el asunto.

La titular de Justicia indicó que 'luego de recibir la comunicación y el informe del DJ, corresponde al Panel determinar a la luz de su propia evaluación y criterios si procede o no la designación de un FEI.  Será el FEI quien, luego de la correspondiente designación, estará a cargo de la investigación y determinará si deben presentarse denuncias en contra de los investigados.'

'Nos reiteramos en la política de no comentar sobre la información y evaluaciones del derecho en los informes preliminares que son parte integral de la investigación confidencial referida al Panel para que sean ellos quienes procedan a decidir si el asunto amerita una investigación en su fondo. Hacer lo contrario viola la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico al mancillar la reputación y la honra de personas a las cuales no se les ha imputado delito', concluyó Lonqo Quiñones.