La jueza superior Nerisvel Durán Guzmán concedió diez días más al ministerio público para contestar una moción radicada el pasado viernes por la defensa del exalcalde Héctor O'Neill en la que pide se desestime el cargo por actos lascivos que pesa contra el exfuncionario por agredir sexualmente a una empleada del Municipio de Guaynabo.

La teoría de la defensa del exalcalde es que los fiscales especiales independientes (FEI) erraron al radicar bajo el Artículo 144 del Código Penal del 2004 ya que se prescribió el término de cinco años por lo que piden que se desestime por insistencia de causa de acción. En el Nuevo Código Penal el término de prescripción de ese delito es de 20 años.

'En los casos de actos lascivos bajo el Código Penal de 2004 había un artículo que decía que esos delitos prescribían a los cinco años…Lo que hizo el fiscal fue que usó el Artículo el texto del 144 de Código viejo pero usó la prescripción del Código nuevo. Él está usando dos Artículos distintos', dijo el licenciado Harry Padilla, representante legal de O'Neill.

Pero, los fiscales especiales Leticia Pabón y Miguel Colón Ortiz se mostraron confiados en que el Tribunal mantendrá el cargo porque los delitos contra funcionarios en el cumplimiento de sus funciones no prescriben.

'El abogado cita todo el Código excepto el Artículo que no le da la razón y es que los casos contra los funcionarios públicos no prescriben', explicaron los fiscales a su salida de la vista de estado de conferencia en el Tribunal Superior de Bayamón.

Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 2011 cuando se le acusa al exalcalde de agredir sexualmente a la Técnica de Rescate del Departamento de Manejo de Emergencia, tocándole sus senos, glúteos, levantarle la camisa, lamerle e intentar besarla en su oficina de la alcaldía. La mujer rechazó la agresión y O'Neill la amenazó. Luego trasladó a su esposo, quien era policía municipal a otro precinto..

Además de los diez días para contestar la moción, la jueza Durán Guzmán instó a las partes a adelantar el proceso de estipulación de la prueba. Tanto el ministerio público como la defensa tuvieron acceso al listado de los candidatos a jurado.

Esta fue la primera vista de estatus en la sala de la jueza Durán Guzmán luego de la renuncia el principal fiscal especial a cargo del caso, Guillermo Garau, por diferencias con el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) sobre si se apelaba o no la sentencia mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó un cargo que O'Neill enfrentaba por violación al Artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental, en su versión anterior a la actual, la de 1985.

La pasada semana fue asignado al caso a Colón Ortiz quien aseguró el cambio no retrasará los procesos. Tan pronto como este jueves los fiscales especiales tienen prevista una reunión con la defensa del exalcalde.

'Nosotros vinimos aquí preparados a ver el caso. El cambio no afecta para nada… tenemos la lista del jurado. Vemos que el proceso va avanzando', dijo Colón Ortiz a su salida de la vista.

El exalcalde, ataviado con un traje gris y acompañado por sus hijos observaba serio y en silencio la vista judicial. O'Neill tendrá que regresar al Tribunal de Bayamón el próximo 24 de octubre para una nueva vista de estado de conferencia para la cual la jueza Durán Guzmán ordenó que se mantengan disponibles ('on call') para esa fecha.

Pabón y Colón se expresaron confiados en que el juicio contra el exalcalde O'Neill inicie antes de que finalice el año ya que para enero está pautado el segundo juicio.

Aunque la jueza rechace la nueva moción, la defensa de O'Neill podría acudir al Tribunal Apelativo por lo que está en veremos si se dilatan los procesos.

'El problema es que cada vez que hay un señalamiento y se radican mociones diferentes, nosotros tenemos que contestar y eso atrasa un poco el tiempo. Nosotros esperamos que no porque ya tenemos una fecha', sostuvo la FEI Pabón.

O'Neill aún enfrenta otro cargo bajo la nueva Ley de Ética por una conducta similar contra la exagente de la policía Yenetamine Díaz, dos violaciones a la Ley 54 (maltrato y agresión sexual), un cargo por acoso sexual en el empleo, exposición deshonesta y actos lascivos. Los cargos bajo la Ley 54 le representan la posibilidad de hasta 25 años de cárcel.

El juicio de este otro caso está pautado para enero informó la licenciada Pabón. Para que no se retrase este segundo caso, habría que haber culminado el primer juicio, explicaron ambos fiscales.

'No hay ninguna razón por la cual este caso no se termine este año. Y una vez se resuelva el primero estoy seguro que el otro se va a resolver sumamente rápido', aseguró el FEI Colón Ortiz.