El juez superior Anthony Cuevas determinó desestimar el pleito judicial por las escoltas que habían sido asignadas al renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares tras su salida del Palacio de Santa Catalina y su posterior traslado a Estados Unidos.

La movida inició por Orlando Aponte Rosario, quien demandó al comisionado de la Policía, Henry Escalera, por la autorización de dos escoltas a Rosselló Nevares. La demanda confrontaba un escollo evidente tras la determinación de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se no renueve el periodo de 30 días de servicio de escoltas a Rosselló Nevares, el cual autorizo algunos días antes Pedro Pierluisi Urrutía en su breve estadía en La Fortaleza.

'No surge de la ley, un debe ministerial para lo que solicita el demandante', sostiene la resolución de desestimación a la vez que indica que el periodo de escoltas ya culminó.

La petición de Aponte Rosario incluía un mandamus para que el Comisionado de la Policía desista de proveer recursos de la Policía a personas privadas y una sentencia declaratoria para determinar que la elegibilidad al servicio de escoltas solo aplica a exgobernantes que cumplieron la totalidad de su término electivo. Sobe ello, el Juez indicó que 'el resultado que interesa el demandante es un tipo híbrido entre un injuction tradicional y un mandamus, el cual no he logrado encontrar en todo nuestro ordenamiento jurídico'.

En su segundo día al mando del pueblo, el entonces gobernador Pierluisi firmó una orden ejecutiva extendiendo las escoltas a Rosselló por supuestas amenazas en contra de él y su familia. Las dos escoltas fueron autorizadas luego de que Rosselló Nevares dejara el Palacio de Santa Catalina el 2 de agosto tas su salida forzada en medio de las manifestaciones multitudinarias que ocasionó la publicación de un chat en Telegram en el que el ahora renunciante realizaba comentarios misóginos y discutía asuntos de política pública con el cabildero, Elías Sánchez Sifonte.

De hecho, Sanchez Sifonte, junto al publicista Edwin Miranda, también integrante del chat de los 'brothers', protagonizan otro pleito legal por negarse a entregar su celular al Departamento de Justicia local, organismo que realiza una pesquisa sobe el cuestionado chat.

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