La jueza del caso de quiebras de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, denegó una moción radicada por el Gobierno de Puerto Rico que buscaba desestimar la demanda de la Junta de Control Fiscal (JCF) por la Ley 29 de 2019, que eximía a los municipios de pago al Sistema de Retiro.

Mediante la orden la jueza no solo alega que el proceso judicial en este caso se ha retrasado por los cambios gubernamentales en la isla tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, sino que también reitera los poderes del organismo facultado por la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) e indica que bajo el mandato de Rosselló Nevares, de manera 'intencional', pretendían evadir las responsabilidades de cooperar y permitir el trabajo de la Junta.

'El Tribunal concluye que la Junta de Supervisión ha alegado hechos suficientes para respaldar la existencia de una práctica continua de rechazo por parte del Gobernador para cumplir con los requisitos de la Sección 204 de PROMESA', indica. En particular, la obligación de que, para cada ley aprobada, se provea una certificación de los efectos fiscales que tiene y de si es consistente o no con el Plan Fiscal.

Mira: Rosselló dejó caminando la creación de condados

La demanda de la JCF reclama que la Ley 29 es contraria a las disposiciones del Plan Fiscal certificado con relación a las aportaciones que los municipios y corporaciones públicas deben efectuar para el Sistema de Retiro y las aportaciones médicas, obligaciones que se incumplieron continuamente desde que comenzó a operar el sistema Pay Go. Del mismo modo, la JCF pidió se invaliden varias resoluciones conjuntas – algunas que contienen partidas asignadas por la Legislatura desde la década de los 90 – señalando que el gobierno sigue recurriendo a ellas para desviar fondos a otras áreas.

El argumento del gobierno, presentado por el representante legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Peter Friedman, para contrarestar el de la JCF había sido que los municipios y corporaciones públicas ya estaban incumpliendo con sus aportaciones.

No obstante, Swain estableció que la demanda continúa su curso y recordó que el Gobierno de Puerto Rico no puede ejercer control alguno sobre las medidas de la JCF, como indica pretendía la Administración Rosselló Nevares.

De prosperar la demanda de la JCF sobre la referida ley, los municipios se verían obligados a realizar aportaciones al Sistema de Retiro y al plan médico de sus empleados y estos ya han adelanto que eso llevaría al colapso de muchos ayuntamientos.

Al momento, los alcaldes tango del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD) se han refugiado en la actual mandataria Wanda Vázquez Garced, quien se comprometió públicamente a defender los ayuntamientos.

Mira la orden pulsando aquí.