Dos demandas federales ponen al relieve serios señalamientos de presiones indebidas, conspiración y procedimientos altamente irregulares con la intención de sacar del mercado a dos aseguradoras de parte de altos funcionarios de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Constellation Health (CH) e Integrand Assurance Company radicaron demandas por separado en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en las que alegan varios funcionarios de la OCS, incluyendo al comisionado Javier Rivera Ríos, conspiraron para iniciar el proceso de liquidación de ambas aseguradoras, presuntamente de forma intencional y violando el debido proceso de ley.

En la demanda de Integrand señalan al subcomisionado de la OCS, Rafael Cestero Lopategui exigiendo que la aseguradora pagara la reclamación de una empresa de un familiar de su cónyuge a cambio de que no se emitiera una orden administrativa en su contra.

Ambas aseguradoras han estado en procesos de rehabilitación para su liquidación luego que la OCS determinara que ambas adolecen de liquidez para continuar sus operaciones.

Aunque Constellation había ganado una batalla en junio cuando el Tribunal Apelativo paralizó el proceso de liquidación y una orden emitida por la OCS que encaminaba el cierre de la aseguradora, esta se vio forzada a cerrar operaciones unos días despues de que los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS) le quitaran la licencia y contratos para manejar fondos del programa federal Medicare Advantage.

En su demanda, Constellation Health responsabiliza a Rivera Ríos y la oficial rehabilitadora Wilma Rosario Rodríguez de la decisión de CMS, ya que 'ambos cabildearon agresiva y secretamente para que CMS cancelara inmediatamente los contratos de CH'.

De acuerdo con el recurso legal, luego de decisión de Tribunal Apelativo, el Comisionado reinstaló a todos los empleados de la aseguradora, excepto a sus directivos, y en su lugar envió una carta a CMS notificando que no le estaría renovando la certificación a CH mientras que Rosario sometió una declaración jurada a la entidad federal informando que la aseguradora estaba poniendo en riesgo la salud y seguridad de los beneficiarios del plan de salud.

Estas comunicaciones, según los demandantes Iván Colón Perez, Graciella Estarellas Sabater y Marisol Piquer Merino, son las que llevan a CMS a suspender fulminantemente la licencia para operar en Puerto Rico. Alegan que la OCS nunca les notificó que no renovaría la certificación, ni las razones para tomar la decisión. Tampoco se celebró una vista administrativa como requiere la ley.

Los demandantes piden al Tribunal federal que emita una sentencia declaratoria decretando que las acciones y omisiones de ambos funcionarios privaron a los demandantes de sus derechos constitucionales protegidos por el gobierno federal y las leyes locales; que ordene se restaure la certificación para operar y a los directivos en sus posiciones. Pide además una indemnización de $5 millones por las perdidas económicas tras el cierre.

En el caso de Integrand, además del comisionado Rivera Ríos, figuran como codemandados el subcomisionado Cestero Lopategui; Alexander Adams, subcomisionado de la División Legal de OCS y Juan Moldes Rodríguez, oficial rehabilitador de Integrand.

Víctor J. Salgado Micheo y Ana Salgado Micheo, presidente y vicepresidenta de Víctor J. Salgado and Associates, Inc., empresa propietaria de Integrand Assurance Company, imputan a los demandados de participar en una conspiración para privarlos de sus derechos constitucionales, tomar represalias por ejercer el derecho a la libre expresión, discrimen político, violación a la igual protección de las leyes y al debido proceso de ley, así como la violación a la reglamentación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros y al Código Anticorrupción de Puerto Rico.

Todos están demandados en su capacidad individual en la que la aseguradora reclama la restitución de $30 millones en daños.

Las fuertes imputaciones ubican el pasado 8 de febrero a Cestero Lopategui exigiendo al abogado externo de Integrand el pago de $80,000 por concepto de una reclamación previamente denegada a la compañía Caribbean Franchise (Subway) como condición para no emitir una orden administrativa en contra de Integrand. El dueño de esta empresa es Jose Vázquez Barquet, tío de la esposa del funcionario, Anamalie Manzanal Vázquez.

Pero el alegado patrón de represalias de Rivera Ríos y Cestero Lopategui, según la demanda, inició mucho antes cuando a principios de 2017 el Comisionado y Subcomisionado imputaron al Presidente de Integrand oponerse a la confirmación de estos en una reunión con el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

El recurso legal plantea que las represalias se incrementaron luego del huracán María cuando la aseguradora se quejó a la OCS por un supuesto patrón de tasaciones infladas sometidas a Integrand por Scott Favre LLC.

Sostienen, el Comisionado entró en conflicto de intereses al tener que evaluar las actuaciones de la misma firma que como presidente de la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado había contratado para que representara a esa y otras cuarenta agencias del gobierno en sus reclamaciones tras el huracán.

Integrand radicó una querella formal contra Scott Favre. LLC. por estimados de daños y declaraciones de perdida mucho más altas a las estimadas por la aseguradora, pero esta no prosperó.

'Como resultado de las protestas de Integrand, el coacusado en conflicto Rivera-Ríos y sus coconspiradores civiles tomaron represalias contra Integrand en violación de sus derechos civiles', lee la demanda.

En marzo la OCS colocó bajo vigilancia a Integrand hasta junio pasado cuando el Tribunal aprobó la intervención que le permitiera 'rehabilitar' las operaciones de la aseguradora. En esos días, la agencia acreditadora A. M. Best había degradado la clasificación crediticia de Integrand debido a los problemas de liquidez.

Rivera Ríos indicó que los oficiales demandados por Integrand están siendo representados por abogados del Departamento de Justicia. Mediante declaraciones escritas, el Comisionado de Seguros rechazó emitir comentarios adicionales.

'Los abogados solicitaron una prórroga para contestar. La misma se presentará en o antes del 3 de septiembre, fecha que vence el termino concedido por el tribunal. En ese momento la contestación se hace pública', dijo a NotiCel. Al cierre de esta edición, los funcionarios no habían sido emplazados sobre la demanda de Constellation, añadió.

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