En medio de las manifestaciones multitudinarias en contra de Ricardo Rosselló Nevares y a solo horas de que se convirtiera en el primer gobernador electo forzado a dimitir, su administración intervino en el caso ante Tribunal Supremo de EE.UU. respaldando la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF).

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) radicó el 25 de julio, apenas unas horas despues que Rosselló Nevares anunciara que renunciaba como gobernador, el escrito a nombre del Gobierno de Puerto Rico en el caso en que el Supremo federal revisa la controversia sobre los nombramientos del organismo instaurado por la Ley PROMESA.

De acuerdo con el documento, Puerto Rico -por ser un territorio- está sujeto a ser administrado bajo cualquier estructura que el Gobierno Federal determine establecer.

El Gobierno parte de la premisa de que los miembros de la JCF no pueden ser considerados como parte del Gobierno Federal porque esa fue la instrucción expresa del Congreso al aprobar PROMESA, al disponer que el ente sería considerado una territorial.

'El Congreso solo otorgó a los miembros de la Junta de Supervisión poderes territoriales y estructuró la Junta para operar como una instrumentalidad territorial, por lo que la cláusula constitucional de nombramientos no aplica a los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta no son oficiales de los Estados Unidos; ellos son oficiales de Puerto Rico, impuestos unilateralmente por el Congreso por virtud de la Cláusula Territorial', lee el documento legal que recoge la posición del Gobierno.

El alegato sometido por AAFAF al Supremo Federal considera a la JCF como una especie de agencia independiente dentro del Gobierno de Puerto Rico y no sujeta al control federal.

'La Junta, por lo tanto, funciona independientemente del Gobierno federal. La Junta no es parte de ninguna agencia del gobierno de los EE. UU. La Junta no juega un papel en las relaciones entre Puerto Rico y el gobierno federal, ya sea en el lado federal o el lado de Puerto Rico. Los miembros de la junta no reciben remuneración del gobierno federal', dice el documento legal.

El escrito legal recoge además que el Gobierno de Puerto Rico se alinea con la teoría del Gobierno de los Estados Unidos de que si se entiende que los miembros de la JCF fueron nombrados violando la Constitución de Estados Unidos porque son posiciones creadas por una Ley federal con un poder significativo, de igual forma esta lógica aplicaría a otros oficiales como el Gobernador que tambien son posiciones creadas por una Ley federal.

Esta fue la posición asumida por el Procurador General de los EE. UU. que acudió al Tribunal Supremo federal defendiendo la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la JCF porque, si se declaran inconstitucionales serían igualmente inconstitucionales todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico y todos los nombramientos que esos gobernadores han hecho.

Es por ello que el Gobierno sostiene que de prevalecer la determinación del Circuito de Apelaciones 'socavaría la legitimidad del marco gubernamental de Puerto Rico y otros territorios así como el Distrito de Columbia'.

El pasado 15 de febrero, el Tribunal del Primer Circuito de Boston declaró inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la Junta por considerarlos funcionarios federales de alto nivel que debieron ser nombrados por el presidente estadounidense y ser confirmados por el Senado de los EE. UU.

Sin embargo, el tribunal apelativo federal mantuvo la validez de la Ley PROMESA tras rechazar declarar ilegal todos los actos que la Junta ha realizado hasta ahora en el proceso de quiebras, como le pidieron los demandantes Aurelius Investment, LLC., un fondo buitre, y el sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER).

El Tribunal Supremo federal señaló para el 15 de octubre la vista oral en la que examinará los retos a la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de JCF.

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